28 Nov 2012 | Noticias

Mantenga el estado de derecho y los derechos humanos en la agenda binacional con México

Declaración de WOLA y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Conforme el presidente electo de México Enrique Peña Nieto y el Presidente Obama se preparan para reunirse en Washington, D.C., el 27 de noviembre, el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad ciudadana en México deben ser los temas centrales en el debate acerca del futuro de las relaciones entre los dos países. Mientras que Peña Nieto ha expresado su deseo de cambiar el enfoque de la relación bilaterallejos de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para poner un mayor énfasis en los asuntos económicos como la inversión, el comercio y la energía, parece poco probable un cambio dramático en el enfoque de la relación entre EE.UU. y México.

Desde el 2008, los EE.UU. ha destinado casi $2 mil millones de dólares en ayudapara la seguridad a México a través de la Iniciativa Mérida, incluyendo alrededor de $800 millones aún en proceso. Estos fondos y las preocupaciones actuales de seguridad, incluyendo los cambios recientes presentados contra 14 agentes de la Policía Federal mexicanapor el intento de asesinar a dos agentes de la CIA y un infante marina mexicano en un tiroteo en agosto afuera del Distrito Federal, que quede claro que el tratar los desafíos de seguridad continuará siendo una prioridad en la agenda bilateral. Conforme Obama y Peña Nieto se preparan para reunirse y tratar el futuro de la cooperación bilateral, la cuestión de cómo se avanzará en los siguientes tres puntos debe estar sobre la mesa: la implementación total de la reforma judicial a nivel federal y estatal; el fortalecimiento de los mecanismos para que la policía sea responsable de sus acciones; y respaldar las reformas del Código de Justicia Militar de México para asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los soldados sean investigadas y juzgadas en el fuero civil y no en el fuero militar.

“Peña Nieto necesita intensificar los esfuerzos para crear instituciones efectivas y que respeten los derechos en las cuales los mexicanos puedan confiar. Los EE.UU. debe continuar apoyando el proceso de México para construir instituciones responsables”.

-Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica de WOLA

El hecho de no avanzar en estas áreas representaría un retroceso significativo en la creación de instituciones que respeten los derechos en las cuales los ciudadanos mexicanos puedan confiar y arriesgaría los millones de dólares que EE.UU. ha invertido para apoyar los esfuerzos de reforma institucional de México en los últimos cinco años.

1. La implementación total de la reforma del sector judicial a nivel federal y estatal.

La capacidad de investigar, juzgar y sancionar efectivamente a quienes cometan delitos es un elemento esencial para asegurar el estado de derecho. Sin embargo, se estima que menos del 25 por ciento de los delitos en México son reportados a las autoridades y que sólo el dos por ciento de estos resultan en una condena. En el 2008, México aprobó una reforma histórica para transformar su sistema judicial a un modelo judicial contradictorio donde la parte acusatoria y la defensora presenten argumentos y pruebas en una audiencia pública. En teoría, estas reformas deben de reducir la posibilidad de que los testimonios obtenidos a través de la tortura sean admitidos en los procedimientos judiciales, lo que continúa siendo una práctica generalizada en México. Las denuncias de tortura y trato cruel presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han aumentado más del 400 por ciento en los últimos seis años.

La fecha límite para la implementación total de la reforma del sector judicial fue fijada para el 2016. Ahora, a la mitad del período de implementación, el progreso se ha retrasado. De los 32 estados de México, incluyendo al Distrito Federal, sólo tres estados están funcionando totalmente bajo el nuevo sistema judicial y nueve estados adicionales sólo son parcialmente operativos. No fue sino hasta septiembre de 2011, más de tres años después de que la reforma fue aprobada, que el Presidente Calderón presentó una propuesta al Congreso mexicano para reformar el Código Penal Federal. Esta propuesta no fue aprobada y ahora le toca al presidente electo Peña Nieto presentar una nueva propuesta y promoverla para su aprobación.

Como candidato, el presidente electo Peña Nieto declaró que implementaría la reforma judicial al 100 por cientoa nivel estatal y federal. Un compromiso claro para avanzar en la implementación de la reforma del sector judicial, incluyendo las salvaguardias para garantizar que las confesiones obtenidas a través de la tortura no sean admitidas como evidencia en ninguna circunstancia, será importante para crear el sistema judicial efectivo que México necesita. A través de la Iniciativa Mérida, los EE.UU. ha respaldado estos esfuerzos de reforma, incluyendo la capacitación de más de 9,000 funcionarios del sector judicial federal y estatal sobre temas que incluyen los litigios, protección de testigos y desarrollo y manejo de casos. Los EE.UU. debe continuar con este sólido respaldo conforme sea necesario para fortalecer el estado de derecho y poner fin al ciclo de impunidad en el país.

