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Como parte de la amplia negociación para terminar la extensa Guerra Civil en El Salvador, el gobierno salvadoreño y los rebeldes del FMLN acordaron establecer la Comisión de la Verdad para aprobar una ley de amnistía que cubre delitos relacionados con el conflicto armado. Otros acuerdos similares, más o menos formales, aseguraron transiciones políticas, pero protegieron de enjuiciamiento a violadores de derechos humanos en varios países de América Latina en los 80 y 90.
Estos violadores de derechos humanos podían ser librados de enjuiciamiento – ya sea por las leyes de amnistía de jure o por aceptación de facto de la impunidad – lo que ha preocupado a activistas de derechos humanos y defensores de víctimas a lo largo del hemisferio por muchos años. Si bien las figuras políticas en ambos lados, derecho e izquierdo, perciben con frecuencia estos acuerdos como políticamente necesarios para ofrecer protección de enjuiciamiento a las partes del conflicto, permitiendo que ellos se sientan seguros de participar en negociaciones de paz, activistas de derechos humanos han afirmado que lograr la justicia es el preámbulo para una verdadera reconciliación.
Cuestiones de la amnistía, impunidad y justicia continúan siendo debatidas a lo largo del hemisferio – en Argentina, Chile, Perú, y en otras partes. En algunos lugares, acuerdos que en una época fueron vistos como necesarios para la estabilidad política han sido reconsiderados conforme las condiciones políticas que han cambiado a través del tiempo. Países como Brasil y El Salvador aun tienen y aplican sus leyes de amnistía; en otros, como Perú y Argentina, éstas han sido derogadas, o ignoradas como en el caso de Chile.
En tal contexto, les ofrecemos esta entrevista con Juan Raúl Ferreira, un reconocido periodista Uruguayo, escritor y activista político. El padre de Juan Raúl, Wilson Ferreira, jugó un papel protagónico en la oposición contra la dictadura del ejército uruguayo que tomó posesión en 1973. Él y su familia fueron forzados al exilio, y Wilson apenas logró escapar mientras otras dos figuras líderes de la oposición fueron asesinadas en Buenos Aires en 1976. Durante la década de los setenta, Juan Raúl, jugó un papel activo en la movilización internacional en contra de la dictadura (trabajando por varios años en la oficina de WOLA en Washington).
Juan Raúl regresó a Uruguay cuando la dictadura llegaba a su fin en 1984. Luego de un periodo inicial de aprehensión, fue liberado y electo en el Senado de Uruguay. Participó en el proceso que llevó a la restauración de la ley civil en Uruguay. Como parte de tal proceso, Juan Raúl votó – a regañadientes – a favor de la Ley de Caducidad en 1986, la cual declaró el fin de la capacidad del gobierno uruguayo para procesar oficiales militares y de la policía, acusados por violaciones de derechos humanos, una ley que él creía necesaria para asegurar el retorno de los militares a sus cuarteles.
A comienzos de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo que requiere que Uruguay elimine la Ley de Caducidad. El fallo de la CIDH ha sido una herramienta útil par aquellos que buscan derogar la ley, y hoy, Juan Raúl se ha convertido en un defensor para la anulación de la Ley de Caducidad que él mismo ayudó a aprobar hace dos décadas. El 27 de octubre, la ley fue derogada después de que el Senado y la Cámara de Diputados pasaron legislación que anuló la Ley de Caducidad, haciendo posible el enjuiciamiento de címenes de violaciones a los derechos humanos cometidos durante de la dictadura.
En esta entrevista realizada en la oficina de WOLA en Septiembre del 2011, Juan Raúl Ferreira habla sobre su cambio de posición sobre la cuestión de amnistía. Su historia tiene enseñanzas para los debates sobre amnistía, estabilidad política, contabilidad, y justicia en América Latina hoy.
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