(Foto: Twitter de Feliciano Valencia @FelicianoValen)
(Foto: Twitter de Feliciano Valencia @FelicianoValen)
Washington D.C.—El 29 de octubre, el senador Feliciano Valencia, un Indígena Nasa defensor de los derechos de la tierra, sufrió un atentado contra su vida en Tacueyó, departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Valencia, un líder de la acción colectiva de protesta pacífica indígena conocida como minga, se presentó como candidato a senador tras su liberación de la cárcel en 2017, después de que fuera objeto de una acusación legal inventada con la intención de silenciar los esfuerzos de defensa de los derechos a la tierra de las comunidades indígenas.
El senador Valencia estaba en camino a una conmemoración por la masacre de 2019 de la gobernadora indígena Cristina Bautista y otros cuatro miembros de la comunidad cuando unos hombres armados en una camioneta dispararon contra los vehículos que transportaban a Valencia y su equipo de seguridad. Por suerte, el senador Valencia no resultó herido. Este ataque ocurrió sólo días después de que unos 9.000 indígenas, afrocolombianos y campesinos organizaran la minga, destinada a llamar la atención sobre las demandas de la comunidad en torno a la paz y la democracia. El 14 de octubre, la minga se convocó en Cali. Cuando el presidente Duque rechazó una invitación al diálogo, la minga procedió a caminar hasta Bogotá, exigiendo que el gobierno implemente el acuerdo de paz de 2016, garantice la vida de los líderes sociales y proteja efectivamente a las comunidades rurales.
La negativa del gobierno de Duque a avanzar en aspectos clave del acuerdo de paz, diseñado para desmantelar los grupos armados ilegales y proteger los derechos de los líderes sociales y de las minorías étnicas, está generando una crisis para las comunidades indígenas y otras comunidades que experimentan tasas de violencia sin precedentes. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó en septiembre que en 2020, sólo en el departamento del Cauca, 47 personas indígenas han sido asesinadas. La organización colombiana INDEPAZ informó en octubre que el país ha experimentado 68 masacres en lo que va de año, de las cuales nueve han tenido lugar en el Cauca.
“Si esto puede sucederle a alguien que es senador y Duque responde con un tímido pronunciamiento, entonces las personas indígenas comunes no pueden esperar que el gobierno impida que nos maten”, señaló una líderesa indígena a WOLA. “La militarización no abordará la crisis de seguridad a la que se enfrentan los indígenas, sólo poniendo en marcha el acuerdo de paz y el Capítulo Étnico lo hará”, añadió.
En lugar de implementar el Capítulo Étnico y otras disposiciones favorables a la protección de los derechos de las comunidades indígenas, el gobierno de Duque está fingiendo la implementación de la paz al priorizar políticas y programas que van en contra del espíritu del acuerdo. Un informe reciente del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) encontró que la implementación del Capítulo Étnico no sólo carece de apoyo, sino que las autoridades han tomado medidas que van en contra de su intención.
El gobierno de Duque debe transmitir un mensaje contundente de que esta violencia no puede ocurrir sin consecuencias. Las autoridades deben llevar a cabo una investigación rápida e imparcial para identificar y condenar a los que perpetraron y a los que ordenaron el ataque. La comunidad internacional debe intensificar la presión hacia el gobierno colombiano para que implemente rápida y plenamente el acuerdo de paz de 2016, incluyendo el Capítulo Étnico.