10 Jun 2008 | Noticias

WOLA y LAWG muestran preocupación por violaciones de DDHH en Guerrero, México

WOLA y Latin America Working Group (LAWG) han mandado una carta al Gobernador del Estado de Guerrero, expresando su preocupación sobre la criminalización de la protesta social en el estado, especificamente en contra de comunidades indigenas.

La carta menciona especificamente la preocupación sobre la detención de cinco integrantes de la Organizacion del Pueblo Indigena Me Phaa (OPIM) el 18 de abril y solicita que se detenga la militarización excesiva y la criminalización de la protesta social en el estado, mientras guarantizando el debido proceso de los miembros de OPIM.

Se puede leer el texto completo de la carta abajo y los reportes en dos periodicos mexicanos, incluyendo La Jornada El Sur.

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Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2, Ciudad de los Servicios
CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO 

Estimado Señor Gobernador,

Escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la detención de cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) el 18 abril en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero.  Los cinco integrantes de la OPIM fueron detenidos por un retén de los llamados Base de Operaciones Mixtas (BOM) en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en contra de Alejandro Feliciano García.  Ademas, 10 otros miembros de la OPIM han recibido órdenes de aprehencion por el mismo homicidio. 

La investigación en torno al homicidio el 1 de enero de 2008 de Alejandro Feliciano García, que de acuerdo con denuncias anteriores de la OPIM fue obra de un grupo paramilitar al que éste pertenecía, había estado completamente estancada. Ahora, de manera sospechosa, se reactivó la investigación y el 10 de abril, unas pocas horas después de haber exhumado el cuerpo de la víctima, se consignó la averiguación y se libraron las 15 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la OPIM. 

También es preocupante que antes de llegar a la carcel, los cinco detenidos reportaron que recibian amenazas de muerte y que fueron torturados.  Asimismo, los miembros de la OPIM, por haber estado denunciando la violación de  Inez Fernandez y la esterilización forzada que ha ocurrido en su comunidad, constantemente han estado sufriendo ataques y amenazas por militares y los policias.  Hace poco un integrante de la OPIM, Lorenzo Fernandez, fue encontrado muerto en Ayulta de los Libres con huellas de tortura.  

Por lo anterior, solicitamos que las autoridades dicten una resolución independiente, imparcial y apegada a derecho en el caso de los cinco indígenas Me´phaá detenidos y los 15 otros miembros de la OPIM que tienen órdendes de aprehención en su contra.  También instamos que el Estado garantice la seguridad e integridad física de los integrantes de la OPIM y que asegure que no haya violaciones a los derechos de estos individuos. 

Queremos también expresarle nuestra inquietud ante el alto nivel de militarización en esa región en esos momentos.  Han llegado un gran número de militares y policías a la región de Ayutla y ellos han instalado reténes en varias partes de esta zona. Indígenas Me´phaá y Na savi de Ayutla de los Libres denunciaron que han sido acosados, hostigados e intimidados y que han estado sufriendo violaciones a sus derechos humanos por parte de militares, efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), agentes de la Policía Ministerial (PIM) y policías estatales, los cuales buscan vincularlos con la “guerrilla” y detener a campesinos para acusarlos de la emboscada ocurrida el pasado 31 de marzo. Investigadora. 

Estos acosos y la emisión de órdenes de aprehensión y la detención de dirigentes de la OPIM se inscriben en el contexto de la criminalización sistemática de la protesta social por parte del Gobierno de Guerrero.  Por esto, solicitamos que se detenga la militarización excesiva e injustificada en las regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero y que cese la criminalización de la protesta social en el estado.

Atentamente,                                                                               

Jenny Johnson                                                                                     Maureen Meyer

Latin America Working Group                                                           Washington Office on Latin America

 

CC: Lic. Eduardo Murueta Urrutia, Procurador del Estado de Guerrero

Embajador Arturo Sarukhan Casamitjana, Embajada de México en Estados Unidos

Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos

Humanos del Estado de Guerrero

 

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Contacto:

Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos

202-797-2171