Abajo está la declaración de organizaciones de la sociedad civil de toda la región que trabajan en temas de prevención de la violencia y seguridad ciudad en Centroamérica. El documento detalla las prioridades mas importantes y propone recomendaciones que las organizaciones consideran son componentes necesarios para un plan integral para enfrentar el crimen y la violencia en la región. Las recomendaciones son el resultado de un foro de la sociedad civil sobre seguridad ciudadana que duró un día y logró llegar a un acuerdo amplio.
Declaración de organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional ante los gobiernos de Centroamérica, el SICA y la Cooperación Internacional
Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional relacionadas con los temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, reunidos en Guatemala el 20 y 21 de junio, con el auspicio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de DIAKONIA (Suecia) y de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y, ante la oportunidad que brinda la próxima reunión del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) para abordar el tema de Seguridad Ciudadana en Centroamérica, reconocemos que:
Junto con la pobreza e inequidad, el crimen y la violencia están entre los principales problemas que afronta la sociedad centroamericana. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Latinoamérica es la segunda región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios dos veces más alta que el promedio mundial y comparable con las tasas de regiones en África devastadas por las guerras. La violencia es la principal causa de muerte entre Latinoamericanos de 15 a 44 años de edad.
Por su parte, Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, se ha convertido en la región del mundo con mayores niveles de violencia ordinaria. Según datos del informe sobre Desarrollo Humano para América Central del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a pesar de las diferencias notables entre países, la tasa promedio de homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada cien mil habitantes, tres veces mayor que el promedio mundial.
El incremento de la violencia es notablemente más preocupante en la región conocida como el ‘triángulo norte’ donde las tasas de homicidio llegaron a 58 en Honduras, 52 en El Salvador y 48 en Guatemala ese mismo año. La violencia proviene de diversas fuentes incluyendo el crimen callejero, la violencia intrafamiliar, las pandillas juveniles, el narcotráfico y las bandas del crimen organizado.
El efectivo abordaje de la inseguridad, la prevención de la violencia y la seguridad pública son temas de mayor preocupación en Centroamérica. Los Gobiernos y entidades regionales están desarrollando programas sobre el tema. Por su parte, la cooperación internacional está proporcionando apoyo y asistencia técnica y la sociedad civil – las universidades, las organizaciones comunitarias, las redes de servicio social y las iglesias, entre otras organizaciones – está activamente involucrada en programas de prevención de la violencia e iniciativas contra el crimen. Sin embargo, el rápido incremento de la violencia en todas sus manifestaciones en la región ha dificultado la elaboración de estrategias de largo plazo y la coordinación entre los distintos sectores gubernamentales y no gubernamentales para implementar políticas con el propósito de mejorar la situación de inseguridad y reducir las tasas de criminalidad y de violencia.
Otro obstáculo para el avance de políticas más integrales ha sido el énfasis que han puesto algunos gobiernos de la región en la aplicación de políticas de mano dura que han resultado ser ineficaces y contraproducentes para frenar el problema de la violencia y mejorar los índices de seguridad.
Sabemos que, reconociendo la gravedad de la situación de seguridad ciudadana, varios donantes bilaterales y multilaterales (España, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Japón, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud) están desarrollando y financiando una variedad de programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, Estado de Derecho, aplicación de la ley, pandillas, y prevención de la violencia juvenil, intrafamiliar y violencia contra la mujer. Estos programas y proyectos están encaminados a apoyar tanto iniciativas nacionales y regionales, como programas a nivel local y de la sociedad civil; además, están propiciando la participación de la misma en la toma de decisiones en el esfuerzo del Sistema de la Integración Centroamericana.
Por tanto:
a) Reconocemos a los Gobiernos centroamericanos, a la comunidad donante y al SICA por el desarrollo de esfuerzos para articular una estrategia regional de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de nuestros países, que debería incorporar iniciativas desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional en correspondencia con la necesidad de mejorar los procesos de análisis, planificación y coordinación.
b) La efectividad y sostenibilidad de esta estrategia requiere que los Gobiernos, la cooperación bilateral y multilateral y la sociedad civil desarrollen una visión integral, consensuada, coordinada y de largo plazo para garantizar la seguridad ciudadana y la reducción de la violencia en la región.
c) Esta estrategia requiere además articular la gama de experiencias, servicios y destrezas institucionales ya existentes que hacen énfasis en el fortalecimiento institucional, las reformas policiales, el fortalecimiento del sector judicial, y programas de prevención y rehabilitación. Todo ello desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional.
d) La estrategia debería obligar a revisar el rol funcionalmente asignado a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, tareas que deben ser cumplidas exclusivamente por los cuerpos de policía y sus equipos especializados, a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes.
