2do informe de la observadora Jo-Marie Burt, enviada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), sobre el juicio del ex-presidente del Perú Alberto Fujimori
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) envió a la Dra. Jo-Marie Burt, profesora de ciencia política de George Mason University, a Lima para observar el juicio al ex-presidente del Perú, Alberto Fujimori, por supuestas violaciones a los derechos humanos, abuso de autoridad, y corrupción. La Dra. Burt observó el juicio a Fujimori durante la primera semana de su desarrollo, a mediados de diciembre de 2007; y visitó el Perú nuevamente a fines de febrero de este año. Ella presenció varias sesiones del juicio, en el cual Fujimori enfrenta cargos por cuatro casos de graves violaciones a los derechos humanos: la masacre de Barrios Altos, en noviembre de 1991, donde murieron 15 personas; la masacre de La Cantuta, en julio de 1992, donde murieron 10 personas; y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, y del empresario Samuel Dyer, que ocurrió en los días posteriores al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. He aquí las observaciones y reflexiones de la Dra. Burt.
El juicio a Alberto Fujimori es – como muchos ya han manifestado – un juicio histórico para el Perú y para el mundo entero. Es la primera vez en la historia peruana que un presidente es obligado a responder ante un tribunal de la justicia por graves crimenes de violación a los derechos humanos. A nivel de América Latina, es el segundo caso en que un presidente civil es llamado a responder por violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno (el otro caso es el de Juan María Bordaberry en Uruguay; en Bolivia y Argentina algunos ex presidentes militares han sido enjuiciados por violaciones a los derechos humanos.) A nivel internacional es la primera vez que un presidente es extraditado, entre otros casos, por violaciones a los derechos humanos, y es obligado a enfrentar esos cargos en un tribunal de su propio país[raa1] . (El ex presidente boliviano Luis García Meza fue enjuiciado y condenado en ausencia y después extraditado desde Brasil para cumplir sus sentencia.)
El proceso en curso es importante para el Perú en varios sentidos. Primero, representa un intento importante de esclarecer dos de los crímenes más execrables cometidos durante el conflicto interno en el Perú – los masacres de Barrios Altos y La Cantuta – y por hallar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de dichos masacres.[1] En particular, este juicio pretende determinar el nivel de responsabilidad individual del ex mandatario en los diversos casos de violación a los derechos humanos por los cuales está siendo juzgado.
A su vez, el juicio a Fujimori representa un intento de afirmar un concepto fundamental de la democracia: de que nadie – ni siquiera un jefe de Estado – está encima de la ley y tiene que responder por sus acciones si éstos resultan ser violatorios de la ley y de los derechos humanos. Finalmente, el juicio muestra de que aún en sociedades en donde el poder judicial conlleva muchos déficits, es posible llevar a cabo un proceso transparente, imparcial y justo. Es un logro del Ministerio Público del Perú de que el tribunal que está juzgando a Fujimori cuente con una amplia legitimidad, tanto por la manera en que se conformó éste como por la manera en que ha procedido a través del proceso en curso. De continuar así – y no existe indicios de que esto cambie – el juicio a Fujimori puede contribuir importantemente a consolidar la independencia e imparcialidad del poder judicial en el Perú. Este hecho cuestiona lo que han afirmado algunos al señalar de que no era posible llevar a cabo juicios sobre graves violaciones a los derechos humanos en sociedades en transición de un conflicto interno y/o un gobierno autoritario hacia la democracia. El caso peruano podría convertirse en un ejemplo para el mundo de que la justicia no sólo es alcanzable sino deseable en estos contextos, ya que sirve para ayudar a afirmar el principio básico de la democracia de igualdad ante la ley.
En este sentido, es importante destacar nuestras observaciones, que coinciden con las de otros observadores internacionales, de que el juicio se está desarrollando de manera profesional, con plenas garantías del debido proceso para el acusado, y con una seriedad y transparencia dignas de un proceso de esta envergadura. Es importante destacar al respecto la labor que están llevando a cabo los jueces, al establecer desde el inicio del proceso un ambiente escrupulosamente transparente; y de las partes, que a pesar de encontrarse en una contienda intensa, están respetando las reglas establecidas por la Sala y por la ley. A su vez, es importante recalcar la importancia de que la opinión pública nacional e internacional se mantenga alerta para que el juicio continúe desarrollándose de acuerdo a dichas expectativas.
Las respuestas que las autoridades judiciales y gubernamentales han dado a las reiteradas denuncias realizadas por los familiares del acusado expresan la seriedad y el profesionalismo con los cuales vienen actuando las mismas. Por ejemplo, a mediados de febrero el hijo del acusado, Kenji Fujimori, afirmó que estaban "matando lentamente" a su padre y se quejó de que sus condiciones carcelarias eran infrahumanas. Las autoridades han respondido de manera seria y sensata frente a esas acusaciones, recordando a la opinión pública de que no solo un médico está presente durante todas las sesiones del juicio, si no que el acusado tiene la posibilidad de examinarse con el médico de su preferencia en los días en que no hay sesiones del tribunal. Frente a la acusación sobre las condiciones carcelarias del ex mandatario – que corresponden al Instituto Nacional Penitenciario del Perú – la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ y pudo confirmar de que el Sr. Fujimori goza de condiciones carcelarias superiores a las de los reos comunes: está recluido en una estructura creada especialmente para él; no tiene que convivir con otros reos; y tiene la posibilidad de recibir visitas regulares de sus familiares y de su abogado. Varios observadores opinaron que este tipo de denuncias de los familiares de Fujimori (que han sido comunes desde inicio del proceso) no tendría otra finalidad sino deslegitimar el proceso tratando de retratar a Fujimori como víctima de una supuesta persecución política.
