12 Jun 2008 | Noticias

Juicio a Fujimori: Tercer reporte de la misión de observación de WOLA

 

Jo-Marie Burt, Profesora Asociada de Ciencias Políticas de la George Mason University y Coletta Youngers, Senior Associate de WOLA, estuvieron en Lima a finales de mayo con el fin de observar el proceso judicial, todavía en curso, en contra del ex-presidente del Perú Alberto Fujimori, quien se encuentra acusado de tener  responsabilidad de mando en cuatro casos notorios de abusos contra los derechos humanos. El siguiente es un informe de sus observaciones y reflexiones sobre el juicio y sobre el contexto dentro del cual las cuestiones relacionadas con los derechos humanos están siendo debatidas en Perú hoy en día.
 

(Traducido del inglés por Juan Pablo Melo.)

 

Antecedentes

 

El “mega juicio” (como lo llaman los peruanos) del ex presidente peruano Alberto Fujimori comenzó el 10 de diciembre del 2007. Se enfoca en cuatro casos de violaciones de derechos humanos: la masacre de los Barrios Altos, de 1991, en la cual fueron asesinadas 15 personas; la desaparición y el asesinato subsiguiente de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992; y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer posteriormente al autogolpe del 5 de abril de 1992, en el cual Fujimori cerró el Congreso, suspendió la Constitución y asumió el control del poder judicial, todo ello con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En los casos de Barrios Altos y la Cantuta, los asesinatos fueron ejecutados por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte clandestino que operaba como herramienta del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y cuyo propósito era eliminar a las personas sospechosas de ser simpatizantes de los grupos alzados en armas. El fiscal sostiene que Fujimori tuvo responsabilidad de mando en la ejecución de estos crimenes. En caso de ser condenado, Fujimori podría ser sentenciado a una condena de hasta 35 años de cárcel y a pagar una multa de varios millones de dolares en reparaciones.

 

Fujimori también enfrenta cargos de corrupción y de abuso de autoridad en cuatro casos, incluyendo las acusaciones de haber interceptado las líneas telefónicas de miembros de la oposición; chantajeado a algunos miembros del Congreso; malversado fondos públicos para fines ilícitos; y transferido US$15 millones en fondos públicos a Vladimiro Montesinos, el entonces jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En un juicio previo, Fujimori ya fue condenado por abuso de autoridad y sentenciado a seis años de cárcel por ordenar y participar en un allanamiento de la casa de la esposa de Montesinos en el 2000, aparentemente para apoderarse de pruebas comprometedoras para luego hacerlas desaparecer. Aquella sentencia fue mantenida en apelación. Los cargos restantes de corrupción serán agrupados y presentados en un nuevo juicio que se pondrá en marcha cuando concluya el proceso presente, enfocado en las violaciones a los derechos humanos.

 

Como fue puesto de presente en los dos informes de observación previos de WOLA, el juicio a Fujimori marca un precedente importante en el Perú y, más ampliamente hablando, en toda la región. El juicio constituye el primer caso en que un ex presidente peruano ha sido sometido a juicio por violaciones serias de los derechos humanos. También es la primera vez que un presidente latinoamericano ha sido extraditado a su país de origen para ser juzgado personalmente por violaciones de los derechos humanos. (El General Luis García Meza, quien gobernó brevemente a Bolivia después de tomar el poder en un golpe militar en 1980, fue juzgado en ausencia en 1995 por violaciones de los derechos humanos; posteriormente fue extraditado desde Brasil y actualmente paga su condena en una cárcel boliviana.) La condena de Fujimori sería un avance fundamental en los esfuerzos para acabar con la impunidad y para promover la verdad, la justicia y la reconciliación en Perú y en toda América Latina.

 

La tercera Misión de Observación de WOLA.

 

La tercera misión de WOLA al juicio de Fujimori se llevó a cabo del 22 al 29 de mayo. Los jueces presidentes del tribunal le dijeron a WOLA que creen que aproximadamente el 70 por ciento del proceso judicial se ha completado. Como se ha anotado en los dos previos informes, el juicio sigue siendo conducido con respeto pleno al debido proceso y  a los derechos del acusado. El juicio está a cargo de la Sala Penal Especial, compuesto por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Perú y encabezado por César Eugenio San Martín Castro. La Sala se ha esforzado por asegurar la observancia escrupulosa de la ley peruana y la transparencia total del proceso. Los procedimientos son transmitidos en directo por un canal de televisión abierto, por otro de televisión por cable y por varias estaciones radiales; además, el Tribunal Especial Criminal  brinda acceso a las transcripciones y grabaciones de todo el procedimiento tanto a la defensa como a la fiscalía. Hasta la fecha, todos los observadores internacionales han destacado el carácter profesional e imparcial del juicio.

