Washington, DC – El Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron el día de hoy un acuerdo para la creación de una comisión internacional para determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos en Guatemala y para promover la sanción penal en las cortes locales de los individuos vinculados a estos grupos. “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)” brinda una oportunidad clave para combatir y desmantelar una de las amenazas más graves al Estado de Derecho en Guatemala,” declaró Joy Olson, Directora Ejecutiva de la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Un legado del conflicto armado interno, los grupos clandestinos son estructuras ilícitas que utilizan la violencia para proteger sus intereses políticos y actividades económicas ilícitas. Dichos grupos han logrado establecer vínculos directos o indirectos con funcionarios del gobierno, miembros de diferentes sectores y redes criminales. En los últimos años, estos grupos han extendido su presencia aterrorizando a jueces, testigos clave, fiscales, líderes políticos, y defensores de derechos humanos, entre otros. Tan sólo en los primeros seis meses del 2005, seis operadores de justicia fueron asesinados. En lo que va de este año, cinco líderes políticos han sido brutalmente asesinados, levantando serias preocupaciones sobre una posible escalada de violencia durante las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2007.
“El muro de impunidad que estos grupos y sus patrocinadores han logrado construir para evitar ser sometidos a la justicia y para proteger sus actividades ilícitas ha debilitado seriamente el funcionamiento del sistema judicial,” declaró Adriana Beltrán, Titular del Programa de WOLA.
Con una vigencia inicial de dos años, la Comisión internacional buscará determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros actores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala. Trabajando conjuntamente con las entidades locales encargadas de la investigación y persecución penal, la Comisión busca promover la desarticulación de dichas organizaciones al igual que la sanción penal de individuos involucrados en sus actividades ilícitas.
“La CICIG debería ser considerada como un modelo innovador para aquellas sociedades en post-conflicto defendiendo sus democracias nacientes de la impunidad, la corrupción y las redes criminales,” declaró Beltrán.
“Por años se ha hablado sobre la influencia de los grupos clandestinos en Guatemala. Ahora habrá un mecanismo para afrontarlos y por ello tanto los Estados Unidos como la comunidad internacional deberían actuar prontamente para respaldarlo,” declaró Olson.
Para darle vida a la Comisión, el acuerdo debe ser ratificado por el Congreso de Guatemala. “Si existe una verdadera voluntad en Guatemala para combatir la impunidad, la violencia y la corrupción, la Comisión entonces debería ser acogida como una valiosa oportunidad por diversos sectores del país,” dijo Beltrán. Se espera que el acuerdo sea sometido al Congreso en enero del 2007.