Al respecto, consideramos que es importante rechazar estos intentos por politizar el proceso buscando así minar su credibilidad, e instamos a las autoridades judiciales y gubernamentales a seguir garantizando que el acusado goce de buena salud durante el proceso judicial que se le sigue, y no dejarse impresionar por estos intentos de deslegitimar al tribunal en su tarea de aplicar la justicia.
De otro lado, también he podido constatar que practicamente ha cesado el ambiente de hostilización hacia los familiares y los abogados de las víctimas que observamos directamente al inicio del juicio en nuestra primera visita. En dicha visita pudimos observar ataques verbales dirigidos a los familiares y a los abogados de las víctimas dentro de las instalaciones de la DIROES, donde se está llevando a cabo el juicio. A su vez salieron informes de que la abogada de la parte civil, Gloria Cano, y el fiscal adjunto, Avelino Guillen, recibieron amenazas de muerte durante el primer mes y medio del juicio. Desde nuestro punto de vista, queremos resaltar que los vocales reaccionaron inmediatamente a estas denuncias instando a
que los participantes y observadores del juicio observen una conducta digna, prohibiendo la asistencia de quienes actúen de manera impropia mientras el tribunal está en sesión, y recordando a todos los presentes en las salas de observación la necesidad de respetar la dignidad de todos los presentes en el tribunal y en las instalaciones de la DIROES. Esto ha permitido crear un ambiente de mayor tolerancia y respeto mutuo entre los observadores de ambas partes. Nos alegra haber confirmado en nuestra segunda visita que los jueces siguen mostrando la misma preocupación para que esto se mantenga así.
Creemos que es importante destacar que el Sr. Fujimori está siendo procesado solamente por aquellos casos por los cuales fue aprobada su extradición de Chile en 2007. Contrario a lo afirmado por sus seguidores, no se trata de "sólo 50 muertos" sino de miles durante su gobierno. Existen pruebas de la existencia de un patrón sistemático en la violación a los derechos humanos en el gobierno de Fujimori, que incluyen la desaparición forzada, la práctica de la ejecución extrajudicial, la detención arbitraria, y la tortura. A su vez, estudiando cómo funciona la violencia política en un contexto como el que vivió Perú durante los años del conflicto interno, se puede apreciar que si bien la desaparición o el asesinato fueron dirigidos hacia el cuerpo individual de las víctimas, estos hechos tuvieron un correlato en el cuerpo social. En otras palabras, si bien hay víctimas individuales, con nombre y apellido, también la sociedad ha sido víctima, ya sea al sentir miedo frente a los abusos cometidos por las fuerzas del orden o porque las fuerzas del orden no hicieron lo suficiente por proteger a la sociedad de los abusos y atrocidades cometidos por grupos subversivos como Sendero Luminoso. El caso del Perú es particularmente complicado, ya que la fuente del miedo fue múltiple: existía miedo frente a los avances y ataques de Sendero Luminoso, y también existía miedo, especialmente entre los sectores mas pobres del campo y de la ciudad, de que el gobierno les reprima – bajo la suposición de que eran de Sendero Luminoso o que lo apoyaban de alguna manera; o porque, particularmente durante el gobierno de Fujimori, se terminó asociando a toda forma de oposición, queja o protesta como sinónimo de subversión, la cual, entonces, debía ser desaparecida.
Si bien es cierto que compete al tribunal determinar el grado de responsabilidad del Sr. Fujimori en los crímenes por los cuales está siendo juzgado, desde nuestra perspectiva consideramos que es importante señalar que es imposible que todo ello ocurriera sin el conocimiento de quien fuera el jefe del Estado y de las fuerzas armadas. De alguna manera él tuvo que aprobar estos hechos, o al menos aceptarlos una vez cometidos. Hasta el momento el juicio ha venido arrojando luces sobre esto con amplias evidencias, tales como las facilidades que tuvieron los miembros del Grupo Colina para actuar; los asensos a los militares implicados en el Grupo Colina; y la impunidad que les garantizo las leyes de amnistía. Pensamos que existe algún grado de responsabilidad penal de Fujimori, y será el tribunal quien irá poniendo en claro cual es éste. Si no fuera así, los miembros del Grupo Colina hubieran sido severamente sancionados y no beneficiados, como lo fueron, con las leyes de amnistía. Además es importante recordar que, al menos en el caso de La Cantuta y los secuestros de los señores Gorriti y Dyer, los hechos ocurrieron en un contexto en el cual el poder estuvo concentrado en las manos de Fujimori luego que diera el golpe de Estado el 5 de abril de 1992.
Es importante terminar destacando el importante papel de los sobrevivientes y los familiares de las victimas, los organismos de derechos humanos, y los organismos internacionales que se han comprometido con la causa de los derechos humanos en este proceso – quienes han dedicado años de lucha y de compromiso para llegar a conocer y alcanzar la verdad y la justicia en el Perú. Su compromiso ha sido fundamental no sólo para recuperar la democracia, sino también para que en el Perú se vaya abriendo paso a la verdad – cuyo primer paso importante fue la importantísima labor realizada por la Comision de la Verdad y la Reconciliación – y finalmente a los procesos en curso de la justicia y la reparacion.
El juicio al Sr. Fujimori es un ejemplo de que los gobernantes que abusan el poder, que se creen que están encima de la ley, tarde o temprano van a tener que responder por sus acciones. Que esto se esté llevando a cabo en el Perú en un cauce democrático, amplio, y trasparente, es un signo de que se puede luchar contra la impunidad afirmando la democracia, el estado del derecho, y la idea de que nadie esté por encima de la ley.
