Washington, D.C.— Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas me’phaa, fueron torturadas y violadas en 2002 por soldados mexicanos en el estado de Guerrero. Después de casi doce años de una lucha incansable por parte de las dos mujeres, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” quienes llevaron los casos, y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos incluyendo WOLA, por fin se puede decir que las mujeres tienen la posibilidad de obtener justicia. En los últimos dos meses, el gobierno mexicano ha detenido a cuatro personas que fueron elementos activos del ejército mexicano cuando sucedieron los hechos.
“La detención de los presuntos responsables representa una victoria importantísima para estas mujeres que han luchado contra todo para obtener justicia, incluyendo amenazas, demoras y retrocesos en sus casos, y el desprestigio por parte de las autoridades a lo largo de sus esfuerzos”, señala Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa sobre México de WOLA.
Los procesos penales en contra de las cuatro personas detenidas son por los delitos de tortura, violación sexual y abuso de autoridad, entre otros. Las acciones fueron emprendidas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR). Los avances también son debidos al compromiso con los casos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y su titular, Ricardo García Cervantes.
“Reconocemos los esfuerzos del gobierno mexicano para avanzar en el cumplimiento de las sentencias dictadas a favor de estas mujeres valientes y esperamos que haya el mismo compromiso con los otros casos pendientes”, afirma Meyer.
WOLA ha acompañado a Inés Fernández y Valentina Rosendo y sus representantes por muchos años y hemos insistido al gobierno mexicano que cumple con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2010 la Corte determinó que el Estado mexicano era responsable por haber cometido violaciones de sus derechos humanos y ordenó al Estado mexicano tomar una serie de acciones, incluyendo detener y procesar, en un plazo de tiempo razonable, a los culpables, transferir los casos del fuero militar al fuero civil, la reparación del daño a las víctimas por medio del pago de indemnizaciones y otras medidas, y reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean investigadas y sancionadas en el sistema de justicia civil.
“Este caso, como otros casos emblemáticos, ha subrayado los grandes pendientes del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la impunidad que ha existido para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando los delitos son perpetrados por militares”, dice Meyer. “El acceso a la justicia para Inés y Valentina es esencial, pero no deberían de haber tenido que esperar casi 12 años y una sentencia de un tribunal regional, para ver este día”.
Mientras el Estado mexicano ha presumido grandes avances en derechos humanos, y ha aprobado reformas importantes en derechos humanos, tanto en el ámbito legislativo como en lo jurídico, la falta de avances para investigar y sancionar a los responsables en casos emblemáticos de derechos humanos ha puesto en entredicho las buenas palabras y reformas de sucesivos gobiernos mexicanos.
Al respecto, cabe resaltar que en el caso de los Campesinos Ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del ejército mexicano en 1999, a pesar de que la Corte Interamericana resolvió en 2010 que el Estado mexicano había violado sus derechos humanos, catorce años después de los hechos los Sres. Montiel y Cabrera siguen esperando que el Estado mexicano cumpla con su sentencia, incluyendo la investigación y sanción a los responsables de los delitos en su contra. También es importante subrayar que aunque ha habido debates en el Senado mexicano al respecto, aun no se ha reformado el Código de Justicia Militar y no hay claridad sobre la posibilidad de aprobar una reforma integral al respecto.
Con las acciones recientes en los casos de Inés y Valentina, el Estado mexicano ha cumplido con componentes importantes de las sentencias de la Corte Interamericana. Sin embargo, hace falta que los procesos legales contra las personas detenidas sean transparentes y apegados a las leyes nacionales e internacionales, sin interferencia de los poderes políticos ni del ejército mexicano. También, es imprescindible que el gobierno de México, durante el proceso y después del mismo, garantice la seguridad de las señoras Fernández y Rosendo, de sus familias y de sus representantes.
“La lucha de Inés Fernández y Valentina Rosendo es fundamental para México y para la consolidación de los derechos humanos en el país. Su victoria sentaría el precedente de que nadie está por encima de la ley y que la tortura y la violencia sexual no serán toleradas. Estas mujeres han hecho mucho por México y merecen justicia y ser reconocidas”, dijo Kristel Muciño, directora de comunicación de WOLA.
WOLA reitera su compromiso con Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de los juicios y esperamos que por fin haya justicia en sus casos.
Para ver un video de Valentina Rosendo hablando sobre su caso, viste esta página.
Para mayor información favor de comunicarse con:
Maureen Meyer
Coordinadora Principal del Programa sobre México
(202) 797-2171
mmeyer@wola.org