Proponemos las siguientes líneas para la acción:
A nivel gubernamental.
Que los Estados establezcan reformas fiscales destinadas a fortalecer la inversión pública para la seguridad ciudadana, obtener recursos humanos especializados, materiales y financieros para abordar el problema desde la prevención integral, reducción del daño, rehabilitación y reinserción social.
Las acciones que están siendo desarrolladas mediante este proceso tienen que empezar por reconocer que la reducción de la violencia y la criminalidad y el mejoramiento de la seguridad ciudadana requieren de un enfoque integral que trasciende el problema del narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada.
Los Estados deben declarar la adicción a substancias psicotrópicas como un problema de salud pública, promoviendo, asimismo, programas preventivos y de reducción del daño en centros de salud, escuelas, comunidades y medios de comunicación.
A nivel de la empresa privada
El sector privado debe sumarse a los esfuerzos gubernamentales en la prevención de la violencia y el combate al crimen. Su contribución a través de las políticas fiscales, de la responsabilidad social corporativa y de numerosas iniciativas privadas son fundamentales para fortalecer
la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.
Los medios de comunicación social deben dar un tratamiento menos sensacionalista al tema de la violencia y la criminalidad y deben acompañar la construcción de una cultura de paz que fomente una convivencia armónica y pacífica.
A nivel de la sociedad civil
Los organismos de la sociedad civil, las iglesias, los grupos comunitarios, los investigadores y los activistas que trabajan con jóvenes y la niñez en riesgo, en fortalecer las comunidades, y que brindan asesoría en estrategias para el fortalecimiento institucional, son un sector clave en el esfuerzo por prevenir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Se debe propiciar la participación activa y sistemática de estos grupos, cuyas estrategias han incidido efectivamente en mejorar la situación a nivel comunitario. Además, es fundamental la aplicación de estrategias y alianzas a nivel comunitario, especialmente en zonas de riesgo o zonas críticas para que sean parte activa en la solución del problema.
Cultura de paz
Hay muchos esfuerzos importantes en la prevención social de la violencia en Centroamérica. Pero se requiere colocar estos esfuerzos en el marco más amplio de la construcción de una cultura de paz.
En primer lugar, los Estados deben reforzar el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales relativos a la niñez, la adolescencia y la juventud, en la formulación y aplicación de las políticas públicas integrales, para lo cual deben garantizar una asignación presupuestaria descentralizada que impulse el desarrollo local y permita la articulación de las diversas instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.
Se requiere también trascender los esfuerzos aislados en la prevención de la violencia para dar lugar a una estrategia cultural y educativa de largo plazo que involucre la participación de los Estados y de la sociedad civil y que cuente con una inversión social planificada. Los fundamentos de esta estrategia cultural están en la observación y cumplimiento integral de los derechos humanos, en la incorporación en las políticas públicas de los enfoques de género y construcción de una masculinidad desligada de la violencia, y en el respeto y reconocimiento a las diversidades étnicas y sexuales. Parte esencial de esta estrategia es una reforma educativa que incluya contenidos educativos orientados a la prevención de la violencia desde la familia y la escuela, programas de retención escolar, programas dirigidos a promover la resolución de conflictos, de reinserción social y atención a jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley y programas de generación de empleo.
Fortalecimiento institucional
El fortalecimiento de las instituciones responsables de la aplicación de la ley es fundamental para la provisión de la seguridad ciudadana en Centroamérica. La creación de unidades antinarcóticos o antipandillas especializadas no es sostenible en el marco de una institucionalidad tan precaria como la existente. El enfoque de un fortalecimiento institucional articulado e integral, a nivel nacional y regional, debe empezar por la cadena de operadores de justicia, para garantizar su independencia operativa y financiera y un funcionamiento eficaz, que contribuya a la erradicación de la corrupción y la impunidad, y en algunos casos a la necesidad de depurarlos.
La estrategia de seguridad ciudadana de Centroamérica debe conducir a la profesionalización de la policía, incluyendo la creación y/o el mejoramiento de la carrera policial, los mecanismos de control interno y externo, la orientación transversal de policía comunitaria, el enfoque de género y derechos humanos; la inteligencia policial y la investigación criminal. A su vez es necesario fortalecer la capacidad de los Estados para el control efectivo del tráfico de armas de fuego y sus municiones, acompañado de la promoción de campañas de desarme y destrucción de armas a nivel comunitario, municipal, local y nacional.
