El 31 de julio, WOLA—junto con 15 organizaciones hondureñas, 25 organizaciones internacionales y 7 individuales—le envió una carta a la Coordinadora de la Comisión Interventora del Ministerio Público de Honduras sobre el asesinato de la jueza Mireya Mendoza Peña. La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013 en la ciudad de El Progreso, Honduras, alrededor del mediodía, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.
La carta destaca que “…para las organizaciones firmantes, el asesinato de la jueza Mendoza no solamente implica la irreparable pérdida de una abogada comprometida con la justicia y la democracia, sino que su muerte es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador que esta clase de sucesos tiene en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia”.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, desde enero de 2010, 64 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas, y el 97 por ciento de los casos están impunes. La carta afirma que “el efecto que este tipo de hechos genera en los operadores de justicia es devastador. En especial, si no se investiga y sanciona a la totalidad de los responsables–tanto materiales como intelectuales–el Estado estaría tolerando estos actos y con ello se intimidaría la labor independiente e imparcial de jueces y otros operadores de justicia”.
Los firmantes solicitan una investigación exhaustiva del asesinato para que se identifique y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales del acto.
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