Washington, D.C.—El 3 de diciembre de 2015, la Asamblea Legislativa de El Salvador debió haber seleccionado al Fiscal General de la República (FGR), cargo de la mayor relevancia para un país agobiado por índices de violencia criminal sin precedentes. Esta demora en el nombramiento se suma a un procedimiento con muchas deficiencias: poca transparencia, escasa participación de la sociedad civil, escrutinio débil y ausencia de criterios objetivos que garanticen que la elección esté orientada por la idoneidad profesional antes que por intereses partidarios.
La FGR cumple un rol esencial: es la institución encargada de investigar los delitos y ejercer la acción penal en defensa de los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, esta institución por largo tiempo ha mostrado poca capacidad de respuesta ante la delincuencia, y ha sido criticada por su falta de firmeza cuando se ven afectados grupos de poder. Es por ello que no solo grandes sectores de la población, sino incluso voces internacionales, vienen reclamando mejoras urgentes en su desempeño institucional.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa elige al titular de la Fiscalía General de la Republica (FGR) cada tres años, por mayoría calificada, es decir, con el voto favorable de las 2/3 partes de los 84 diputados. Según el procedimiento de ley, dos meses antes de finalizar cada mandato, la Asamblea abre una convocatoria pública para la inscripción de quienes reúnan los requisitos del art. 192 de la Constitución y muestren interés. Los postulantes presentan su hoja de vida y sin ningún otro filtro, son llamados a una entrevista pública por la Subcomisión de la Asamblea—conformada para tal efecto cada elección. Después de esta etapa, los miembros de la Subcomisión deliberan en privado durante las sesiones que crean necesario hasta alcanzar un acuerdo sobre una “lista corta” que pasa al Pleno de la Asamblea para la votación final.
Si bien durante las entrevistas, la Subcomisión le ha dado mayor publicidad al proceso, las preguntas formuladas a los candidatos no parecen recoger con suficiente profundidad elementos para acreditar aspectos como la honorabilidad y probidad, la capacidad o la competencia profesional. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) advierten que, para cumplir los estándares internacionales, la evaluación de los candidatos no puede limitarse únicamente al cumplimiento de los requisitos mínimos de elegibilidad (como la edad mínima para acceder al cargo, o la antigüedad en el ejercicio de la profesión), como ha ocurrido en este caso, sino que deben examinarse de manera individualizada, el cumplimiento de todos los elementos del perfil de Fiscal General de la República.
Por tanto, consideramos indispensable que El Salvador cuente con un Fiscal General independiente, con alta calidad moral y competencias profesionales. Un nuevo titular a cargo de la FGR tendrá la impostergable tarea de fortalecer las capacidades de investigación del delito y brindar atención digna a las víctimas en pleno respeto con el debido proceso. Sólo una FGR sólida que tome en serio su papel constitucional podrá contribuir al combate de la impunidad y restablecer la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática. La Asamblea Legislativa debe seleccionar a un candidato a la altura de estos retos.
Adicionalmente, WOLA y DPLF consideran importante que la Asamblea Legislativa de El Salvador, con apoyo de expertos y organizaciones interesadas, reflexione sobre la necesidad de mejorar la descripción del perfil y el procedimiento de selección de Fiscal General de la República para garantizar su nombramiento con base en méritos, y la exhorta a promover reformas en ese sentido, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sobre procesos de selección de altas autoridades, las buenas prácticas existentes en otros países de la región y los estándares establecidos en el derecho internacional.
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