El 14 de diciembre de 2010, el vicepresidente peruano Luis Giampietri acusó a varias organizaciones prestigiosas de derechos humanos del país de haber defendido a terroristas y de ser grupos defensores de organizaciones subversivas. Posteriormente, en el desempeño de su función de miembro del Congreso del Perú, el vicepresidente mandó a investigar las fuentes de financiación y los gastos de estas organizaciones.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupada de que la acusación totalmente falsa del vicepresidente Giampietri represente un nuevo intento de intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos en el Perú.
"WOLA rechaza de manera rotunda estas acusaciones totalmente infundadas", dijo John Walsh, coordinador de programa en WOLA. "Todas estas instituciones son organizaciones de derechos humanos respetadas a nivel internacional que han trabajado durante casi tres décadas para documentar y denunciar abusos de derechos humanos – sin importar el autor de los mismos – y promover el estado de derecho en el Perú".
El vicepresidente hizo su acusación luego de la publicación de un cable del gobierno de Estados Unidos dado a conocer por WikiLeaks que informa sobre una conversación de 2006 en la cual un ex-director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú (DINI), el jubilado contralmirante Julio Raygada, acusa a los grupos no-gubernamentales de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva, de hacer propaganda a favor del Sendero Luminoso.
Giampietri usó la acusación de Raygada – una declaración infundada para la cual no se ofreció ninguna clase de pruebas – como pretexto para su última ronda de ataques contra IDL, Justicia Viva y otra organización de derechos humanos, la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH). El vicepresidente declaró que estos grupos son "defensores de los terroristas" y "son la fachada de la estrategia terrorista".
Ésta no es la primera vez en que el vicepresidente Giampietri ha acusado a organizaciones de derechos humanos no-gubernamentales de haber actuado a favor de grupos subversivos. "No parece ser coincidencia que el vicepresidente Giampietri intente intimidar precisamente a las organizaciones que están al frente del esfuerzo por enjuiciar a agentes del estado, incluyendo a oficiales militares y policiales, que cometieron graves abusos de derechos humanos en el contexto del conflicto interno armado (1980-2000)", dice Jo-Marie Burt, investigadora afiliada a WOLA y docente de la Universidad de George Mason. IDL y APRODEH representan a víctimas de la masacre carcelaria de El Frontón en 1986, un caso en el cual Giampietri, un capitán naval quien fue uno de los dos oficiales a cargo del operativo, ha sido citado como testigo.
"Los ataques del vicepresidente no son únicamente infundados, sino también son profundamente irresponsables, al grado de que pudieran colocar en peligro la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú", continuó Burt. "WOLA hace un llamado al gobierno peruano a denunciar de manera expresa y enérgica las recientes acusaciones del vicepresidente, y a salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú".
Contacto:
Kristel Mucino
Coordinadora de Comunicaciones
kmucino@wola.org
(617) 584-1713
John Walsh
Coordinador de Programa
jwalsh@wola.org
(202) 797-2171
Jo-Marie Burt
Investigadora Afiliada y Docente en la Univ. de George Mason
jmburt@gmu.edu
(703) 946-9714
