El informe examina la efectividad de diversas estrategias para reducir la violencia en cuatro ciudades de Latinoamérica: Río de Janeiro, Brasil; Medellín, Colombia; Ciudad Juárez, México; y Santa Tecla, El Salvador. Las cuatro ciudades intentan mejorar la seguridad ciudadana mediante una combinación de estrategias policiales inteligentes y mayor inversión social en las comunidades marginadas más afectadas por el crimen.
En Río de Janeiro, el gobierno implementó una nueva policía comunal en las favelas, donde dominaban las pandillas de delincuentes y donde ahora el gobierno ha podido proveer servicios públicos. Aunque se han presentado quejas acerca del comportamiento de la policía, muchos residentes han manifestado esperanza al respecto. Solo resta ver si las inversiones del gobierno podrán sostenerse en un plazo determinado necesario para reducir el crimen.
En Medellín, los esfuerzos ambiciosos de las autoridades municipales para aumentar la vigilancia e invertir en las comunidades marginadas de los cerros se realizaron durante un periodo de calma en el conflicto violento entre grupos de crimen organizado. La competencia entre grupos narcotraficantes se ha intensificado de nuevo, de modo que los niveles de violencia han aumentado gradualmente. No obstante, los esfuerzos de la ciudad evitaron que la violencia se disparara a los niveles anteriores.
En Ciudad Juárez, el gobierno optó por la inversión social al ver que la intervención policial y militar no lograba reducir los niveles de violencia. Sin embargo, los programas sociales apenas han comenzado, y la implementación enfrenta obstáculos y carece de cohesión. De todas maneras, las autoridades y los grupos comunitarios están de acuerdo en cuanto a la dirección en la que se dirigen los programas; carecen solamente de recursos adicionales y mejor liderazgo.
En Santa Tecla, mediante un esfuerzo plurianual, la alcaldía ha logrado desarrollar consejos comunales y programas locales para la prevención de la violencia. Los niveles de homicidio, aunque se mantienen elevados, han caído por debajo de los de comunidades aledañas.
El informe concluye, entre otras cosas, que:
- Las políticas de ‘mano dura’ empleadas por varios gobiernos de la región sencillamente no funcionan.Enviar a la policía o al ejército a comunidades con poca presencia estatal, que llevan largos periodos de tiempo afectados por la violencia, puede aun empeorar la situación. Esto es particularmente cierto cuando los oficiales actúan con total impunidad.
- Los políticos deben tomar en cuenta el hecho de que el crimen y la violencia surgen a raíz de la exclusión social, política y económica.Por lo tanto, deben impulsarse medidas para ‘revertir la exclusión’ mediante la provisión de servicios sociales y fuerzas de orden público.
- Los ciudadanos cuyas vidas han sido más afectas por la violencia deben ser incorporados al proceso de diseño e implementación de soluciones para sus comunidades. Es decir, la coordinación entre agencias gubernamentales, grupos comunitarios, proveedores de servicios y residentes es clave para el desarrollo de medidas que a largo plazo puedan lograr una reducción permanente de la violencia y un mejoramiento en los estándares de vida de los residentes.
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