Washington, DC—Hoy, el congresista estadounidense Jim McGovern (D-MA) y otros 32 congresistas más enviaron una carta a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, pidiéndole que solicite información específica sobre abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Esta información permitirá que el gobierno de los Estados Unidos evalúe de manera acertada la conformidad del gobierno mexicano con los requisitos en el área de derechos humanos, los cuales forman parte del paquete de asistencia para seguridad de la Iniciativa Mérida. Esta información es fundamental para que el Departamento de Estado pueda presentar un informe preciso al Congreso. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), México no ha cumplido con los requisitos de derechos humanos determinados en la Iniciativa Mérida.
“Las violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura, siguen siendo prácticas sistemáticas en México”, afirmó Maureen Meyer, Coordinadora Principal para el Programa de México y Centroamérica en WOLA. “Hasta la fecha el gobierno mexicano no ha responsabilizado a la gran mayoría de militares y policía de los abusos que cometen”.
El Congreso EE.UU. ha determinado que el 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida se otorgarán solamente si haya avances en áreas prioritarias de derechos humanos. Para poder otorgar los fondos cada año, el Departamento de Estado tiene que presentar un informe al Congreso verificando que el gobierno mexicano haya logrado suficientes avances en las áreas prioritarias.
La publicación del informe anual del Departamento de Estado es una gran oportunidad para adquirir una rigurosa y precisa evaluación de estos puntos de referencia para los derechos humanos en México. Desgraciadamente, como lo especifica la carta enviada por los congresistas, “—el gobierno mexicano no está implementando las reformas necesarias para proteger a sus ciudadanos, y las fuerzas de seguridad mexicanas no tienen que rendir cuentas por graves abusos”. En vista de que desde el 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha registrado una quintuplicación en el número de quejas de violaciones de derechos humanos—incluyendo tortura, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones—cometidas por miembros del ejército y la policía federal mexicana, estas reformas son particularmente urgentes.
“México tiene que demostrar que han sido avances reales y no sólo procesar a un grupo pequeño de militares y policía por las violaciones de derechos humanos que cometen. También se tiene que procesar a los militares en la jurisdicción civil, no el militar”, dijo Meyer. “Lamentablemente, actualmente este no es el caso, y el Departamento del Estado debe reflejar esta realidad”.
En la carta, el Congresista McGovern y otros 32 congresistas más le piden a la Secretaria Clinton que obtenga información específica, incluyendo información de casos que aun siguen siendo investigados, sobre la conformidad de México con los requisitos de derechos humanos. La carta señala que “Si, al obtener la información, el Departamento de Estado determina que los requisitos de derechos humanos no están siendo cumplidos, creemos que el informe debe de reflejar esta conclusión y el 15% de los fondos deben de ser retenidos”.
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