14 May 2014

La publicación de la sentencia de la Suprema Corte mexicana sobre el caso de Israel Arzate es significativa en la lucha contra la tortura

La publicación de la sentencia de la Suprema Corte mexicana sobre el caso de Israel Arzate es significativa en la lucha contra la tortura

El 12 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dio a conocer públicamente el engrose de la sentencia del caso de Israel Arzate, confirmando su inocencia en los hechos en que se pretendió involucrarlo. WOLA reconoce la importancia de esta sentencia y su contribución en el combate a la práctica sistemática de la tortura en México.

Según el veredicto de la Suprema Corte, Israel Arzate fue falsamente acusado de participar en la masacre del 31 de enero del 2010, en la que 15 estudiantes fueron asesinados en la colonia de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. El Sr. Arzate fue detenido arbitrariamente el 3 de febrero del 2010 y posteriormente torturado por elementos del ejército mexicano para que se confesara a ser responsable por los delitos. En su Recomendación 49/2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos verificó que Israel Arzate fue torturado por elementos militares en una base militar en los días posteriores a su detención.

En su sentencia, la Suprema Corte establece que no existen datos que vinculen a Israel Arzate a los hechos de Villas de Salvárcar ya que el único elemento que presentó la Fiscalía del Estado de Chihuahua fue su confesión obtenida bajo tortura en instalaciones militares.

WOLA reconoce este importante triunfo para la justicia y el debido proceso en México. Esperamos que esta sentencia sea ampliamente retomada para combatir la práctica de la tortura en el país, una práctica que el Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, calificó como endémica en su reciente visita a México.

WOLA también hace un llamado a las autoridades del Estado de Chihuahua para esclarecer los hechos de Villas de Salvárcar mediante una investigación profesional y científica. Como indica la Suprema Corte, “en atención al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, la autoridad ministerial encargada de la investigación debe seguir con la misma y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

En este sentido, las víctimas y sus familias tienen el derecho a la justicia y el gobierno de Chihuahua debe encontrar y sancionar a los verdaderos responsables de esta tragedia.