El Senado estadounidense aprobó y envió al presidente Bush un proyecto de ley para gastar $400 millones de dólares para ayudarle a México en el combate a la violencia asociada al narcotráfico. Conocida como el Plan Mérida, la iniciativa incluye además $65 millones de dólares en asistencia de seguridad para ser divididos entre los siete países de Centroamérica, además de Haití y la República Dominicana.
WOLA aplaude hoy el reconocimiento, implícito en el plan, de que México y los Estados Unidos comparten la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico y la violencia asociada con ello. Sin embargo, WOLA ve serias deficiencias en los detalles del plan.
Dicho plan incluye $73,5 millones para ser gastado en reforma judicial, fortalecimiento de instituciones y otras actividades destinadas a robustecer el estado de derecho y a combatir la corrupción en México. También designa $3 millones para fomentar la creación de un registro nacional policial en México. Estos son pasos positivos pero insuficientes en lo que debería ser la médula del programa, es decir, la reforma y el mejoramiento de las fuerzas policiales, el sistema judiciario y otras instituciones relacionadas a la seguridad pública de México.
Por el contrario, una buena parte de los fondos serán destinados a la compra de equipos y tecnologías militares que harán poco para mejorar los procesos de fiscalización, transparencia y reforma que las fuerzas de seguridad mexicanas necesitan para combatir el crimen a largo plazo. El énfasis dado al sector militar – $116,5 millones para solamente este año – reforzará la capacidad de acción del ejército en un momento en que los Estados Unidos deberían preocuparse en incentivar el desarrollo de la capacidad de acción de las fuerzas civiles mexicanas. Estos desequilibrios – prioridad al ejército sobre la policía, y a los equipos de operaciones sobre el trabajo de reforma – son las consecuencias de prioridades equivocadas en el Plan Mérida.
“El Plan Mérida es importante en términos de una cooperación bilateral para tratar problemas como el tráfico de drogas y la violencia relacionada a las drogas en México. Sin embargo, para enfrentar estos problemas efectivamente es necesario un énfasis en una reforma estructural”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora del Programas de WOLA para México y América Central. “La instituciones civiles de México son las que deberían estar recibiendo el apoyo, no las militares”.
Los esfuerzos para reducir el flujo de drogas a los Estados Unidos tienen poca probabilidad de ser exitosos siempre y cuando el gobierno de los EE.UU. invierta tan pocos recursos en disminuir la demanda de drogas. El texto no hace mención alguna a la reducción de la demanda en los Estados Unidos o a la reducción del tráfico de armas hacia México. Estas son omisiones extremadamente importantes que prácticamente garantizan el fracaso de esta iniciativa en la reducción de la disponibilidad de drogas en los Estados Unidos y en la reducción de la violencia armada en México.
WOLA estará monitoreando de cerca la aplicación de esta iniciativa para asegurarse que las provisiones que garantizan el respeto a los Derechos Humanos sean respetadas. “La fiscalización en temas de abusos de Derechos Humanos es una preocupación constante en México. WOLA va a estar monitoreando la implementación de la Iniciativa, y nos vamos a encargar de llevar los casos y temas pertinentes a la atención de la Secretaria de Estado, tal como está estipulado en la Iniciativa,” afirmó Meyer.
Por último, los $65 millones entregados pueden ser considerados como poco más que un pago inicial para solventar las necesidades de seguridad en América Central. (Ese total incluye $2,5 millones para Haití y Republica Dominicana, respectivamente). Estados Unidos debería incentivar a los gobiernos centroamericanos a que pongan en práctica las iniciativas necesarias para llevar a cabo una reforma policial y de prevención y rehabilitación de pandillas.
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