2. Fortalecimiento de los mecanismos para que la policía sea responsable de sus actos.

Los ambiciosos planes del presidente electo Peña Nieto para ampliar y reestructurar las fuerzas de la policía federal, junto con las deficiencias de larga data de los departamentos de la policía estatal y local, significa que un compromiso con la responsabilidad policial es crítico para mejorar tanto el respecto de los derechos humanos como la eficacia de las fuerzas mexicanas de seguridad.

Mientras que el Gobierno mexicano ha invertido muchos recursos en la capacitación de la reconstituida policía federal y los EE.UU. ha proporcionado respaldo para estos esfuerzos, las violaciones documentadas por la CNDH plantean serias preocupaciones respecto al desempeño de la policía. En el 2011, la CNDH recibió 767 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la policía federal, hasta 595 denuncias en 2010 y 141 en el 2009. Las investigaciones exhaustivas por la CNDH han determinado que los agentes de la policía federal han sido responsables de delitos graves que incluyen el disparar a manifestantes desarmados y detener arbitrariamente, torturar y asesinar a civiles.

“Ahora es un momento histórico en el cual Peña Nieto y Obama pueden unirse para construir una agenda de seguridad bilateral para sus próximas gobiernos que refuerce los derechos humanos y se avoque a las causas raíz de la violencia”.

-Jennifer Johnson, Coordinadora Principal del Programa de México y Política Fronteriza de LAWG

Uno de los elementos distintivos de los esfuerzos de reforma policial del Presidente Calderón fue la creación de centros de control de confianza que llevan
a cabo revisiones anuales del desempeño de la policía al utilizar una evaluación de cinco partes para determinar si los oficiales son aptos para el servicio. A la fecha, aproximadamente el 65 por ciento de los organismos mexicanos de aplicación de la ley ha sido evaluado y de estos, el 15 por ciento no aprobó los exámenes. Es alarmante, casi el 80 por ciento de la policía que no ha aprobado su evaluaciónpermanece en el servicio, señalando los problemas en curso con el proceso de investigación en el país.

Reforzar la capacitación y la profesionalización de las fuerzas policiales de México es sin duda importante, pero estos esfuerzos no serán eficaces a menos que los oficiales también conozcan que los abusos y los actos criminales serán investigados y sancionados. La transparencia y la responsabilidad, incluyendo los controles internos y externos para investigar la corrupción y el abuso, deben ser prioridades para el entrante Gobierno mexicano para evitar violaciones de los derechos humanos y otros abusos por parte de sus fuerzas policiales. Los EE.UU. debe profundizar su apoyo para estos esfuerzos.

3. Respaldar las reformas al Código de Justicia Militar de México para asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los soldados sean investigadas y juzgadas en el fuero civil y no militar.

La impunidad de los abusos generalizados contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad continúa siendo la norma en México. Ni una sola de las 7,337 denuncias de violaciones a los derechos humanospresentadas contra el ejército durante la Administración de Calderón—incluyendo casos de tortura, violación, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas—ha dado lugar a una condena en el fuero civil. Un reporte de septiembre de 2012 emitido por los estados mexicanos militares que desde 2006, los tribunales militares han sentenciado sólo a 38 soldados por abusos contra los derechos humanos; de estos casos, once son por incidentes que ocurrieron antes de que el Presidente Calderón asumiera el cargo en diciembre de 2006.

Desde 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido cuatro sentencias que obligan al Gobierno de México a realizar reformas para asegurar que los abusos de los derechos humanos cometidos por el ejército contra civiles sean escuchados en el sistema judicial civil y no militar. A la fecha, tanto el legislativo como el ejecutivo no han logrado aprobar la reforma del Código de Justicia Militar de México. Aunque la ausencia de dicha reforma no es un impedimento legal legítimo de procesar casos en el fuero civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha dejado claro que no transferirá activamente los casos de supuestas violaciones a los derechos humanoscometidas por los soldados al fuero civil hasta que el Código de Justicia Militar sea reformado.

Durante su visita a México en enero de 2011, la Secretaria de Estado Clinton declaróque México “debe asegurar que cualquier violación a los derechos humanos cometida por el ejército contra civiles sea tratada en el fuero militar”. El Presidente Obama debe expresar claramente este mensaje al presidente electo Enrique Peña Nieto y presionar por el progreso en la investigación y sanción de los miembros del ejército quienes se encuentren responsables de las violaciones de los derechos humanos. Ahora es un momento histórico en el cual se requiere del liderazgo y la voluntad política de Peña Nieto para crear fuerzas de seguridad más responsables y efectivas que cuenten con la confianza de la ciudadanía. El progreso concreto hacia responsabilizar a los soldados por los abusos a los derechos humanos en el fuero civil es un componente esencial para obtener esa confianza.
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Traducción por Marcela Andere