Sr. LEAHY – La semana pasada, me pronuncié ante el pleno del Senado sobre el reciente debate en Guatemala concerniente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En mis breves comentarios recordé las más de tres décadas de guerra civil que ocasionaron extensas atrocidades contra la población, particularmente contra las comunidades Mayas. La gran mayoría de ejecuciones y desapariciones fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, gran parte de la población guatemalteca ha luchado por reconstruir su país y sobrepasar la historia del pasado; esfuerzos que han sido apoyados por los Estados Unidos y otros donantes.
No obstante, aspectos clave de los Acuerdos de Paz todavía no han sido implementados y no se ha logrado justicia para las familias de las víctimas del conflicto armado. A cambio, la violencia producto de las pandillas y el narcotráfico, los asesinatos brutales de mujeres, los ataques contra defensores de derechos humanos y aquellos que condenan la corrupción e impunidad han incrementado exponencialmente, amenazando los cimientos de la frágil democracia en Guatemala.
Durante los últimos años, el Gobierno de Guatemala ha trabajado con funcionarios de las Naciones Unidas para definir el acuerdo de la CICIG, cuya última versión fue considerada constitucional por la Corte de Constitucionalidad.
La CICIG es indispensable para exponer la verdad sobre los grupos clandestinos y someter a la justicia los responsables de esta violencia. Lejos de debilitar la soberanía nacional, la CICIG busca apoyar a Guatemala mediante el fortalecimiento de la capacidad del disfuncional sistema de justicia.
El 18 de julio, una mayoría de miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Guatemala, votaron, por razones que sólo ellos mismos podrán explicar, en contra de la iniciativa de la CICIG. Desde entonces, varios miembros de dicha comisión han retractado su voto, y, según es de mi conocimiento, el 1 de agosto el pleno del Congreso de Guatemala tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar la iniciativa o referirla a otra comisión legislativa.
La decisión de aprobar o rechazar la CICIG, es una decisión que sólo el Congreso de Guatemala podrá tomar. No obstante, resulta imperativo recalcar la importancia de esta histórica decisión para el futuro de Guatemala y para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala.
Al igual que otros países emergiendo de décadas de conflicto civil, Guatemala afronta serios desafíos sociales, económicos y políticos. Sin el apoyo de países como los Estados Unidos para construir su economía, promover la inversión extranjera y el comercio, y para fortalecer sus instituciones democráticas, Guatemala se quedaría rezagada en comparación con sus vecinos.
Hoy, dicho apoyo se encuentra en una balanza.
La administración de Bush ha expresado su firme apoyo a la CICIG. El Congreso estadounidense ha vinculado la reanudación de asistencia para las Fuerzas Armadas de Guatemala, en parte, a la aprobación de la CICIG. Asimismo, yo estaría renuente a apoyar asistencia a Guatemala para formar parte en cualquier iniciativa de seguridad regional con los Estados Unidos, a menos que la CICIG sea aprobada y apoyada. Tiene poco sentido buscar trabajar con un gobierno incapaz de demostrar un compromiso firme para terminar con la impunidad y combatir la violencia de pandillas y la corrupción que han infiltrado las mismas instituciones que estarían participando en dicha estrategia.
CICIG no es más que una decisión entre el pasado y el futuro. El rechazo a esta histórica iniciativa, un resultado que la mayoría de estadounidenses considerarían inexplicable, enviaría una señal de que el Congreso de Guatemala está más interesado en proteger las fuerzas oscuras y ocultar la verdad, que en combatir la falta de vigencia de la Ley que actualmente está conduciendo a Guatemala por el camino hacia el retroceso.
*Traducción informal por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
