WOLA aplaude el pronunciamiento de ayer emitido por los principales miembros del Grupo de Monitoreo del Congreso de EE.UU. sobre Derechos Laborales en Colombia. La declaración reitera firmemente su compromiso de garantizar la ejecución del Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia. El Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia es fundamental para garantizar que la protección de los derechos laborales continúe avanzando en Colombia. Mientras que los EE.UU. y Colombia han tomado medidas para poner en práctica el plan, graves violaciones de los derechos laborales continúan. Los sindicalistas siguen siendo asesinados, amenazados de muerte, y son víctimas de falsas acusaciones legales. Los trabajadores de los puertos, el azúcar, el petróleo, la minería y el sector de flores siguen enfrentando obstáculos y represalias cuando ejercen sus derechos y muchos trabajadores se quedan sin contratos directos. Por estas razones, WOLA apoya firmemente la CMG en su compromiso de largo plazo de asegurar el progreso bajo el LAP. Estamos muy animados por su afirmación que sus “esfuerzos no cesarán hasta que los trabajadores de Colombia puedan utilizar las herramientas bajo el LAP para ejercer plenamente sus derechos laborales.”
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Congreso de los Estados Unidos
Cámara de Representantes
Washington, D.C.
11 de septiembre de 2012
Washington, D.C.—Representantes estadounidenses George Miller, Rosa L. DeLauro, Keith Ellison, Sam Farr, Hank Johnson, Sander Levin, James P. McGovern y Michael H. Michaud, que son miembros del Grupo de Monitoreo de Asuntos Laborales en Colombia, emitieron un comunicado sobre su compromiso a defender los derechos laborales en Colombia.
Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia establecieron el Plan de Acción Laboral (LAP, por sus siglas en inglés) el 7 de abril de 2011 en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU. El plan resume las medidas específicas que tomará Colombia para abordar cuestiones laborales graves y urgentes, incluyendo violencia contra miembros de sindicatos colombianos, impunidad de dichos casos e insuficiente protección de los derechos de los trabajadores en Colombia. Miembros del Grupo de Monitoreo de Asuntos Laborales(CMG) en Colombia están comprometidos al seguimiento de las implementaciones del LAP.
“Valoramos el Plan de Acción Laboral y lo consideramos una oportunidad histórica para abordar a los problemas de derechos laborales en Colombia. Se necesita esfuerzo continuo, recursos financieros, asistencia técnica y compromiso político en los años siguientes para poder lograr estos cambios.”
“El CMG señala que durante los 15 meses desde el anuncio del LAP, el gobierno de Colombia ha tomado varias medidas importantes. Por ejemplo, el gobierno colombiano ha reestablecido un Ministerio de Trabajo distinto, ha aumentado el número de fiscales e investigadores trabajando en casos de violencia contra los sindicalistas, ha adoptado leyes y decretos legislativos para dirigirse a los abusos de cooperativas y otros contratos indirectos, y ha empezado esfuerzos de conducir inspecciones dirigido a la implementación de estas nuevas disciplinas. Notablemente, se han emitido multas a algunas de las compañías en los sectores de puertos y palmas por el uso de cooperativas ficticias, que manda un mensaje importante del cual los empleadores no pueden seguir a utilizar estas entidades para evitar el empleo directo. Estos desarrollos demuestra el fuerte compromiso del Presidente Santos, Ministro Pardo y otros reformistas dentro del gobierno colombiano.” Apreciamos la dedicación del Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, al implementar el LAP y su buena voluntad para colaborar con el CMG.
“A la vez, se necesita más trabajo para asegurar que los objetivos del LAP se conviertan en realidad. Por ejemplo, según los estadísticos mantenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, 34 sindicalistas han sido asesinados desde que el LAP tuvo efecto. En la gran mayoría de los homicidios, todavía no se sabe quien dio el orden o cometió los crímenes. Conjuntamente, ENS informó que 485 sindicalistas han recibido amenazas de muerte desde el anuncio del LAP. Es inquietante que, hoy día, se dirijan las amenazas a los mismos trabajadores que tratan de utilizar las nuevas herramientas incluidas en el LAP, incluyendo los sectores designados como “los sectores de prioridad” para inspecciones debajo del Plan. Hay informes que sugieren que muchos de los trabajadores en busca de protección del gobierno siguen enfrentando retrasos en recibir una respuesta, a pesar de las últimas reformas dentro del programa nacional de protección.
“Para disuadir más amenazas y violencia en contra de sindicalistas de forma seria, fiscales tienen que identificar, culpar, e imponer una pena de manera oportuna para los delincuentes y autores intelectuales de estas amenazas y actos de violencia. Además, es imperativo que aquellos que claramente necesitan protección no vean retrasos en recibirlos.
“También está claro que para detener eficazmente el uso de las cooperativas ficticias y otras formas de uso de contratos similares para evitar la contratación directa, el Ministerio de Trabajo tendrá que hacer cumplir con firmeza el alcance completo de la nueva ley y decreto. Esto debe de incluir la aplicación de la ley y del decreto hacia todo contrato indirecto de contratos así como esforzando la prohibición total (bright-line prohibition) de las cooperativas y otras entidades similares realizando "funciones permanentes centrales". Vamos a continuar a seguir de cerca los esfuerzos del Ministerio en este sentido.
“Igualmente de importancia sería la aplicación robusta de la nueva ley que fija penas de cárcel a los actos que impiden o interrumpen los ejercicios de derechos laborales, incluyendo el ofrecimiento de mejor términos conforme un pacto colectivo que a un pacto sindicalista. Si la nueva ley podrá disuadir a violaciones de los derechos de los trabajadores dependerá si el Fiscal General de Colombia está activo en el enjuiciamiento de casos y la búsqueda de penas de cárcel para los infractores empleadores. Lamentablemente, hasta la fecha, no tenemos conocimiento de ningún caso que ha sido cumplido.
“La implementación exitosa del LAP requerirá una dedicación firme por parte de los gobiernos de EE.UU y Colombia, las empresas locales y multinacionales que operan en Colombia, y los sindicatos y la sociedad civil de ambos países. Los esfuerzos más claves son la comunicación y el seguimiento de los progresos realizados por los trabajadores y los empleadores de los sectores prioritarios del LAP, y un proceso transparente para evaluar formalmente el progreso. Mediante la convocatoria de diálogo entre los dos gobiernos, organizaciones laborales, y empleadores, nosotros creemos que el Ministerio de Labor puede proveer el impulso necesario para LAP.
“Esperamos con interés seguir trabajando con el gobierno de Colombia, incluyendo el Senado de la República de Colombia establecido para observar el LAP, mientras avanza este trabajo esencial. Nuestra promesa de asegurar el progreso debajo del LAP es de largo plazo y nuestro esfuerzo nunca dejará hasta que los trabajadores en Colombia puedan usar las herramientas incluidas en el LAP para que puedan ejercer todos sus derechos laborales.”
