Por Ximena Suárez Enriquez, Coordinadora en WOLA, José Knippen, Investigadora en Fundar, y Maureen Meyer, Coordinadora Principal en WOLA
Este informe es un trabajo conjunto de WOLA, Fundar: Centro de Análisis e Investigación y la Casa del Migrante “Frontera con Justicia”, A.C. en Saltillo, Coahuila.
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El 3 de septiembre de 2016, en un evento público con el candidato presidencial republicano de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña Nieto dijo que es de vital importancia para su gobierno y para la relación con los Estados Unidos hacer la frontera de México con Centroamérica “más segura”[1]. Este discurso no es nuevo. En julio de 2014 México anunció el controversial “Programa Frontera Sur” y, desde entonces, ha implementado una política que da prioridad a “asegurar” la frontera sur del país de migrantes a través de medidas de control y un aumento significativo de detenciones y deportaciones, ignorando las preocupaciones sobre los derechos humanos de los migrantes y potenciales refugiados que viajan a través de México, en particular desde Honduras, El Salvador y Guatemala.
Una nueva evaluación de la situación revela que los operativos de control migratorio siguen incrementando, pero las autoridades mexicanas no han mejorado sustancialmente su capacidad para identificar las necesidades de protección de migrantes ni para investigar en forma seria los delitos en contra de migrantes en tránsito en el país. De acuerdo con información oficial, documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, fuentes periodísticas e información de albergues que asisten a migrantes, el año 2016 se encamina a ser el año con el número más alto de detenciones, deportaciones y solicitudes de asilo en México.
El informe Un Camino Incierto: Justicia para Los Crímenes y Violaciones de Derechos Humanos Contra Migrantes y Refugiados en México, publicado en noviembre de 2015 por WOLA, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, la Casa del Migrante “Frontera con Justicia”, A.C. en Saltillo, Coahuila, y otros seis alberges de migrantes,así como organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes en cinco regiones del país, concluye que los operativos de control migratorio del “Programa Frontera Sur” han aumentado los delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito en México[2]. Con demasiada frecuencia, las autoridades mexicanas no investigan y sancionan estos casos. En muchos otros, ellas mismas están involucradas en la comisión de delitos y otras violaciones.
Cambios en el papel, la misma realidad
Recientemente, las autoridades mexicanas han adoptado alguna medidas para asegurar justicia en casos de delitos contra migrantes, incluyendo la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (la “Unidad”) y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (el “Mecanismo”). El Mecanismo permite que las víctimas de delitos que no están en México puedan acceder al sistema de justicia mexicano, lo cual es especialmente importante para las familias de migrantes que han desaparecido o han sido secuestrados en México[3]. Así mismo, la Constitución mexicana fue modificada recientemente para incorporar el derecho a buscar y recibir asilo[4].
En papel, estas medidas mejoran la protección y el respeto de los derechos de los migrantes. En la práctica, las autoridades han sido reticentes para poner dichas medidas en marcha y han omitido incluir a la sociedad civil en importantes debates para su correcto funcionamiento.
México sigue priorizando el control migratorio: las detenciones y deportaciones se mantienen en niveles altos
Desde el lanzamiento del Programa Frontera Sur, México ha logrado evitar que un número significativo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, lleguen a los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas reportan que entre 2014 y julio del año 2016 han detenido a 425,058 migrantes.[5] Este alto número de detenciones implica que el número real de personas que abandonan sus países de origen es mucho más alto, sobre todo si se toman en cuenta las detenciones de centroamericanos en los Estados Unidos y el número de ciudadanos de los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que también viajan a otros países de América Central buscando protección.
El aumento de operativos migratorios y los riesgos del viaje a través de México no disuaden a los migrantes centroamericanos. Muchos de ellos están huyendo de la violencia, las amenazas y el crimen en sus propios países. La región del Triángulo Norte de América Central es una de las más violentas del mundo. En el 2015 la tasa de homicidios nacional de El Salvador alcanzó aproximadamente 103 homicidios por cada 100.000 personas, convirtiéndolo en la capital mundial del homicidio[6]. Honduras, con una tasa de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Guatemala, con una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 personas, también figuran entre los cinco países más violentos del hemisferio[7].
