Grupos defensores de derechos humanos emiten un nuevo informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
18 de octubre de 2007
COMUNICADO DE PRENSA
Dos prominentes defensores de los derechos humanos en Colombia destacaron hoy el preocupante incremento en las ejecuciones extrajudiciales en ese país, señalando en una conferencia de prensa que el número de civiles detenidos por las fuerzas del orden y posteriormente encontrados muertos llegó a por lo menos 955 en los cinco años de julio 2002 hasta junio 2007.
“Hemos notado un aumento importante en el número de ejecuciones extrajudiciales, que han quedado casi todas en la impunidad”, dijo Liliana Uribe, abogada especializada en derechos humanos en la ciudad de Medellín y miembro de la Corporación Jurídica Libertad.
Los datos citados sobre ejecuciones extrajudiciales han sido elaborados a base de datos recopilados por 11 organizaciones de derechos humanos en Colombia, que son parte de una coalición de 187 grupos de derechos humanos que se llama la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Los datos han sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, con sede en Washington.
La cifra de 955 muertos representa un aumento de 66 por ciento en el número de civiles muertos atribuidos a las fuerzas del orden respecto a las 577 ejecuciones extrajudiciales en los cinco años de julio 1997 a junio 2002, según los datos presentados ante la CIDH.
Uribe y Agustín Jiménez, presidente de la Comité en Solidaridad de Presos Políticos, afirmaron que en la mayor parte de casos, las víctimas han sido presentadas a las autoridades y a la prensa como si fueron guerrilleros, cuando en verdad no hay evidencia ni testimonio para sostener dicha afirmación.
“Las víctimas en su gran mayoría son presentadas como guerrilleros abatidos en combate”, expresó Uribe. Los muertos hasta han sido encontrados revestidos en uniformes guerrilleros y declarados NN (sin nombre), cuando los testigos han afirmado que fueron detenidos por las fuerzas del orden en ropa de civil y portando sus documentos de identidad.
“El Ejército tiene que actuar y hacer su deber constitucional. Pero lo que queremos es que el Ejército respete a los derechos de la población civil.” dijo Jiménez. “Nos llama la atención que le mayoría de los muertes [por ejecuciones extrajudiciales] ocurren en lugares controlados por los militares”, expresó además. Los departamentos de mayor número de ejecuciones extrajudiciales son Antioquia, norte de Santander, Meta y Casanare, dijo Uribe.
Un grupo de cinco organizaciones, entre ellas WOLA, emitieron hoy además un informe sobre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país sudamericano.
Lisa Haugaard, directora del Latin America Working Group, quien participó de una comisión internacional a comienzos de octubre que recibió testimonios de los testigos de 130 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, señaló la extrema gravedad del problema. “Estos casos representan un patrón que es sumamente serio. Le pedimos al Congreso y al gobierno norteamericanos a insistir en que las autoridades colombianas pongan fin a estos abusos y que haya avances concretos en el sistema civil de justicia”, dijo Haugaard en el mismo evento.
"Los funcionarios del gobierno colombiano quienes están visitando al Congreso de Estados Unidos en estos días deberían, en cambio, enfocar su energía en implementar mecanismos para asegurar que los soldados colombianos no estén asesinando a civiles inocentes”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, directora del programa Colombia de WOLA.
Para leer un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia (actualmente solo disponible en inglés), haga clic aquí .