 

“Somos muy cuidadosos en ser transparentes y en asegurar la claridad de los procedimientos para no permitir que nadie cuestiona el proceso”, le dijo uno de los jueces a WOLA en una reunión privada. Los jueces señalaron que no han percibido ningún esfuerzo por parte del gobierno del presidente Alan García de ejercer influencia sobre los procedimientos, ni tampoco se han sentido presionados por los políticos que apoyan a Fujimori. Aún así, indicaron que el juicio es un tema que crea contendia y que ellos deben seguir muy atentos para asegurar su culminación exitosa.

 

Un reto importante que enfrentan los jueces en este momento es la salud de Fujimori. Desde el comienzo del juicio, el equipo de abogados de Fujimori, su familia y sus partidarios políticos se han quejado de que existen malas condiciones en la cárcel y de que hay una atención inadecuada a sus probelmas de salud, los cuales incluyen la alta presión sanguínea y una leucoplasia en la lengua. Otros alegan que estas acusaciones son un intento de desacreditar los procedimientos del tribunal y de crear simpatía hacia Fujimori. De hecho, los informes de prensa indican que, tratándose de un prisionero, las habitaciones de Fujimori son excepcionalmente cómodas (Fujimori fue transladado recientemente a una celda permanente en el recinto de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales, DINOES, de la Policia Nacional donde el juicio se está llevando a cabo) y que recibe cuidado médico superior al que recibiría en el sistema regular de cárceles. Más recientemente se sospecha que las quejas sobre el estado médico del acusado pueden ser una táctica para dilatar el proceso justamente cuando están a punto de ser llamados a dar testimonio los testigos más controvertidos (y potencialmente más perjudiciales), incluyendo al anterior Comandante de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y al ex-jefe del servicio de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

 

Fujimori tiene buenas razones para estar preocupado por el testimonio que se avecina. Ya han surgido evidencias importantes que incriminan a Fujimori en la creación y la operación del Grupo Colina. Varios miembros de bajo rango de dicho Grupo han entregado información a cambio de sentencias reducidas, en la cual declararon que Fujimori era consciente de la existencia del grupo y de sus actividades. En una audiencia que tuvo lugar durante la misión de observación de WOLA, el general (retirado) Rodolfo Robles describió la cadena de mando del ejercito y el papel de Fujimori en ella, dejando claro que el ex presidente tuvo conocimiento de, si no participación directa en, la planeación de las operaciones del Grupo Colina. El testimonio del General Robles fue seguido por el del previo jefe de la Policía Nacional, Antonio Ketín Vidal, quien describió a Fujimori como un mandatario involucrado en los detalles de la ejecución de las políticas y que solía darle órdenes. (Ketín Vidal fue muy cuidadoso de no implicar a Montesinos en ninguna fechoría.) Ketín Vidal aseguró haber participado en una reunión en la cual Fujimori y Santiago Martin Rivas, el jefe operativo del Grupo Colina, estaban presentes, refutando el testimonio anterior del ex-presidente según el cual éste aseguraba nunca haber conocido a Martin Rivas. Tanto Hermoza Ríos como Montesinos han declarado en otros juicios que Fujimori estaba informado de las actividades del Grupo Colina. Aun así, los abogados de los familiares están preocupados acerca de la posibilidad de que estos testigos cambien su testimonio en el presente juicio con la finalidad de proteger a Fujimori.

 

Los jueces han respondido a las quejas sobre la salud de Fujimori siguiendo la ley al pié de la letra, asegurándose que reciba los tratamientos que él dice necesitar. Aunque Fujimori ha cuestionado el trabajo del equipo médico que le ha sido asignado por el Instituto de Medicina Legal (entidad que está bajo el ámbito del Ministerio Público), dicho equipo tiene, por ley, la última palabra en materia de determinar las necesidades médicas del acusado en el contexto del presente juicio.   Adicionalmente, un médico del Instituto Nacional Penitenciario Nacional (INPE) se encuentra presente a toda hora, pues, como explicó uno de los jueces, además de ser el acusado en este juicio, Fujimori también es un reo quien ha sido condenado en un juicio anterior. Fujimori también puede consultar a su médico personal. De acuerdo con los jueces, a pesar de las quejas de Fujimori, hasta el presente, los diagnósticos de los diferentes médicos han coincidido en gran medida. Los jueces, así como también los abogados de las familias de las víctimas, están de acuerdo en que las cuestiones de salud del ex-presidente podrían causar demora en el juicio pero piensan que no deberían causar una suspensión permanente del mismo.

