Washington, D.C.—El 13 de enero de 2014 el Presidente del Perú, Ollanta Humala, promulgó la Ley 30151, que modifica el Código Penal del Perú y exime de responsabilidad penal a policías y militares que al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber. El resultado de estas modificaciones podría ser un incremento en el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. La norma también vulnera un principio básico de la democracia: el derecho a la igualdad— al eximir a los policías y militares de ser procesados si matan o hieren a civiles.
“Tomando en cuenta el alto nivel de conflictividad social en el Perú, este tipo de medida genera gran preocupación. Parece que esta ley tiene la intención de garantizar la impunidad cuando se abuse el uso de la fuerza”, asegura Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y experta en la política peruana.
La referida norma vulnera derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.Desde el fallo Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, emitida en 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derecho humanos, mientras ha reconocido en varios otros fallos el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener verdad y justicia.
Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos sociales latentes, muchos de ellos sobre la minería, y en los últimos dos años y medio se ha reportado 34 muertos y más de 500 civiles heridos en contextos de conflictividad social. En la actualidad existen diversos casos de efetivos policiales y militares denunciados por haber provocado la muerte o lesions de personas que participaban en manifestaciones o protestas sociales.
“Nuestra preocupación va más allá de esta norma, puesto que desde hace un año el Estado del Perú ha implementado una serie de normas sobre el accionar de las fuerzas armadas que consideramos incongruentes con el estado de derecho”, afirma la Dra. Burt.
En diciembre de 2012, por ejemplo, el Estado promulgó una ley que califica de secreta toda la información sobre la defensa y la seguridad nacional y considera un delito su difusión. En enero de 2013, el Estado promulgó otra norma que permite a las fuerzas armadas realizar el levantamiento de cadáveres en zonas de emergencia sin la presencia de un fiscal. “Este conjunto de normas parecen direccionadas a limitar la transparencia, debilitar los controles de la sociedad sobre el actuar del Estado, y asegurar la impunidad para los agentes del Estado”, asegura la Dra. Burt.
WOLA reconoce que existe el en Perú una gran preocupación social por los altos niveles de criminalidad y violencia social. Consideramos que la mejor forma de enfrentar la inseguridad ciudadana es dotando a las fuerzas policiales reglamentos claros que regulen, de acuerdo a la Constitución y el derecho internacional, el uso de la fuerza, y fortaleciendo la institucionalidad democrática, especialmente las fuerzas policiales, para poder cumplir cabalmente su labor dentro del marco de la ley y las normas democráticas.
“En un estado democrático es imperativo que está debidamente regulado el uso de la fuerza por parte de los agentes del estado”, concluye la Dra. Burt. Los reglamentos deben asegurar que la fuerza sea utilizado sólo en casos necesarios para proteger el bien común y de manera proporcional, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes. Al suprimir este requerimiento, y establecer que quedan exentos de responsabilidad penal, la Ley 30151 deja a los ciudadanos indefensos frente a cualquier abuso.
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