Washington, D.C.—Desde 1960 hasta 1996, Guatemala sufrió un conflicto armado interno en cual más de 200,000 de personas fueron matadas, frecuentemente en masacres cometidas por las fuerzas de seguridad. Es innegable que las graves violaciones de derechos humanos ocurrieron a manos del Estado, como ha sido documentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue respaldada por la ONU. En años recientes, ha ocurrido algunos procesos judiciales, pero hasta la fecha ningún oficial de alto rango de las fuerzas arma ni el gobierno ha sido procesado por estos asesinatos.
El juicio actual contra el ex presidente de facto José Ríos Montt y el anterior Director de Inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez para sus roles en las atrocidades cometidas durante el mandato de Montt de 1982-1983 y su persecución de las indígenas Ixiles, las cuales la Comisión para el Esclarecimiento Histórico catalogó como actos de genocidio, muestra que el país está empezando el proceso difícil de abordar el pasado con el fin de construir una futura basada en el respeto a la justicia y el Estado de derecho.
“Lo que sucede en este juicio probará si el sistema penal en Guatemala es capaz de administrar la justicia imparcialmente,”dice el Director de Programas de WOLA, Geoff Thale, quien estuvo presente en la fase inicial del proceso judicial. “Tendrá implicaciones en el futuro para otros de derechos humanos, y más allá para la justicia criminal y el Estado de Derecho.”
Desafortunadamente, grupos pequeños pero influénciales de la sociedad Guatemalteca que se oponen al Estado de derecho y que no desean que predomine la justicia han iniciado tentativas para desacreditar y socavar el proceso judicial. Estos grupos han lanzado campañas de difamación contra los testigos y los abogados de la acusación. También han publicado campos pagados en los periódicos que falsamente declaran que el juicio amenaza la estabilidad política en el país. Después de la acusación formal, el juicio duró un año en llegar a las etapas iniciales de juicio porque los abogados de Ríos Montt presentaron casi 100 amparos. Ahora, después de que fuera presentado la evidencia contra Ríos Montt y su Director de Inteligencia en una manera convincente, y mientras que el juicio llega a su fin, están surgiendo nuevos atentos de demorar el proceso y quizás desbaratar el proceso judicial.
El 18 de abril, los abogados del general Ríos Montt abruptamente abandonaron la sala, dejando a sus clientes sin representación y de esa manera paralizando el juicio. Ese mismo día, la jueza Carol Patricia Flores, quien había sido recusada de participar en el proceso en sus etapas iniciales en noviembre de 2011, ordenó que el juicio se anulara porque acababa de enterarse de que su apelación para ser reintegrada en el caso había sido aceptada. El presidente del tribunal, el juez Jazmín Barrios, y la Fiscal General Claudia Paz y Paz se opusieron, argumentando que la orden de la jueza Flores era ilegal. El juez Barrios detuvo el proceso judicial y solicitó a la Corte Constitucional resolver el conflicto. El Tribunal Constitucional está estudiando esto y otros asuntos legales ahora. Ayer, el Tribunal de Justicia declaró que el derecho de Ríos Montt a la defensa había sido violado y necesita ser restaurado, pero no descartó la anulación del procedimiento, como la prensa informó erróneamente ayer por la tarde. Los informes sugieren que el Tribunal Constitucional puede pronunciarse hoy sobre la legalidad de la decisión de la jueza Flores de declarar nulo el proceso el 18 de abril.
“Si bien hay muchas cuestiones legales en juego aquí, es difícil evitar la conclusión de que se trata de tácticas dilatorias e intentos para anular el juicio, debilitando el estado de derecho. Esa es una preocupación para el caso Ríos Montt, y la preocupación por el sistema de justicia en general”,dijo la Asesora Principal para WOLA Jo-Marie Burt, quien encabezó una delegación de juristas latinoamericanos para observar el juicio la semana pasada. “Como señalaron los observadores internacionales durante nuestra visita a Guatemala, se emplearon tácticas similares en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori en el Perú y en juicios similares en Chile y Argentina después de sus guerras sucias”, dijo Burt. “En esos casos, las tácticas dilatorias fallaron, los juicios se desarrollaron, y el Estado de derecho se afirmó.”
WOLA se complace en saber que el Embajador estadounidense para Asuntos de Crímenes de Guerra, Stephen Rapp, viajará a Guatemala hoy para asistir a reuniones y consultas relacionadas con el juicio de Ríos Montt, y tiene previsto asistir al juicio si se reanuda durante su estancia en Guatemala. Ésta es una señal importante de interés internacional en el juicio y las cuestiones más amplias de respeto al estado de derecho que representa. Miles y miles de víctimas de la violencia estatal y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala han esperado décadas por la justicia, y el compromiso de la justicia debe prevalecer sobre la ofuscación procedimental. Continuar con esta prueba dará a Guatemala la oportunidad de mostrar su verdadera dedicación a la construcción de una sociedad basada en el Estado de derecho.
Contacto:
Jo-Marie Burt
Asesora Principal en WOLA
jmburt.wola@gmail.com
202-797-2171
