Pronunciamiento de WOLA
Washington, D.C.—El 28 de septiembre, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció la propuesta de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La propuesta se dio tras una solicitud del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y en medio de masivas protestas ciudadanas originadas por el desfalco millonario en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) y vinculación de parte de los fondos con la campaña presidencial del Partido Nacional.
La propuesta se centra en cinco áreas de acción que comprenden la conformación de un grupo de juristas y ex fiscales internacionales cuya labor sería supervisar y brindar apoyo técnico al Ministerio Público y otras instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de delitos de corrupción. Asimismo, incluye la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño, el acompañamiento al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), y el apoyo a la implementación de las recomendaciones de la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado por la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. Finalmente, incluirá la creación de un Observatorio de Justicia.
Como bien han señalado diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil hondureña, la propuesta de la OEA carece del alcance necesario para desencadenar un proceso frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Muchos están aclamando la creación de un ente internacional similar a la Comisión International contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dado sus resultados transcendentales en la investigación de casos emblemáticos, la provisión de instrumentos de investigación fundamentales, y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del país vecino.
Ciertamente, cada país tiene sus particularidades por lo que cualquier mecanismo internacional encaminado a co-ayudar a combatir la corrupción institucional y la infiltración o cooptación de instituciones estatales por estructuras criminales o de corrupción debe ser adaptado conforme a las realidades específicas de cada lugar. No obstante, la experiencia nos muestra que un instrumento internacional efectivo para el fortalecimiento del Estado de derecho debe gozar de los siguientes elementos clave:
- La capacidad y autonomía para seleccionar, iniciar, y realizar investigaciones de casos emblemáticos y para co-ayudar a la Fiscalía o Ministerio Público en la persecución penal.
- La facultad de encaminar las investigaciones a donde apunte el cuerpo de evidencias.
- Independencia financiera y política para poder actuar con autonomía y evitar cualquier posible obstáculo a su accionar.
- Un liderazgo con la debida integridad, probidad, y honorabilidad.
- La capacidad de elaborar estrategias y propuestas que contribuyan a la reforma y al fortalecimiento del sistema de justicia criminal nacional.
Los recientes casos de corrupción han evidenciado claramente la imperante necesidad de atacar este flagelo y atender las demandas del pueblo hondureño, que por meses ha manifestado su profundo rechazo a la corrupción y la impunidad. Los altos niveles de violencia, los endémicos niveles de corrupción e impunidad, y la falta de acceso a la justicia han contribuido a recrudecer la capacidad del Estado hondureño para atender las demandas básicas de la población y construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, y confiables que estén al servicio de los ciudadanos.
Por ello, WOLA urge que cualquiera sea el mecanismo internacional adoptado, éste debe contar con la serie de elementos clave para poder tener éxito en apoyar al país a superar efectivamente el problema. Conforme está esbozada la propuesta de la MACCIH, esta requiere ser dotada de los elementos clave para poder generar los cambios sistemáticos que se requieren para combatir efectivamente la corrupción y la impunidad en Honduras. Y a su vez, es imperativo que la definición de la ruta a seguir goce de la activa participación de diversos sectores de la sociedad civil y de un proceso serio encaminado a generar un amplio respaldo social.
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