El 6 de noviembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Israel Arzate Meléndez. Arzate había sido falsamente acusado de participar en la masacre del 31 de enero del 2010, en la que 15 estudiantes fueron asesinados en la colonia de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. Él fue detenido arbitrariamente el 3 de febrero del 2010 y posteriormente torturado por elementos del ejército mexicano hasta que se confesara a ser responsable por los crímenes. Desde entonces, él ha sido recluido, primero en la cárcel y luego, a partir de septiembre del 2012, bajo arresto domiciliario.
Organizaciones de derechos humanos, mexicanas e internacionales, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han abogado por la liberación de Arzate y han tratado posicionar su caso ante la opinión pública. Su liberación es en gran parte el resultado de la labor incansable y efectiva de las organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que han abogado a favor suyo.
El caso de Arzate subraya las preocupaciones actuales sobre el sistema judicial de México, especialmente el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones. Su confesión fue aceptada por los tribunales en el Estado de Chihuahua, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había verificado que la confesión había sido obtenida a través de tortura. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el uso de confesiones obtenidas mediante la tortura está prohibido en México; y que el Estado de Chihuahua es uno de los estados que han adoptado plenamente las reformas judiciales de México, las cuales tienen el propósito de proteger contra las irregularidades y abusos.
La decisión de la Suprema Corte es un paso importante hacia el respeto al debido proceso y los derechos humanos en México.
A pesar de esta decisión importante de la Suprema Corte, nos hemos enterado de las intenciones del gobierno de Chihuahua de acusar de nuevo a Arzate. Llamamos a las autoridades del gobierno de Chihuahua a poner fin a la criminalización pública de Arzate y asegurar la protección de él y de su familia.
