16 Dec 2014 | Noticias

Indignación por la desacreditación de personas y organizaciones defensoras de DDHH por parte del gobierno mexicano

En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, las organizaciones CADHAC, DPLF, FUNDAR, LAWG y WOLA condenan las acciones recientes del gobierno federal de México para deslegitimar el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, particularmente de quienes acompañan el caso de los normalistas de Ayotzinapa. 
 
16 de diciembre de 2014
 
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F.

Estimado Señor Presidente,

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra indignación por la desacreditación y criminalización de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, particularmente de quienes acompañan el caso de los normalistas de Ayotzinapa, por parte del gobierno federal.

En particular nos referimos a las recientes declaraciones del Secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien el 10 de diciembre del año en curso, con motivo de un desayuno de fin de año con medios de comunicación, declaró que los grupos que acompañan a las familias de los estudiantes desaparecidos “lucran con el dolor de los padres” y “trata[n] de manipular la información para alcanzar objetivos individuales u objetivos de grupos”.

Consideramos que es sumamente preocupante que el titular de la Secretaría de Marina busque deslegitimar la labor de organizaciones serias con una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos, como son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sugiriendo falsamente que dichas organizaciones y otros grupos de apoyo intentan obtener “beneficios personales” y “manipulan” a las familias de los desaparecidos.

Cabe destacar, además, que estas declaraciones se suman a la elaboración de fichas de inteligencia por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), mismas que fueron filtradas recientemente a varios medios de comunicación, que vinculan a defensores de derechos humanos con supuestos “grupos subversivos” en Guerrero. En particular, dichas fichas acusan a dos defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera y Vidulfo Rosales, de ser “peligrosos para la gobernabilidad”. Además de resultar preocupante esta información, alarma que la supuesta peligrosidad y radicalidad de los defensores antes mencionados sea construida, inter alia, a partir de la labor de defensa de los derechos humanos ante organismos internacionales. En este sentido la ficha señala como elemento para considerar la “radicalidad” de ambos defensores que “en su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos ha[n] acudido a instancias internacionales en la materia”.

Nos parece muy grave que en lugar de profundizar las líneas de investigación solicitadas por los familiares de los estudiantes desaparecidos, incluyendo investigar los papeles de las Fuerzas Armadas y del ex gobernador Ángel Aguirre, las declaraciones del Secretario de Marina y las labores de inteligencia se dirijan a criminalizar a personas defensoras de derechos humanos que, acompañando a las familias, luchan a favor de la justicia. Es necesario señalar, además, que tanto las declaraciones del Secretario de Marina como el hecho de que el CISEN esté enfocándose en personas defensoras y organizaciones, coloca a estas últimas en una situación de grave riesgo para su seguridad e integridad.

Como organizaciones mexicanas e internacionales condenamos este hostigamiento y exigimos una explicación sobre estas acciones que demuestran una falta de apoyo y respeto por parte del Estado al trabajo de defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo el Estado debería explicar cómo se filtró la información a los medios de comunicación, investigar las responsabilidades inherentes a la entrega de esa información privada y, si fuera el caso, desmentir públicamente los señalamientos directos que las fichas del CISEN hacen de los defensores mencionados.

Asimismo exigimos garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan esta actividad, incluyendo por supuesto a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos en su búsqueda de justicia. También lo instamos para que, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, instruya a funcionarios y funcionarias bajo su cargo a evitar y detener estos actos y declaraciones que desacreditan y criminalizan el trabajo de defensa de derechos humanos y, finalmente, que asegure el agotamiento de todas las líneas de investigación para esclarecer los sucesos del 26 y 27 de septiembre, con el fin de consignar a todas las personas y funcionarios públicos implicados en los hechos.

Atentamente,

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

 

CC:
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República