Un año después del golpe de estado de 28 de junio de 2009 en Honduras y cinco meses desde la inauguración de Porfirio "Pepe" Lobo, las violaciones a los derechos humanos y la inestabilidad política persisten en el empobrecido país centroamericano. Los opositores del golpe continúan siendo víctimas de ataques, detenciones ilegales y despidos ilícitos tanto en el sector privado como en el público. A su vez, los ataques contra la prensa han sido particularmente severos con el asesinato de nueve periodistas desde enero. La prometida "restauración de la democracia" no ha incluido la investigación de estos crímenes ni la detención de los responsables ni esfuerzos genuinos para lograr una reconciliación nacional.
"No hay buenas noticias provinientes de Honduras", afirma Vicki Gass, analista de WOLA, quien vivió en Honduras por dos años luego del Huracán Mitch y quien se ha enfocado a detalle en los eventos ocurridos desde junio de 2009. "Las condiciones continúan igual de difíciles que justo después del golpe", añadió.
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