 

Durante la misión de WOLA, una sesión del juicio fue concluida abruptamente debido a que Fujimori sufrió un alza repentina de la presión sanguínea. El juicio fue posteriormente suspendido temporalmente mientras Fujimori se recuperaba de una operación de menor importancia llevada a cabo el 5 de junio para extirpar la leucoplasia de su lengua. El juicio reinició el 12 de junio. Los observadores esperan que el juicio dure por lo menos hasta septiembre.

 

Los desafíos futuros

 

Desde el comienzo del juicio el pasado diciembre, más de 70 testigos han comparecido ante el tribunal a brindar testimonio. Todavía falta la interrogación de un puñado de testigos directos, incluyendo a Montesinos y a Hermoza Ríos.  Después de estos, el tribunal escuchará el testimonio de 18 expertos, incluyendo dos miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), un estadounidense experto en documentos declasificados del gobierno de los Estados Unidos, y expertos en el derecho internacional de los derechos humanos. Después de que todos estos testigos hayan sido escuchados, se presentará la evidencia documental disponible, cada parte expondrá su alegato final, y según nos dijeron los jueces, Fujimori tendrá la oportunidad de hacer una última declaración.

 

En la entrevista con WOLA, los jueces subrayaron la complejidad del caso. Además de la gran cantidad de información asociada con él, el juicio de Fujimori tiene amplias ramificaciones políticas debido a que el acusado es un ex presidente que aún conserva un apoyo político considerable dentro del Perú. En este sentido, es importante anotar que el bloque Fujimorista en el Congreso mantiene su unidad y frecuentemente une sus fuerzas con las del partido gobernante, el APRA, para la aprobación de leyes específicas y en algunas cuestiones políticas. Un fallo en contra de Fujimori en relación con las acusaciones por violación de los derechos humanos podría tener también serias implicaciones para el Presidente García: durante su primer mandato presidencial (1985-1990) ocurrieron violaciones masivas de los derechos humanos y es todavía una cuestión abierta si algún día García tendrá que responder por aquellos crímenes.

 

Los jueces también tienen que lidiar con una variedad de complejas cuestiones legales antes de proporcionar su fallo. Deben evaluar el alegato del fiscal según el cual el gobierno de Fujimori aplicó dos estrategias distintas contra la insurgencia: una formal y legal, que convocaba a las fuerzas de seguridad a combatir las insurgencias dentro del marco de ley y respetando a los derechos humanos; y otra, informal y clandestina, que apuntaba a la creación y al despliegue de una unidad militar especial, el Grupo Colina, que acometió campañas de asesinatos y desapariciones forzadas con el fin de paralizar las operaciones insurgentes y aterrorizar a la población civil, estrategia que dio por resultado amplias violaciones de los derechos humanos. En un tema relacionado, deben definir cómo y cuándo estas dos estrategias fueron puestas en marcha y si las violaciones de los derechos humanos fueron sistemáticas o no. Como indicó uno de los jueces de la Sala, “Nadie niega la existencia del Grupo Colina ni que operaba dentro de la estructura del Ejército. La gran discusión es la intervención que pudo tener Fujimori [en su creación y operación].”

 

Con base en este punto, un tribunal civil impuso un precedente importante el 8 de abril con la condena del general retirado Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante la mayor parte del gobierno de Fujimori, y de otros miembros del Grupo Colina en el caso de La Cantuta. Después de tres años de proceso, el Primer Sala Penal Especial de la Corta Supreme determinó que Salazar Monroe—junto con Montesinos—era responsable penalmente por las operaciones del Grupo Colina, que llevó acabo los asesinatos de La Cantuta (autoría mediata y dominio del hecho), sentenciándolo a 35 años de prisión.  (Montesinos, Hermoza Ríos y el general retirado Luis Pérez Documet también serán juzgados por este caso en un juicio separado). Esta fue la sentencia más fuerte jamás impuesta por un tribunal civil a un miembro de alto rango del ejército por violaciones de derechos humanos en el Perú. En su fa
llo, el tribunal afirmó que el Grupo Colina fue una unidad operativa dentro del ejército peruano cuyo propósito era eliminar a los sospechosos de ser subversivos y que, lo que es aun más significativo, Fujimori sabía de sus operaciones y era directamente responsable por el grupo en función de su posición como comandante del SIN. Dicho fallo establece un precedente importante a través de su aplicación del concepto de autoría mediata y dominio del hecho. En efecto, los magistrados encontraron a Salazar Monroe culpable penalmente por haber ejercido el control efectivo sobre el aparato del Estado (el SIN y el Grupo Colina) que, a su vez, cometió los delitos de La Cantuta. Aunque no es legalmente vinculante para los magistrados que conducen el juicio de Fujimori, los jueces indicaron que evaluarán la evidencia utilizada para condenar a Salazar Monroe y a otros miembros de Grupo Colina y su relevancia para determinar la culpabilidad de Fujimori.