Confrontados con operativos de seguridad en la frontera sur de México, los migrantes y sus contrabandistas optan por nuevas rutas y medios de transporte peligrosos, ya sea a pie, apilados en camiones o en embarcaciones.
Por lo tanto, a pesar del aumento de las operaciones de control migratorio, 2016 podría ser el año con el mayor número de detenciones, deportaciones, y solicitudes de asilo en México.
La situación en la realidad
México ha sido capaz de contener los flujos migratorios en su frontera sur sólo mediante el aumento de operativos de control migratorio, incluyendo el aumento de patrullajes a lo largo de la ruta del tren y zonas donde viajan los migrantes, polémicas redadas en lugares remotos, y el incremento de puestos de revisión móviles y fijos, lo que ha resultado en un incremento abrupto en la detención de migrantes.
Al mismo tiempo, México no ha incrementado su capacidad para detectar aquellos casos en que los migrantes podrían acceder a protección, resultando en la deportación de muchas personas a situaciones peligrosas de las cuales huyeron. La falta de transparencia en los procedimientos, la desinformación de funcionarios, la burocracia, y los períodos prolongados para resolver casos, han dejado a muchos migrantes en centros de detención durante meses y ha llevado a otros a desistir de sus peticiones por desesperación. En promedio, el 30 por ciento de los migrantes que han solicitado protección entre 2014 y abril el año 2016 en México, han abandonado sus casos o no los han concluido[8].
Aumento de control migratorio
Los operativos y redadas para detener a migrantes y presentarlos a las autoridades de migración han aumentado en todo el país desde 2014, incluyendo en las vías del tren conocido como “La Bestia”, utilizado por los migrantes como medio de transporte para llegar a los Estados Unidos[9].
Las autoridades también han implementado otras medidas para evitar que los migrantes lleguen a los Estados Unidos; por ejemplo, el gobierno de México recientemente revocó el permiso de la empresa privada que opera el tren de carga “La Bestia”, bajo el argumento de que se necesitan implementar nuevas y mejores medidas de seguridad en su trayecto, incluyendo drones y equipos de vigilancia, bardas y otros mecanismos sofisticados de seguridad que impedirían a migrantes abordar el tren[10].
Poca capacidad para detectar migrantes que requieren protección
México ha modificado su Constitución recientemente para reconocer el derecho humano a buscar y recibir asilo. Esta reforma debería cambiar las condiciones y procedimientos para buscar asilo y otras formas de protección en México. Hasta la fecha, sin embargo, quedan muchos obstáculos.
El apoyo por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el trabajo de los refugios y otras organizaciones que acompañan a potenciales refugiados en sus solicitudes de protección, ha sido un desarrollo positivo. Sin embargo, las solicitudes de asilo siguen aumentando y la capacidad de las autoridades mexicanas para evaluar adecuadamente los casos y procesarlos no ha mejorado significativamente.
El número de personas reconocidas como refugiados en México es sorprendentemente bajo comparado con el número total de detenciones. Las autoridades mexicanas han detenido a 425,058 migrantes entre 2014 y julio de 2016. En el mismo período, la Comisión de México de Ayuda a Refugiados (COMAR), a cargo de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de asilo, únicamente ha resuelto 6,933 solicitudes de asilo. De estos, COMAR ha otorgado asilo en tan sólo 2,982 casos[11].
Es fundamental garantizar que las instituciones y los funcionarios tengan la capacidad para detectar a los migrantes que requieren protección. El compromiso de México para garantizar dicha capacidad se pone en duda: el presupuesto de la COMAR para procesar las solicitudes de asilo no ha aumentado lo suficiente, sobre todo comparado con el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de operaciones de control migratorio:
En otras palabras, México ha priorizado el control migratorio como medio para contener flujos de migrantes en el país, y no la evaluación adecuada de casos susceptibles de protección[12].
