El Departamento de Estado de E.U. Subraya Temas de Derechos Humanos en América Latina; E.U. debe de poner su casa en orden a medida que el Presidente aborda temas de derechos humanos durante su viaje a América Latina, dice WOLA Washington DC, 6 de marzo de 2007— “Estamos complacidos que los Reportes de Países sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2006 del Departamento de Estado subrayan algunos de los serios problemas de derechos humanos en América Latina,” dice Geoff Thale, Director de Programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Esperamos que el Presidente Bush aborde estos temas durante su próximo viaje a la región y le dé continuidad a sus comentarios con un compromiso para apoyar un cambio. Pero para tener credibilidad, el Presidente también tendrá que abordar el profundamente imperfecto récord de derechos humanos internacionales de su propia administración, y los reportes bien documentados de abuso sobre abuso de detenidos, extradiciones extrajudiciales, prisiones secretas y tortura.”
Para promover derechos humanos, democracia y el estado de derecho, el Presidente Bush debería abordar los siguientes temas clave durante su visita a América Latina:
La asistencia de la administración de Bush a América Latina. A medida que el Presidente Bush viaja por América Latina, es probable que él argumente que su administración ha duplicado la asistencia otorgada a la región. Hay un incremento, pero es importante examinar este argumento cuidadosamente. Según Lisa Haugaard, Directora del Grupo de Trabajo sobre América Latina, “la administración de Bush no ha hecho suficiente para proveer el tipo de asistencia que realmente gana a amigos e influencia a la gente—ayuda contra desastres, microcréditos, apoyo a la educación y salud, desarrollo rural, asistencia para los refugiados y desplazados. Cuando el Sr. Bush mire a su alrededor sorprendido de no ser totalmente apreciado en América Latina, él deberá mirar a su propio presupuesto de asistencia”.
En Colombia, E.U. ha invertido miles de millones de dólares en asistencia desde el 2000, y está solicitando más de $600 millones para el próximo año. El objetivo de la asistencia dada por E.U. era disminuir la producción de droga (80% de la asistencia) y mejorar la situación humanitaria y de derechos humanos (20% de la asistencia). Sin embargo el paquete de asistencia actual no está alcanzando ninguno de estos objetivos: a pesar de la fumigación área de más de 2 millones de acres de plantas ilegales y legales, la disponibilidad de la cocaína permanece estable; serias violaciones a los derechos humanos continúan sucediendo y la mayoría de los casos permanecen impunes; y hay más de 3 millones de personas internamente desplazadas en Colombia por la crisis de la situación humanitaria y de derechos humanos. “En el escándalo de la ‘para-política’ se ha vinculado a una larga lista de funcionarios de gobierno con grupos paramilitares, y la re-configuración de grupos armados nuevos o antiguos, después de un controversial programa de desmovilización, indica que E.U. no debería de darle su apoyo incondicional a Colombia,” argumenta Gimena Sanchez, Titular del Programa de Colombia en WOLA, “El Presidente Bush y los legisladores necesitan exigir la rendición de cuentas, y balancear el paquete de asistencia a favor de promover la paz y los derechos humanos,” ella concluye.
En el 2006 México se ha enfrentado a niveles de violencia no antes vistos con más de 2,000 ejecuciones relacionadas al crimen organizado. El Presidente Felipe Calderón ha extraditado a varios narcotraficantes clave y desplazado a más de 25,000 soldados y policías a 8 diferentes estados del país considerados como las zonas más problemáticas. “Por si solas, estas acciones no tendrán mucho impacto contra la narcoviolencia. Se necesita una reforma policial y judicial que aborden los temas de corrupción e impunidad, las cuales facilitan el tráfico de drogas en el país,” argumenta Maureen Meyer, Titular del Programa de México. “El Presidente Bush debería apoyar a México en sus esfuerzos por implementar estas reformas, y también reconocer que E.U. comparte la responsabilidad por la violencia que afecta a México, debido a la demanda de drogas ilegales que hay en ese país.”
En Guatemala, la continua existencia de grupos armados ilegales con fuertes conexiones al crimen organizado se ha vuelto una de las principales amenazas al estado de derecho. Funcionarios de algo nivel han advertido sobre la creciente infiltración del crimen organizado al aparato del Estado. Por varios años ya, se ha expresado la preocupación de que estas redes ilegales están involucradas en ataques políticos contra abogados, testigos, líderes políticos y activistas. En diciembre de 2006, el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Si es aprobada por el Congreso de Guatemala, la CICIG investigará la existencia y estructura de estas redes y asistirá a las autoridades locales en su persecución. “El Presidente Bush debería expresar apoyo por la CICIG como un mecanismo para colaborar con Guatemala en sus esfuerzos por combatir la corrupción y el crimen organizado, y fortalecer el estado de derecho,” afirma Adriana Beltrán, Titular del Programa de Crimen Organizado en WOLA. Los recientes asesinatos de tres políticos salvadoreños, supuestamente llevados a cabo por funcionarios de alto nivel dentro de la Policía Nacional Civil de Guatemala, y el subsiguiente asesinato de esos funcionarios bajo custodia, subraya la necesidad de que la comunidad internacional asista al gobierno de Guatemala a implementar efectivamente los procesos institucionales de investigación y reformas al sistema policial y judicial.
