La decisión del presidente de los Estados Unidos George W. Bush de otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad al presidente colombiano Álvaro Uribe es otro ejemplo más de la indiferencia demostrada por el gobierno de Bush ante graves problemas de derechos humanos en su afán por apoyar incondicionalmente a gobiernos que considera aliados estratégicos, señalaron hoy siete organizaciones no gubernamentales.
Las organizaciones incluyen Human Rights Watch, Amnesty International-USA, Center for International Policy, Human Rights First, Latin America Working Group, Refugees International y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Bush hará entrega de esta distinción a Uribe durante una ceremonia que tendrá lugar en la Casa Blanca el martes 13 de enero de 2009.
"El gobierno de Bush ha ignorado sistemáticamente las graves violaciones de los derechos humanos que se producen en Colombia", señalaron las organizaciones. "Haber elegido a Uribe para recibir este premio simplemente empaña aún más la reputación del gobierno de Bush en la región sobre cuestiones de derechos humanos".
Las organizaciones indicaron que el Presidente Uribe ha tomado medidas e implementado políticas perjudiciales para los derechos humanos en Colombia en reiteradas oportunidades.
Durante el mandato del Presidente Uribe, han aumentado significativamente las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Si bien su gobierno ha enfrentado firmemente a las abusivas guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Uribe no ha adoptado una postura igualmente clara respecto de los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, cuyas prácticas son tan abusivas como las de las guerrillas, y que han masacrado, violado y desplazado por la fuerza a miles de colombianos durante las últimas décadas. Graves problemas en el proceso de desmovilización desarrollado durante el gobierno de Uribe han permitido que muchos de estos grupos, usando nuevos nombres, puedan continuar cometiendo abusos. Las agresiones verbales del presidente contra los defensores de derechos humanos en su país han sido frecuentes y preocupantes. Asimismo, en numerosas oportunidades Uribe ha obstaculizado intentos por quebrantar la influencia de los paramilitares en el sistema político, por ejemplo, mediante acusaciones infundadas contra los magistrados de la Corte Suprema que han iniciado investigaciones contra más de 70 miembros del Congreso colombiano por sus vínculos con los paramilitares.
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Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:
En Washington, DC, para Human Rights Watch, Maria McFarland, investigadora principal para las Américas (inglés, español): +1-202-612-4360; ó +1-917-535-2816 (celular)
En Washington, DC, para Amnesty International-USA, Ariela Blätter, directora principal, Programas Internacionales: +1-202-544-0200 x 331
En Washington, DC, para el Center for International Policy, Adam Isacson, director de programas: +1-202 232-3317
En Nueva York, para Human Rights First, Andrew Hudson, asociado principal, Programa de Defensores de los Derechos Humanos: +1-212-845-5278
En Washington, DC, para el Latin American Working Group, Lisa Haugaard, directora ejecutiva: +1-202-546-7010
En Washington, DC, para Refugees International, Andrea Lari, defensor principal: +1-202-828-0110
En Washington, DC, para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Gimena Sánchez-Garzoli, asociada principal para Colombia: +1-202-797-2171