Comunicado de prensa
Ciudad de Guatemala, Washington D. C. y San José—La justicia guatemalteca dictó una sentencia ejemplar al condenar a dos responsables de someter a mujeres q’eqchi’ a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar que se ubicó en la comunidad de Sepur Zarco en los años ochenta. El pasado 26 de febrero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al teniente coronel Esteelmer Reyes Girón a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato, y al comisionado militar Edilberto Valdez Asig a 240 años por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.
Durante más de seis años, quince mujeres q’eqchi’ enfrentaron un largo proceso judicial, desafiando los grandes obstáculos culturales y sociales que impiden hablar de violencia sexual en Guatemala. Por muchos años cargaron con el estigma y la culpa de haber sido consideradas “mujeres del ejército” en su comunidad, y ahora son reconocidas internacionalmente por su valentía e integridad.
Por primera vez un tribunal guatemalteco reconoce la esclavitud sexual como delito contra los deberes de humanidad y arma de guerra, aplicando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La sentencia impone medidas de reparación para dignificar a las mujeres a través de programas de salud y vivienda, así como medidas para educar a las nuevas generaciones y a los militares sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes felicitamos al Tribunal de Mayor Riesgo A y al Ministerio Público, en particular a la Fiscalía de Derechos Humanos, así como a la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad–querellante adhesiva en el caso–por su valiente actuación y por hacer cumplir la ley. Saludamos a las mujeres de Sepur Zarco, y esperamos que la sentencia sea reparadora para ellas y para otras mujeres que aún siguen sin recibir justicia por los horrores que sufrieron durante el conflicto armado interno. Esperamos que en esta nueva etapa, el Estado garantice su seguridad y dignificación.
La violencia sexual es una conducta inadmisible en una sociedad democrática, sin embargo muchas mujeres y niñas continúan sufriendo ese flagelo hoy día. El Estado debe asumir la responsabilidad de reconocer las atrocidades que se cometieron contra las mujeres y las comunidades indígenas en el pasado, y debe adoptar medidas más firmes para impedir y castigar la violencia sexual y la esclavitud doméstica en el presente.
Además de WOLA, las organizaciones firmantes incluyen la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Impunity Watch y la Plataforma contra la Impunidad.
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Contacto:
Jo-Marie Burt
Asesora Principal de WOLA
jmburt.wola@gmail.com
