Hoy WOLA se unió a varias otras organizaciones e individuos, incluidos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, como co-demandante en una demanda interpuesta por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), pidiéndoles a las cortes estadounidenses que declaren inconstitucional la Ley de Enmiendas FISA de 2008, FAA, firmada hoy por el presidente Bush.
La ley determina las condiciones en las cuales las agencias de inteligencia estadounidenses pueden interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos internacionales. Tradicionalmente las agencias de inteligencia estadounidenses no podían interceptar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses, dentro o fuera de Estados Unidos, sin una orden judicial especial. Por lo tanto, las comunicaciones entre WOLA y sus colegas en América Latina no podían ser interceptadas legalmente sin orden judicial especial.
Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el presidente Bush actuó de manera unilateral para expandir las capacidades de vigilancia de las agencias de inteligencia. Después de un exhaustivo debate, el congreso aprobó la ley que crea un marco legal para la vigilancia internacional. Aunque incluye algunos controles sobre la autoridad del gobierno para monitorear las comunicaciones, WOLA cree que la ley les permite a las agencias de inteligencia demasiada discreción en interceptar las comunicaciones.
WOLA se ha unido a la demanda porque la ley FAA podría comprometer nuestra capacidad para cumplir con nuestra misión fundamental: monitorear y defender los derechos humanos en América Latina. Esta ley le permite al gobierno monitorear las comunicaciones internacionales por teléfono y correo electrónico de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial y sin supervisión por parte de las cortes o del congreso. Viola en forma flagrante el derecho a la privacidad consagrada en la constitución estadounidense.
La ley pone en peligro la capacidad de WOLA para recibir información franca y oportuna de organizaciones e individuos en América Latina. Nuestros colegas en la región – defensores de derechos humanos, activistas de justicia social, funcionarios elegidos y otros – con frecuencia desafían las políticas y acciones de sus propios gobiernos y enfrentan hostilidad de intereses creados. Si nuestros colegas creen que sus comunicaciones con WOLA pueden ser monitoreadas por el gobierno estadounidense sin supervisión o responsabilidad y luego compartidas con sus propios gobiernos, ellos estarian mucho más cuidadosos sobre como y cuando se comunican con nosotros sobre asuntos de derechos humanos.
Durante décadas, organizaciones no gubernamentales con sede en territorio estadounidense como WOLA han trabajado con colegas en América Latina en la defensa de los derechos humanos. La ley FISA hará más difícil jugar ese papel. Le da al gobierno amplia autoridad para observar las comunicaciones de gente y organizaciones que, tal como WOLA, trabajan con el fin de poner los derechos humanos en primera plana de la política exterior de Estados Unidos.
WOLA cree que el gobierno estadounidense debe tener las herramientas necesarias para proteger a sus ciudadanos del terrorismo. Sin embargo, esas herramientas deben ser sujetas a la supervisión de las cortes y el congreso, tal como previó la ley FISA de 1978. Al eliminar esa supervisión, el gobierno menoscaba nada menos que la propia Constitución y establece un precedente peligroso para los gobiernos de América Latina y el mundo.
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Roger Atwood, Director de Comunicaciónes, ratwood@wola.org