La privatización de la seguridad es un tema complejo generado a partir del debilitamiento de los cuerpos policiales. Los Estados deben intentar revertir un proceso que ha permitido que la seguridad privada invada los espacios y funciones de la seguridad pública, facilitando la adopción de acciones que aprovechen la capacidad instalada de las empresas de seguridad privada a través de la coordinación y el control institucional.
El respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales es imprescindible en la seguridad ciudadana. Hay una historia lamentable en la región de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas. Los donantes deben estudiar cuidadosamente las denuncias de abusos asegurándose que su apoyo no termine patrocinando la violación de los derechos fundamentales.
Se requiere crear y fortalecer mecanismos internos y externos de control de los centros penitenciarios. Es necesario rescatar el enfoque de reeducación y reinserción revisando la situación social de los privados de libertad. Los centros de máxima seguridad para criminales altamente peligrosos, deben implementar el enfoque de justicia penal restaurativa, que les prepare para una reinserción social más efectiva y eficiente.
Monitoreo y evaluación
El desarrollo de una estrategia centroamericana para la seguridad ciudadana que ha empezado requiere un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación que garantice la participación efectiva de la sociedad civil con experiencia en el tema de prevención de violencia y seguridad ciudadana tanto en referencia a la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana como la Comisión de Prevención de Violencia Juvenil del SICA.
A su vez, cualquier mecanismo de seguimiento resultante de la Conferencia Internacional debe incluir un mecanismo independiente de consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil centroamericana con experiencia en temas de prevención de la violencia y seguridad ciudadana.
Por tanto, demandamos condicionar la cooperación a:
a) Una estrategia de comunicación abierta desde los Gobiernos y la región sobre el tema de seguridad ciudadana en donde la participación de los diferentes sectores sea tomada en cuenta, especialmente la de los jóvenes y las comunidades más afectadas.
b) Que se hagan planteamientos integrales que incluyan la prevención, reducción del daño, rehabilitación social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, evitando la militarización como alternativa para la disuasión y fortalecimiento la institucionalidad e inteligencia policial en lo local, nacional y regional. Dada la importancia de la prevención social en la construcción de una cultura de paz, demandamos que la tercera parte de los recursos asignados de la Estrategia estén orientados a la prevención social, reducción del daño, rehabilitación y reinserción.
c) Una reforma fiscal que permita generar ingresos para abordar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva integral.
d) La conformación de equipos especializados en un abordaje científico del fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones, lo que implica inversión en recursos humanos capacitados y que se tome en cuenta las experiencias existentes en las organizaciones de la sociedad civil.
e) Fortalecer la institucionalidad haciendo la depuración necesaria de las personas que en los diferentes estamentos del Estado se han plegado a la corrupción.
f) &n
bsp; Que el consumo de drogas sea tomando en cuenta desde una perspectiva de salud pública, enfocando la importancia en la prevención y en la reducción del daño como estrategia y no solo enfocarlo desde la cero toleranciay considerando alternativas de despenalización.
g) Que el crimen organizado (narcoactividad, tráfico de armas, de personas y otros) sea abordado tomando en cuenta la realidad geopolítica y Centroamericana impulsando un modelo adecuado a la región.
Ciudad de Guatemala, 21 de junio de 2011
Internacional: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); DIAKONIA (Suecia); Plataforma Holandesa. Regional: Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ). Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Asociación Manos que te Apoyan (AMA); Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU-FUNDAJU); Religiosos Terciarios Capuchinos; Asociación para la Prevención del Delito (APREDE); Grupo Ceiba; Fundación Demos; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Fundación Myrna Mack (FMM); Alianza Joven; Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP); Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES); INTERPEACE. El Salvador: Centro de Formación y Capacitación para los Procesos de Atención a Situaciones de Sufrimiento Social (CFC PASSOS); Equipo Nahual; Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IUDOP-UCA); Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO); Fe y Alegría El Salvador; Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE); Servicio Social Pasionista (SSPAS); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA); Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER; Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local (SACDEL); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Fundación Quetzalcoatl. Honduras: Casa Alianza; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (JHA-JA); Centro para la Inclusión Social y la Democracia Participativa; Proyecto Paz y Justicia. Nicaragua: Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV); Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).Costa Rica: Fundación Arias para la Paz.