Además de los casos de asilo, los migrantes que han sido víctimas de un delito en México, los menores no acompañados, y algunos otros pueden ser elegibles para recibir una visa humanitaria, la cual les otorga residencia temporal en el país[13]. Las solicitudes de estas visas y el número otorgado también están aumentando.
El Programa Frontera Sur de México ha aumentado las violaciones de derechos humanos y delitos contra migrantes en el contexto de operativos de control migratorio. Los refugios de migrantes siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y otros abusos en todo el país; muchos de ellos a manos de funcionarios corruptos.
Tal como se mencionó anteriormente, el 18 de diciembre del 2015 la PGR creo una Unidad a cargo de investigar y procesar delitos federales relacionados con migrantes, ya sea como víctimas o como acusados. También creó un Mecanismo de Apoyo Exterior como instancia de coordinación que permite a los migrantes y las familias de los migrantes en otros países, principalmente en los Estados Unidos y Centroamérica, acercarse al sistema de justicia mexicano desde el extranjero a través de las embajadas y consulados de México para dar seguimiento a las investigaciones sobre delitos sin tener que viajar al país[14].
La creación de la Unidad y el Mecanismo es un buen avance. Sin embargo, las autoridades no han garantizado que dichas instituciones funcionen correctamente y cumplan su objetivo de investigar delitos contra los migrantes. La Unidad y el Mecanismo enfrentan dos deficiencias fundamentales.
La Procuradora General de México designó a la titular de la Unidad de Migrantes con casi tres meses de retraso. Aunque la Unidad ya está funcionando, carece de personal y recursos para investigar los 129 casos de migrantes que ha recibido a la fecha.
Al mes de septiembre del 2016, la Unidad sólo cuenta con cinco Agentes del Ministerio Público y dos policías de investigación. Esto significa que, en promedio, cada Agente está a cargo de la investigación de 25 casos y cada policía de investigación de 64 casos[15].
Hasta el momento, el borrador de los lineamientos que definirán aspectos operativos relevantes de la Unidad y el Mecanismo no incluye los comentarios de las víctimas para garantizar investigaciones serias. En particular, los lineamientos no resuelven las preocupaciones de los migrantes y sus familias de asegurar que efectivamente puedan acceder al sistema de justicia mexicano para la investigación de delitos de los que hayan sido víctimas en México.
La mayoría de los 129 casos que se investigan dentro de la Unidad son por privación ilegal de la libertad. Sin embargo, no están claros los criterios para clasificar los delitos y tampoco queda claro por qué la unidad no está investigando, por ejemplo, casos de migrantes desaparecidos.
La falta de recursos y el poco interés de las autoridades en la emisión de lineamientos para su funcionamiento, han impedido que la Unidad se enfoque completamente en la investigación de los delitos contra los migrantes, por lo que es demasiado pronto para hacer una evaluación definitiva sobre su desempeño. Sin embargo, la falta de recursos y la falta de resultados en las investigaciones podrían poner en duda la seriedad del trabajo de la Unidad en el futuro.
El trabajo de las casas de migrantes en México es de suma importancia para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Estos refugios representan la primer línea de defensa de migrantes vulnerables. Proporcionan alimentos, refugio temporal, ropa y atención médica. También documentan delitos y violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes. En muchos casos, el personal de albergues para migrantes en México ha sido hostigado y amenazado como resultado de su trabajo.
En una reciente visita al albergue la Casa del Migrante de Saltillo “Frontera con Justicia”, en el estado de Coahuila, documentamos algunas medidas que las autoridades han tomado para investigar delitos contra los migrantes. A pesar de ellas, aún quedan muchos retos, los cuales incluyen:
Al comparar el número de delitos documentados por el albergue para migrantes en Saltillo y los casos que las autoridades de Coahuila en realidad están investigando, está claro que un número importante de delitos contra los migrantes en Coahuila no se investigan, ni se castigan.
Notas
