Pronunciamiento de WOLA y DPLF
El 25 de junio pasado, el Fiscal General Luis Rubí y el Fiscal General Adjunto Roy Urtecho presentaron sus cartas de renuncia ante el Congreso Nacional de Honduras, por lo que se hace necesario seleccionar a los nuevos titulares del Ministerio Público. Teniendo en cuenta la debilidad institucional por la que atraviesa Honduras así como la seria crisis de seguridad, la selección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto es un acontecimiento crucial que requiere garantizar que sólo las personas más idóneas y profesionalmente preparadas para enfrentar los desafíos que enfrenta la institución, sean seleccionadas para estos cargos. Por esa razón, DPLF y WOLA recuerdan a las autoridades del país que esto solo se puede asegurar a través de un procedimiento transparente, participativo y basado en una verdadera investigación de los méritos de los y las candidatos y candidatas.
Se está discutiendo actualmente cuándo debe tener lugar el proceso de selección (este año o el próximo, o antes de la aprobación de una nueva ley del Ministerio Público o después). Independientemente de cuándo se decida llevar a cabo la selección, consideramos que sólo un procedimiento que respete los parámetros de la transparencia, la participación y la consideración de los méritos de los y las candidatos y candidatas se apega a las normas internacionales en la materia. “Por eso, hacemos un llamado a incorporar un procedimiento que responda a estas características, el cual a su vez debe ser incorporado en la nueva ley del Ministerio Público”, señaló Mirte Postema, oficial del programa de independencia judicial de DPLF.
La Junta Interventora del Ministerio Público y la renuncia del Fiscal General
Para entender bien la importancia de este proceso de selección, es relevante recordar que el 17 de abril de este año, el Congreso Nacional de Honduras creó la llamada “Comisión Interventora del Ministerio Público” luego de las interpelaciones de los titulares de ese órgano, las cuales revelaron serios problemas de corrupción y la lentitud en la impartición de justicia. Durante esas comparecencias el Fiscal General dio a conocer que de la totalidad de los homicidios registrados en el país, solamente se investiga el 20 por ciento (y no todos esos casos llegan a juicio). La Comisión Interventora debía evaluar, depurar, y reestructurar al Ministerio Público y en el marco de su mandato, los titulares de la institución fueron suspendidos.
A finales de junio, casi un mes después de que la Comisión recomendó la renuncia de Rubí, la Comisión Nacional de Seguridad de Congreso recomendó que Rubí y Urtecho fueran separados de sus cargos por medio de un juicio político. La Comisión Legislativa criticó a Rubí por “incumplimiento grave de las funciones, atribuciones y obligaciones que constitucionalmente le competen al órgano”. Al día siguiente de conocerse la recomendación del Congreso, Rubí y Urtecho presentaron sus cartas de renuncia.
La elección del Fiscal
Ante una crisis de tal magnitud, agravada por el hecho de que Honduras es, según datos del 2012 del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 85.5 por 100,000 habitantes, resulta imperativo que, para encabezar el Ministerio Público, se seleccionen los profesionales más capaces, íntegros y preparados para enfrentar los enormes desafíos que aquejan al país. “Es importante recordar que el Ministerio Público no solamente juega un rol clave en la conducción técnica del proceso penal, sino también en la formulación de las políticas y estrategias de combate al crimen y la inseguridad—en conjunto con otros actores del poder ejecutivo y el poder judicial. Por esa razón, es un requisito indispensable que los y las candidatos y candidatas a Fiscal General y Fiscal General Adjunto demuestren su visión y capacidad en ese ámbito”, señaló Adriana Beltran, Coordinadora Principal del Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA.
La experiencia internacional demuestra que sólo procesos transparentes, participativos y basados en la investigación de los méritos de los y las candidatos y candidatas logran identificar los fiscales más preparados y comprometidos. Recientemente, esto ha quedado evidenciado en Guatemala, con la elección de la Fiscal General. Por estas razones, DPLF y WOLA recomiendan que el proceso de selección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto reúna las siguientes características:
- La entidad a cargo de la pre-selección de candidatos debe ser autónoma;
- El perfil del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto debe ser claro y debe ser previamente establecido. Debe responder a las actuales necesidades del Ministerio Público y debe incluir características como independencia e imparcialidad, honorabilidad, tener una historia de conducta intachable, conocimiento, visión, experiencia y compromiso con la institucionalidad de la fiscalía, los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia;
- El proceso de selección, incluida la forma en que se evaluará al candidato, debe estar claramente definido, así como las responsabilidades de cada actor que participa en el mismo;
- En todas las etapas del proceso debe garantizarse la transparencia y la publicidad;
- La entidad encargada de la selección debe prever la posibilidad de recibir observaciones de los distintos sectores de la sociedad sobre los candidatos y de investigar las eventuales tachas;
- Es recomendable la realización de audiencias públicas con los y las candidatos y candidatas para evaluar sus capacidades, y para que la ciudadanía los conozca.
DPLF y WOLA consideran que, para hacer frente a la impunidad que impera en el país, es de suma importancia fortalecer al Ministerio Público y la selección de sus titulares es un componente esencial para ello. Llamamos a la Junta Proponente, a cargo de llevar a cabo la elección, a garantizar la transparencia de este proceso y diseñar, antes de su inicio, un proceso de selección que reúna los elementos mencionados en el párrafo anterior, los que responden a estándares internacionales recogidos en diversas normas y práctica. Asimismo, recomendamos incorporar un procedimiento que responda a estas características en la nueva ley del Ministerio Público.
