Agradecemos la oportunidad de presentar nuestras preocupaciones acerca del caso de las violaciones en contra de las comunidades Afrocolombianas del Norte del Cauca. El Presidente Juan Manuel Santos ha denominado la minería como una de las locomotoras de la economía colombiana. Actualmente, el 40 por ciento del territorio colombiano ha sido licenciado o solicitado para la minería. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia profundizará las inversiones multinacionales y de los Estados Unidos en el sector minero de Colombia. Cabe destacar que, el conflicto por la tierra en territorios Afrocolombianos causado por el oro es una preocupación de políticos estadounidenses.
Los/as Afrocolombianos/as han vivido en los territorios del Norte del Cauca desde que fueron esclavizados en las minas a principios de los años 1600. Desde ese momento han sostenido a sus familias con la minería artesanal y la agricultura. En 2000 el gobierno colombiano aceleró la otorgación de concesiones mineras a inversionistas nacionales e internacionales sin el consentimiento de los y las residentes de la zona. En ese mismo periodo, paramilitares llegaron a la zona y comenzaron a cometer abusos serios, incluyendo la masacre de cuatro personas de La Ventura en junio de 2000. Desde ese momento, las comunidades han sido víctimas de masacres, desplazamientos, y amenazas de muerte por parte de los paramilitares y la guerrilla. En abril de 2001, los paramilitares masacraron y desaparecieron cientos de civiles y desplazaron a 6.000 familias en la región del Naya. Esta incursión paramilitar en los territorios Afrocolombianos e indígenas del sur del país llevo a una reorganización violenta de las actividades económicas en toda la región.
Entre 2001 y 2005, mientras que los paramilitares desplazaron a las comunidades Afrocolombianas, multinacionales adquirieron tierra por medio de varias formas incluyendo el fraude, la coerción y la violencia. En 2004 y 2005, los paramilitares operando en la zona participaron en un proceso fallada de desmovilización con el gobierno. El proceso de desmovilización y reintegración no acabo con la violencia. Muchos salieron del grupo paramilitar de las AUC y formaron nuevos grupos con un modus operandi y agenda similar como las Águilas Negras y los Rastrojos. La gente de la zona repetidamente han informada que estos “nuevos” grupos, denominados como BACRIM por el gobierno, básicamente funcionan en la misma forma que los paramilitares y usan las mismas tácticas. En muchos casos, son las mismas personas que se desmovilizaron en 2004 y 2005. Compañías interesadas en explotar los recursos naturales del Norte del Cauca se aprovecharon del conflicto y la inseguridad para expandir sus operaciones. En 2009 ya habían 35 concesiones mineras en los municipios de Suarez y Buenos Aires en Cauca.
En octubre de 2009, la comunidad Afrocolombiana de La Toma en Suarez, Cauca, recibió la primera de muchas órdenes de despojo del gobierno. A pesar de los esfuerzos de la comunidad para obtener reconocimiento oficial de sus derechos a la tierra, el gobierno no ha demostrado la voluntad de reconocer los derechos legales de la comunidad. Sin embargo, otorgaron concesiones sin problema a un foráneo nombrado Héctor Saria en 2000. El Sr. Saria dice que las autoridades le otorgaron el titulo porque no había una comunidad Afrocolombiana registrada en la zona.
Después de una larga batalla legal, el Consejo Comunitario de La Toma llevo su caso ante la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional ordenó a favor de los derechos del Consejo Comunitario de La Toma en la Sentencia 1045-A en diciembre de 2010. La sentencia dice que (A) la consulta previa se tiene que llevar a cabo antes de la implementación de cualquier proyecto económico en La Toma y que (B) toda actividad minera en la región es ilegal si no se lleva a cabo por miembros de la comunidad de acuerdo con sus métodos tradicionales y artesanales. Sin embargo, entre mayo y julio de 2011, más de ocho retroexcavadoras seguían operando ilegalmente en la comunidad. Las compañías siguen operando ilegalmente en la comunidad, frecuentemente con la complicidad de la Fuerza Pública y las autoridades locales.
Los paramilitares empezaron a sistemáticamente amenazar a los líderes del Consejo Comunitario de La Toma por defender sus derechos a la tierra en diciembre de 2009.[1] Estos líderes han recibidos por lo menos 14 amenazas de muerte firmadas por las Águilas Negras en los últimos tres años. Muchas de las amenazas de muerte declaran que estos líderes son considerados como objetivos militares porque ellos se oponen a las políticas del gobierno y los megaproyectos. Recibieron las últimas amenazas el 6 de enero de 2012. Estos líderes no están opuestos al desarrollo económico, pero si se oponen a la violación a sus derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. La falta de voluntad política del gobierno para respetar los derechos constitucionales de los Afrocolombianos y la intimidación violenta por grupos paramilitares ha hecho imposible que las comunidades pueden determinar el futuro de su territorio.
El TLC entre los Estados Unidos y Colombia no fue consultado con las comunidades Afrocolombianas como indica la ley. La imposición ilegal de la minería a gran escala en estas comunidades es común en otras partes del país. Mientras que muchas medidas legislativas defienden los derechos e integridad cultural de las comunidades negras, el gobierno ha exhibido la voluntad política necesaria para implementar estas medidas.[2] Esto fue claramente evidenciada cuando el gobierno de Santos excluyó a los/as Afrocolombianos/as en la construcción en la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. La violación de los derechos constitucionales de los/as Afrocolombianos/as va a profundizarse con la implementación del TLC entre los Estados Unidos y Colombia si el Congreso EEUU no toma acción.
Hoy pedimos que por favor tomen acción para proteger los derechos de los/as Afrocolombianos/as por medio de:
· Garantizar que el Grupo de Monitoreo del Congreso sobre los Derechos Laborales monitoree e investigue los casos problemáticos que involucren actividades mineras en territorios Afrocolombianos e indígenas, incluyendo el caso del Norte del Cauca
· Urgir que el gobierno colombiano efectivamente implemente la Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional; proteja los lideres y comunidades en riesgo; e investiga las masacres, amenazas y abusos en el Norte del Cauca.
· Recomendar que el Ministerio del Interior e INGEOMINAS garanticen los derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Los títulos y concesiones mineras para compañías e inversionistas deben ser suspendidas y no deben ser otorgadas nuevas donde haya conflicto armado.
· Sugerir que Colombia tome pazos determinados para desmantelar los grupos armados ilegales operando en el Norte del Cauca.
· Apoderar la sostenibilidad de las organizaciones de mujeres Afrocolombianas.
Atentamente,
Clemencia Carabali
ASOM
Francia Marquez
Consejo Comunitario de La Toma
Gimena Sanchez y Anthony Dest
Washington Office on Latin America
Charo Mina Rojas
Proceso de Comunidades Negras
Contacte Gimena Sánchez (gsanchez@wola.org) para más información.
[1]Desde el 2010, la situación de seguridad para los miembros de la comunidad ha empeorado. El 7 de abril de 2010, ocho mineros Afrodescendientes fueron masacrados por paramilitares en Alto Ovejas, una zona del Consejo Comunitario de La Toma. El 22 de junio de 2010, Alex González, quien fue mencionado en varias amenazas de muerte, y Hidelbrando Rokas fueron asesinatos de forma selectiva.
[2]Ver las Ordenes 004, 005, y 092 de 2009 de la Corte Constitucional.