 

El contexto político

 

El profesionalismo con el cual los procedimientos en contra de Fujimori han sido conducidos es significativo, dado que el Poder Judicial peruana históricamente ha adolecido de tremendas ineficiencias y de injerencias  políticas tanto directas como indirectas. Además, el actual gobierno está mostrando signos crecientes de intolerancia frente a cualquier oposición y, en particular, de desdén por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El gobierno de García no fue muy activo en apoyar la extradición de Fujimori desde Chile en el 2007.  Los expertos forenses han excavado dos fosas comunes masivas durante el juicio, dando a la luz evidencia adicional de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad. Aun así, las excavaciones han sido recibidas con indiferencia de gran parte del público y han recibido una cobertura esporádica por parte de los medios de información. Paradojicamente, mientras más evidencia surge en contra de Fujimori, las encuestas de opinión pública muestran que el apoyo por el ex-presidente está en aumento.

 

Las organizaciones y los activistas de los derechos humanos en el Perú vienen siendo objetos de hostigamiento. A pesar de la ausencia de violencia política significativa en el país hoy en día, el Presidente García y otros altos dignatarios de su gobierno han acusado a los defensores de los derechos humanos de actuar como “apologistas del terrorismo”. El propio presidente llegó al extremo de acusar a Francisco Soberón, uno de los defensores de derechos humanos más prestigiosos del Perú, de ser un “traidor a la patria”. Reconocidos abogados de los derechos humanos y funcionarios de la administración del presidente anterior, Alejandro Toledo, se han convertido en el blanco de investigaciones y acusaciones por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Para mencionar un solo caso, el Instituto de Defensa Legal está siendo investigado por el Congreso, por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por Contraloría General de la República y por el Colegio de Abogados por el papel que desempeñó en el trabajo de la comisión creada para revisar los casos de aquellos detenidos injustamente por acusaciones de terrorismo.

 

Otras preocupaciones expresadas por las organizaciones de derechos humanos incluyen la criminalización de la protesta social, la detención de activistas progresistas con base en acusaciones de terrorismo aparentemente falsas y la falta de voluntad demostrada por parte del gobierno para aplicar las decisiones del Tribunal Constitucional. El gobierno del Perú está amenazando otra vez con retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los defensores de los derechos humanos también declaran su preocupación por el creciente papel que el ejército despliega en el gobierno de García, incluyendo las nuevas normas que permiten el uso de la “fuerza letal” por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas sociales. Diversos observadores han señalado además el persistente rechazo por parte de los militares de cooperar con las investigaciones relacionadas con los derechos humanos.

 

Es importante señalar que, además del juicio contra Fujimori, hay cientos de casos de violaciones de los derechos humanos esperando su turno en los tribunales. Hasta ahora, un puñado de casos claves ha sido exitosamente procesado, un logro que ha recibido relativamente poca atención.  Aun así, varios casos han sido archivados por una razón u otra. De aquellos que han resultado en condenas para los acusados, sólo un fallo ha sido ratificado en el proceso de apelación.  El caso en cuestión es el denominado “caso Chuschi”, en el cual un oficial del ejército y un oficial de la policía fueron condenados por la desaparición forzosa de tres personas que ocupaban posciones de autoridad  en el gobierno de Chuschi, un pueblo rural en el departamento de Ayacucho, y de un menor en marzo de 1991. Sólo en aproximadamente la mitad de los casos para los que el CVR recomendó que se iniciaran procesos en los juzgados se ha procedido a la etapa del juicio. El resto de los casos están languideciendo en el Ministerio Público en las etapas previas al juicio. 

