Washington, D.C.—La semana pasada, el congreso paraguayo hizo un juicio político que condenó y reemplazó al presidente Fernando Lugo en un periodo de treinta horas—un proceso que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha descrito como antidemocrático.
“Aunque tiene la apariencia de ser legal, el presidente Lugo fue forzado fuera de su cargo”, dijo Joy Olson, Directora Ejecutiva de WOLA. “En la escala de formas antidemocráticas de remover presidentes en Latinoamérica, no llega a ser tan grave como el caso de Honduras, pero el resultado es el mismo”.
La elección de Lugo en el 2008 marcó la primera vez en más de sesenta años que un candidato de oposición al Partido Colorado ganó la presidencia en Paraguay. La coalición política de Lugo prometía un enfoque político nuevo y más inclusivo, y su victoria sugería que el sistema político de Paraguay podría volverse más abierto y diverso.
“Aunque una gran mayoría del Congreso votó a favor de la destitución de Lugo, el juicio político es el último paso en el proceso democrático, y nunca debería ser acelerado. Es trágico que el gobierno de Lugo termine con otra marca negra en la democracia paraguaya”, dijo Olson.
El vicepresidente Federico Franco adquirió el cargo a través de un juicio político rapidísimo que no le permitió al presidente Lugo suficiente tiempo para defenderse y, por lo tanto, no cumple con los estándares democráticos. En este momento, WOLA no cree que los Estados Unidos debería reconocer a Franco como presidente de Paraguay.
Foto por Juan Alberto Pérez
