La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) lamenta el incendio trágico de anoche en Comayagua, Honduras, que cobró las vidas de al menos 350 presos. Los informes iniciales indican que los llamados de auxilio de los prisioneros no fueron escuchados y que los servicios de emergencia no pudieron localizar a los guardias con las llaves para liberarlos (aun peor, informes que salieron el 16 de febrero indicaron que por lo menos la mitad de los presos ni habían sido acusados formalmente de un delito). El Informe de Derechos Humanos de 2010 del Departamento de Estado criticó fuertemente al gobierno de Honduras por las malas condiciones de las cárceles que incluyen el hacinamiento, infraestructura decaída y condiciones insalubres. Las 24 cárceles en Honduras tienen una capacidad de hasta 8.000 personas; sin embargo, las estimaciones sobre la sobrepoblación varían entre 11.000 a 13.000 personas debido a una ley que se aprobó en el 2003 en contra de las pandillas en Honduras. Esta ley aumentó la población encarcelada y mantuvo un enfoque principalmente represivo hacia la situación de seguridad.
“Esta es una situación que pudo haber sido evitada”, comentó Vicki Gass, coordinadora principal de WOLA para el programa de Derechos y Desarrollo. “El gobierno hondureño ha sido señalado de esta necesidad de reformas penitenciarias desde hace mucho tiempo y ha prometido llevarlas a cabo, sin embargo, como muchas promesas de la administración actual y de las administraciones anteriores, no se han cumplido”.
“También es una indicación clara de que la política de favorecer el encarcelamiento en lugar de la prevención y la rehabilitación no resuelve el problema de las pandillas y la violencia—solo contribuye a las condiciones insostenibles e inhumanas de las cárceles”, añadió Gass.
*Actualizado el 16 de febrero para reflejar los informes más recientes.
