Hoy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), envió una carta al presidente peruano Alan García expresando su profunda consternación en relación al Decreto Ley 1097, el cual aplica límites temporales para las investigaciones judiciales, así como plazos de prescripción a los procesos legales relacionados a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú. El decreto pondrá fin en términos efectivos a muchas investigaciones y juicios relacionados a casos de derechos humanos actualmente en marcha. En la carta, WOLA le pide al gobierno peruano derogar de inmediato el Decreto Ley No. 1097.
"Básicamente, este decreto es una ‘tarjeta para salir de la cárcel gratis' para individuos que han cometido atrocidades sistemáticas en contra de civiles, incluyendo masacres, torturas y desapariciones forzadas", dijo Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA y una prominente activista para los derechos humanos en el Perú por más de dos décadas. "El decreto es una grave afrenta a los derechos de las víctimas del conflicto interno y a sus familias, que por tantos años han luchado por la justicia", dijo Youngers en referencia al Decreto Ley No. 1097, aprobado por el Presidente García el 31 de agosto de 2010.
"Este decreto significa un gran retroceso en los esfuerzos por obtener verdad y justicia en el Perú", dijo Jo-Marie Burt, una de las principales expertas internacionales sobre derechos humanos en Perú y autora de Violencia y Autoritarismo en Perú (Instituto de Estudios Peruanos)."El Decreto viola descaradamente el derecho internacional, y equivale una declaración de impunidad legitimada por el Estado. El gobierno peruano debería derogarlo inmediatamente".
Según la carta de WOLA, "La condena del ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado – a los cuales los jueces se refirieron como delitos de lesa humanidad – representa un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en todo el hemisferio. En contraste, el nuevo decreto ley representa un considerable retroceso y podría conllevar la liberación de ciertas personas ya condenadas o en proceso de juicio por violaciones a los derechos humanos; resulta particularmente preocupante en relación al juicio en marcha contra los integrantes del escuadrón de aniquilamiento Grupo Colina, implicado en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta entre otros graves crímenes".
Otro elemento inquietante de la ley decreto es que introduce regulaciones que permiten la libertad condicional de quienes se encuentran actualmente procesados por graves violaciones a los derechos humanos.
"No se les debería de dar a los militares y policías procesados por torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, la oportunidad de esconderse o escaparse del país, o peor, de salir de la cárcel como si nunca hubiese pasado nada", dijo Coletta Youngers de WOLA. "Este es un mensaje equivocado para enviar a las fuerzas de seguridad".
Para más información, incluyendo las capacidades del Presidente García para presentar decretos de leyes, contactar a:
Coletta Youngers, investigadora afiliada en WOLA al +301-404-1905 ó
Jo-Marie Burt, asesora de WOLA y profesora de la Universidad George Mason al +703-946-9714.
Para comentarios adicionales sobre el Decreto Ley No. 1097 escuche una entrevista reciente con Jo-Marie Burt en este podcast.
