25 Apr 2012 | Noticias

Organizaciones estadounidenses envian carta al Senado mexicano sobre la reforma del Código de Justicia Militar

WOLA, el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro de Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy enviaron una carta a miembros del Senado mexicano exigiéndoles a aprobar reformas al Código de Justicia Militar conforme a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un dictamen que incorpora elementos esenciales para la reforma integral al Código de Justicia Militar fue aprobado en las Comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativas el 19 de abril. Esto incluye el establecimiento de que los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles serán de competencia exclusiva de las autoridades y tribunales civiles.

En la carta, las organizaciones les solicitaron a los senadores que atiendan a ciertas áreas de la reforma que faltan claridad sobre las limitaciones del papel de las autoridades militares y el marco legal militar. Las organizaciones consideran que es esencial que las investigaciones de los abusos cometidos por militares sean de la competencia exclusiva de las autoridades civiles y que la Policía Ministerial Militar y/o el ministerio público militar deben tener la obligación de avisar de inmediato a las autoridades civiles cuando tengan conocimiento de cualquier caso de abuso; también expresan su preocupación sobre la posibilidad de que haya juzgados o tribunales especiales para militares en el sistema civil.

Como WOLA y otras organizaciones han destacado, el Código de Justicia Militar tiene que ser reformado para excluir todas las presuntas violaciones a los derechos humanos del fuero militar y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene que comenzar a remitir activamente los casos a la jurisdicción civil. Esta reforma es necesaria para cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con los requisitos incluidos en el apoyo de los EE.UU. a México mediante la Iniciativa Mérida.

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