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Washington, DC — Ayer, el político opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de prisión por supuestamente instigar la violencia en el marco de las protestas contra el gobierno el año pasado.
“La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, Directora Ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, dijo.
Los gobiernos democráticos, por supuesto, tienen el derecho y el deber de defenderse contra los esfuerzos para instigar la violencia, especialmente la violencia destinada a desestabilizar y derrocar a los líderes debidamente elegidos. Pero en lugar de asegurar los más altos estándares jurídicos, el caso contra López fue llevado de una manera que parecía dejar de lado la presunción de inocencia y asumir un veredicto de culpabilidad desde el inicio.
“La gravedad de las acusaciones del gobierno contra López demanda un proceso judicial serio”, explicó David Smilde, Asesor Principal de WOLA. “Sin embargo, el juicio mostró escaso respeto por la evidencia real y apenas siquiera tenía la pretensión de independencia judicial”.
Por ejemplo, el tribunal permitió que el gobierno presentara más de un centenar de testigos, mientras que todos de los testigos del demandado fueron excluidos del proceso menos dos. Por otra parte, la jueza que presidió tiene solamente un nombramiento provisional, y por lo tanto podría ser removido por el gobierno en cualquier momento. Esta situación precaria elimina cualquier oportunidad de independencia judicial que la jueza hubiera querido ejercer.
El gobierno de Maduro debe cesar de inmediato el acoso judicial de los opositores políticos.
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