7 Apr 2011 | Noticias

Plan de acción para el TLC entre EEUU y Colombia se queda corto en la protección de derechos

Washington, D.C.– El plan de acción que fué firmado hoy entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para dar impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) se queda corto en cuanto a garantizar condiciones justas y seguras en las que los trabajadores de Colombia puedan ejercitar sus derechos, y de igual manera no reconoce problemas más amplios de seguridad y derechos humanos, según el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

“Podríamos ver los mismos escalofriantes números de asesinatos de sindicalistas cuando el TLC entre en vigencia, y no hay nada en este acuerdo o en el tratado mismo que impida que el tratado siga adelante”, aseguró Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos. En Colombia, 51 sindicalistas fueron asesinados en el 2010 y Colombia sigue siendo el líder a nivel mundial de violencia anti-sindical.

En el plan de acción el gobierno de Colombia se compromete a tomar pasos importantes tales como expandir los programas de protección para sindicalistas y a designar a 100 inspectores laborales, para que investiguen los abusos cometidos por las llamadas “cooperativas”, que han servido para limitar los derechos de los trabajadores. Nuestras organizaciones valoran que la administración de Obama ha insistido en vincular al TLC con los avances en la protección a los sindicalistas así como con los derechos laborales; al igual que valora que la administración de Santos ha asumido este reto. Pero creemos que toma tiempo y voluntad política garantizar que las palabras y los planes se traduzcan en una reducción significativa de la violencia y en la posibilidad de un ejercicio efectivo de los derechos laborales. La prioridad parece ir encaminada más en finalizar el tratado antes de que el año termine, que en asegurar que se produzcan resultados reales y de largo plazo.

Más aún, el plan de acción hace muy poco por resolver los problemas estructurales que causan la violencia. “Los últimos 6 meses han visto un aumento en los ataques y amenazas en contra de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos”, afirmó Gimena Sanchez-Garzoli, coordinadora principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Encontramos incomprensible que el plan no incluya propuestas para desmantelar los grupos paramilitares así como los grupos armados sucesores que son la causa de una gran parte de la violencia en el país”.

“El plan no hace referencia a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas de Colombia, excepto en el caso de violencia cometida contra sindicalistas”, dijo Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia (USOC). “La Administración de Santos todavía tiene que mostrar avances en sancionar judicialmente a los responsables de los más de 3,000 casos de asesinatos de civiles cometidos supuestamente por miembros de las fuerzas armadas de Colombia. Incluso aquellos que han sido condenados se encuentran recluídos en cárceles que parecen más centros vacacionales de lujo[1], que prisiones”.

Más allá de las consideraciones en cuanto a los derechos laborales y los derechos humanos en general, nuestras organizaciones mantienen la preocupación sobre los posibles impactos que puede tener el tratado de libre comercio sobre la población rural, incluyendo comunidades afro-colombianas e indígenas, las cuales han sido gravemente afectadas por el coflicto.

“Todavía estamos a la espera de un plan ya sea del gobierno de Colombia o del gobierno de los Estados Unidos que identifique cómo se van a mitigar los posibles efectos devastadores del tratado sobre las economías campesinas, las cuales no pueden competir con producciones subsidiadas y de gran escala de los Estados Unidos. Si no se hace nada al respecto, estos campesinos pueden ser empujados a ingresar al mercado ilegal”, aseguró Kelly Nicholls de USOC.

 “¿Qué mecanismos hay dentro del plan que garanticen que los programas de desarrollo alternativo, en los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha invertido una gran cantidad de recursos, no se vean afectados y los campesinos regresen a cultivar coca?” preguntó Gimena Sánchez-Garzoli de WOLA. “A medida que el gobierno de Santos impulsa el retorno de los 5.2 millones de personas desplazadas por violencia a sus tierras, cuál es la estrategia para garantizar que la implementación del TLC no afecte la posibilidad de que esas personas permanezcan en sus tierras?”

La administración de Obama ha insistido en varias ocaciones en el que el Tratado de Libre Comercio sólo avanzará “de acuerdo con nuestros principios”. LAWG, USOC y WOLA coinciden en afirmar que aún no hemos llegado a ese punto.

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Para mayor información, por favor contactar a:

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, [email protected], (202) 546 7010 (o), (301) 537-3387 (c)

Kelly Nicholls, U.S. Office on Colombia, [email protected], 202 232 8090 (o)

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, [email protected], (202) 797 2171 (o)

 


[1]http://www.semana.com/noticias-nacion/tolemaida-resort/154427.aspx