Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra satisfacción por la condena a 35 años de prisión emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 11 personas, ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas el 7 de noviembre de 1985.
Según la sentencia, fundamentada en más de 300 folios y sustentada por abundante prueba pericial y testimonial, el General Arias Cabrales es responsable como autor de la desaparición forzada agravada de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazu Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, todos ellos civiles.
Para las organizaciones firmantes la condena supone un nuevo triunfo histórico para las víctimas y sus familiares, que llevan 25 años luchando por la obtención de la justicia. Junto con la condena a 30 años de prisión impuesta al coronel Plazas Vegas en junio de 2010, este nuevo pronunciamiento de la justicia colombiana presenta un gran avance en el afianzamiento del Estado de Derecho en Colombia, y un reconocimiento al derecho de las víctimas a obtener justicia por graves violaciones de derechos humanos y saber la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos. Dicho avance en la obtención de justicia constituye también un paso hacia adelante frente a la impunidad, que ha imperado por años en torno a las desapariciones forzadas en Colombia.
Resaltamos además, la firmeza, integridad, y valentía de los operadores judiciales abocados a este caso, dado que los mismos se han visto sometidos a la presión de sectores cercanos a los militares ahora condenados en el caso del Palacio de Justicia, así como a declaraciones rendidas por altos funcionarios del Estado que han puesto en tela de juicio la labor de la justicia.
En este sentido, consideramos de gran gravedad las declaraciones rendidas por el Presidente Juan Manuel Santos, así como por el ex Presidente Uribe, que han mostrado su apoyo al General Arias Cabrales al conocer la condena. El Presidente Santos manifestó al respecto, que ha habido muchas injusticias en el proceso, y que Arias Cabrales le entregó sus mejores esfuerzos a las Fuerzas Militares en la defensa de la patria. Igualmente, Santos señaló que espera que prospere la solicitud de apelación presentada por la defensa del militar ante el Tribunal Superior de Bogotá. El ex Presidente Uribe, por su parte, fue más lejos al indicar que espera que “el Parlamento, en coordinación con el Gobierno del Presidente Santos, encuentre una fórmula constitucional que salve el honor y la libertad de los militares que intervinieron en el Palacio de Justicia”.
Estas manifestaciones muestran un grave irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, y suponen una amenaza frente a todos aquellos funcionarios, operadores de justicia, y otras personas abocadas al conocimiento de esta y otras causas relativas a crímenes de Estado. Al respecto, el Estado debe garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, testigos, abogados y agentes judiciales que participan en los procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionarios del Estado colombiano, para que se retracten y muestren su respeto incondicional al Estado de Derecho y al acatamiento a las obligaciones internacionales del Estado, en cuanto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, recordamos a las autoridades colombianas que, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura y las desapariciones forzadas. Ello incluye toda limitación procesal que pretenda sustraer de la justicia u otorgar un beneficio procesal o penitenciario a los responsables de dichos ilícitos internacionales.
Latin America Working Group
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America
Center for Justice and International Law