La masacre en agosto de 2010 de los 72 migrantes en Tamaulipas, México, no fue un caso aislado, sino un ejemplo alarmante de los abusos en contra de los migrantes que ocurren a diario en el país; concluye un informe publicado hoy por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El informe, «Un trayecto peligroso por México: violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes en tránsito«, documenta cómo migrantes, en su mayoría centroamericanos, son frecuentemente subyugados a extorsión, abusos físicos y sexuales, y/o secuestros por grupos criminales mientras pasan por México en su camino hacia Estados Unidos. Asimismo, describe el fracaso del gobierno mexicano para proteger a los migrantes en tránsito y la participación activa o la aquiescencia de las autoridades mexicanas en varios casos de violaciones a derechos humanos. Usando como fuente la labor de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes, el informe incluye testimonios de tres migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales en México.
«La desgracia que sufren los migrantes en tránsito por México ha sido ignorada por el gobierno mexicano por demasiado tiempo», establece Maureen Meyer, Coordinadora Principal para México y Centroamérica en WOLA y autora principal del informe. «No debería de haber sucedido la masacre de 72 migrantes para que el gobierno mexicano prestara más atención a la situación.»
Los albergues para migrantes, las organizaciones para los derechos de los migrantes y las organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos años el incremento en secuestros de migrantes atravesando México y la creciente participación de grupos del crimen organizado en esta actividad ilícita. En un informe de 2009 que analiza un periodo de seis meses, de septiembre del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México declaró que 9,758 migrantes fueron víctimas de secuestro en México; la delincuencia organizada fue responsable de 9,194 de estos secuestros.
Los testimonios en el informe muestran un patrón perturbador en los abusos. Como cuenta Nancy, una migrante salvadoreña, «sucedió que dos de mis compañeras quedaron libres porque pagaron el rescate, así que se fueron a entregar a la migración en Reynosa. Ahí les dijeron a los agentes lo que había pasado y entonces, ellos mismos las vendieron otra vez a los Zetas. Ellas llegaron a la casa y ahí las mataron y las pusieron a las dos como ofrenda a la Santa Muerte.» (Testimonio recopilado en 2009 por las organizaciones Frontera con Justicia y Humanidad Sin Fronteras).
«La falta de sanción a las autoridades y otros actores involucrados en los secuestros y abusos contra migrantes han creado un ambiente que perpetúa más abusos¨, aclara Luis Arriaga, Director del Centro Prodh. «Según la información del gobierno mexicano sólo dos personas han sido sentenciadas por un delito contra migrantes en los últimos dos años; este número es insignificante cuando se compara con el número de abusos que existen.»
Mientras aumentan los abusos en contra de los migrantes; también se han incrementado los ataques contra los albergues para migrantes cometidos por personas asociadas con el tráfico o secuestro de migrantes que se encuentran cercanos a estos albergues en búsqueda de sus próximas víctimas. El 7 de diciembre del 2010, tras una serie de ataques en este año; el albergue Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, fue saqueado y una computadora que contenía información importante fue robada. «El gobierno ha fracasado en implementar medidas de protección para individuos y organizaciones que trabajan para dar ayuda humanitaria y defender los derechos de los migrantes. Esto los pone en riesgo de aun más ataques,» afirma Arriaga.
Actualmente, el gobierno de México está en discusiones con Felipe González, el Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los derechos humanos de los trabajadores migrantes, para facilitarle la visita a México que él había solicitado con el fin de conocer de fondo la situación en el país.
Aunque los migrantes tomen la decisión consciente de migrar hacia Estados Unidos y otros países, sin contar con los documentos apropiados, «ningún ser humanos debe ser sometido a los abusos que han sufrido los migrantes en México y en otros lugares, independientemente de su estatus legal», afirma Meyer.
Para más información favor de contactar a:
Maureen Meyer,
Coordinadora Principal del Programa para México y Centroamérica
mmeyer@wola.org
Washington: (202) 797-2171, ext. 210
Quetzalcoatl Fontanot
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