11 Apr 2012 | Noticias

Avances en los derechos humanos y labores se deben cumplir antes de que el Tratado de Libre Comercio con Colombia entre en vigor

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Latin America Working Group (LAWG), la Oficina de los EEUU sobre Colombia (U.S. Office on Colombia, USOC), el Centro para la Política Internacional (Center for International Policy, CIP), y U.S. Labor Education in the Americas (USLEAP), instan que, en la Cumbre de las Américas esta semana o en sus reuniones posteriores con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el Presidente Obama abstenga de declarar que se han aplicado efectivamente los elementos claves del Plan de Acción Laboral (PAL), el cual es vinculado al Tratado de Libre Comercio. Los informes desde Colombia indican que la situación de los derechos humanos y laborales en Colombia no ha mejorado de suficientemente manera para que el Tratado de Libre Comercio (TLC) se pueda aplicar entre los dos países con igualdad de condiciones.

El 7 de abril de 2011, los gobiernos de los EEUU y Colombia anunciaron la firma del Plan de Acción Laboral EEUU-Colombia. En ella, ambos gobiernos expresaron su compromiso de establecer igualdad de condiciones en las oportunidades económicas para los sectores estadounidenses, así como proveer las garantías que los trabajadores colombianos “tengan las condiciones de trabajo aceptables y el respeto para los derechos laborales fundamentales”. El gobierno colombiano confirmó su obligación de proteger los derechos laborales que son reconocidos al nivel internacional, prevenir la violencia contra los líderes sindicales, y enjuiciar a los autores de esa violencia. El PAL explica los cambios necesarios para proteger a los sindicalistas, protegerlos de los abusos de los derechos laborales, eliminar el modelo abusivo de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) y avanzar en procesos judiciales contra los autores de la violencia antisindical. El gobierno estadounidense anunció que se ha comprometido a reformar la situación de seguridad para todos los colombianos, responder a las necesidades de las víctimas y mejorar el estado de derecho. La implementación de los elementos claves del PAL es una condición previa para que el Tratado de Libre Comercio EEUU-Colombia entre en vigor.

Es demasiado pronto para los EEUU declarar que se ha logrado progreso suficiente según los términos del PAL. Al hacer eso, el gobierno estadounidense perdería una oportunidad enorme para mejorar significativamente los derechos laborales en Colombia. Si bien se han emitido una serie de leyes y reglamentos, unos elementos claves del PAL siguen sin cumplirse, como se evidencia en el fracaso de Colombia en prohibir totalmente las cooperativas de trabajo problemáticas y las otras formas de intermediación laboral antisindicales. Por otra parte, en los sectores señalados como prioritarios en el PAL como el azúcar y los puertos, las empresas están implementado modelos parecidos a las CTA con nombres diferentes para emplear a los trabajadores y negar sus derechos. El gobierno colombiano no está actuando con eficacia para prevenir esta situación, conforme a lo estipulado por el LAP. Sigue siendo una práctica común despedir a los trabajadores que desean afiliarse a los sindicatos y luego estigmatizar a estos trabajadores para que no puedan encontrar empleo en otros lugares, llevándolos a la pobreza.

Los y las activistas sindicales permanecen en grave peligro en Colombia. Treinta sindicalistas fueron asesinados en 2011 y cuatro sindicalistas han sido asesinados en 2012 hasta la fecha. La situación de seguridad de los y las defensores de derechos humanos en general se deterioró considerablemente en 2011, con ataques que aumentaron un 36% en comparación con 2010. De los 49 defensores de derechos humanos asesinados en 2010, 19 eran líderes indígenas. Colombia tiene que hacer que se cumple el estado de derecho, con el fin de señalar a los perpetradores que no se tolerarán más ataques contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y comunitarios, u otras violaciones de derechos humanos.

En lugar de avanzar, el gobierno colombiano está dando pasos hacia atrás con respecto a las violaciones de derechos humanos. El proyecto de ley para reformar la justicia penal militar actualmente bajo consideración en el Congreso colombiano podría dar lugar a que muchos tipos de delitos de violación de derechos humanos cometidos por el ejército volverían a los tribunales militares, así haciendo retroceder los avances históricos en la justicia colombiana. El proyecto de ley “marco jurídico para la paz” permitiría que el sistema de justicia suspenda penas existentes para los delitos cometidos por los actores del conflicto armado. Estas disposiciones no solamente impulsarán garantías para la impunidad para violaciones de derechos humanos, pero también constituyen una violación de las condicionamientos de derechos humanos vinculadas a la asistencia militar de los EEUU a Colombia.

Mientras que el gobierno de Santos ha mejorado su retórica pública en materia de los derechos humanos, las medidas que ha adoptado no han logrado mejorar adecuadamente la protección para los y las defensores de los derechos humanos. En la ley de victimas y restitución de tierras del Presidente Santos, una iniciativa que apoyamos en esencia, hay una grave falta en materia de protección a las víctimas. Incluso antes de que la ley se haya aplicado plenamente, 26 líderes de tierra han sido asesinados durante el gobierno de Santos. Además, nuevas víctimas se siguen generando en Colombia debido al actual desplazamiento forzado relacionado con el conflicto y los abusos cometidos por los grupos armados. Para que haya protección efectiva a las comunidades, líderes de tierra, sindicalistas y defensores de derechos humanos, los EEUU debe expresar su profunda preocupación por la expansión de los grupos paramilitares e exhorta a que tomen acciones decisivas para desmantelar sus operaciones. El gobierno colombiano también tiene que desarrollar un plan de las agencias civiles, bien financiado y coordinado, para proteger a los y las líderes de tierras  y las comunidades a través de una cuidadosa consulta con las partes afectadas.

En lugar de hacer evaluaciones prematuros sobre avances en los derechos humanos y laborales—juicios que no son compatibles con los hechos—los EEUU debe aprovechar de la oportunidad de la reunión en Cartagena para animar a su aliado para hacer nuevas reformas. Por último, el gobierno de los EEUU debe responder a una oportunidad histórica, presentada por la liberación de los rehenes y el anuncio de las guerrillas de las FARC que están abandonando el secuestro con fines de lucro, para promover una solución negociada al prolongado conflicto que ha socavado la seguridad y los derechos humanos en Colombia durante muchas décadas.

Para más información póngase en contacto con:

Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva, Equipo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Gimena Sánchez, Asociada Mayor, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Dana Brown, Directora Ejecutiva, Oficina de los EEUU sobre Colombia (USOC)

Abigail Poe, Directora Adjunta, Centro de Política Internacional (CIP)

Stephen Coats, Director Ejecutivo, Proyecto Estadounidense para la Educación Laboral en las Américas (USLEAP)