 

En el Perú de hoy día entonces, el avance en temas de justicia sigue siendo errático. Aunque el juicio a Fujimori ha sido un ejemplo de respecto al debido proceso, de imparcialidad y de transparencia, otros casos relacionados con los derechos humanos muestran poco progreso. Eso se debe, en parte, a los problemas históricos que ha padecido el Poder Judicial, tales como la falta de recursos, un sistema penal sobrecargado, y una capacitación insuficiente de los jueces encargados de casos de derechos humanos. De particular preocupación es la incapacidad del Ministerio Público de judicializar los casos, particlarlmente aquellos presentados por la CVR.

 

Se nos aseguró una y otra vez en nuestras entrevistas que el contexto político actual ha afetado al Poder Judicial. La administración del presidente García no ha puesto entres sus prioridades la judicialización de casos relacionados con los derechos humanos. En cambio, la primera iniciativa del gobierno cuando asumió al poder en el 2006 fue anunciar que otorgaría abogados, pagados por el Estado, para defender a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos. Durante el previo mandato del APRA, entre 1985 y 1990, el gobierno fue bastante eficaz en materia de ejercer control sobre el Poder Judicial.

 

Esto ha dado por resultado un ambiente en el cual los jueces peruanos—sensibles a los vaivenes políticos—pueden estar menos dispuestos a procesar los casos de derechos humanos. Como nos explicó un abogado de derechos humanos, “Para los jueces, era una cosa iniciar un proceso jurídico relacionado con los derechos humanos durante el mandato de Toledo; es una cosa totalmente distinta iniciar tales casos durante la administración García-Giampetri”. (Luís Giampetri es el vicepresidente del Perú y un – almirante (r) de la Marina quien se ha visto implicado en la masacre del Frontón, d
e 1986, en la cual más de 200 prisioneros senderistas fueron ejecutados, muchos de ellos después de haberse rendido, luego de haber protagonizado un motín en la cárcel en que estaban detenidos). Los defensores de los derechos humanos nos informaron que el proceso jurídico del caso Frontón será iniciado este año, al igual que algunos casos más de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la primera administración de García, incluyendo entre éstos la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, y la masacre de Cayara, ocurrida en 1988.

 

El juicio a Fujimori podría terminar siendo una anomalía, sin repercusión alguna para otros casos de violación de los derechos humanos, debido al alto perfil del acusado y al hecho de que el juicio es presidido por un grupo especial de tres magistrados del la Corte Suprema que están dedicados exclusivamente a este proceso. (La mayoría de los jueces son responsables por varios juicios simultáneos). Aun así, el movimiento de derechos humanos en el Perú espera que una condena al ex-presidente por violación de los derechos humanos sirva como modelo para otros procesos similares, animando al Poder Judicial a iniciar más casos de este tipo, para así contribuir a terminar con la impunidad y promover la justicia para casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en el Perú.

 

Conclusión

La evidencia presentada hasta la fecha da razón para creer que Fujimori será condenado no sólo por crimenes de omisión sino también de comisión. Aun así, dado el ambiente político actual en el Perú, los defensores de los derechos humanos y otros analistas están ansiosos por ver que ocurrirá en el probable caso de una apelación por parte de los abogados de Fujimori. En aquel caso una nueva sala compuesto por tres magistrados de la Corte Suprema se hará cargo de la revisión judicial del caso, pero es posible que los nuevos jueces no sean tan calificados ni estén tan interesados en mantener la objetividad que caracteriza a los jueces actuales. A su vez, la próxima sala será designada por el nuevo presidente de la Corte Suprema, quien podría imprimirle un nuevo tono al proceso. La creencia, compartido por el gobierno y por muchos peruanos, de que Fujimori “salvo al Perú del terrorismo” puede llegar a influir sobre el proceso de apelación.  Una vez que la decisión sea tomada en la instancia de apelación, no habrá recurso legal posterior.  También existe la posiblidad de que el Presidente García indulte a Fujimori, con poco o sin ningún costo político, invocando como razones para ello su edad y su supuesto mal estado de salud.

 

Tomando todas estas posibilidades en cuenta, el apoyo constante a la comunidad defensora de los derechos humanos en el Perú y la vigilancia internacional serán cruciales para asegurar que el juicio cumpla su promesa de acercar al Perú y a toda América Latina a la meta de una sociedad con menos impunidad y más justicia.

 

Se puede acceder a los previos informes de observación de WOLA sobre el juicio a Fujimori aqui