16 May 2016 | Noticias

35 organizaciones piden al gobierno mexicano dar seguimiento al caso Ayotzinapa

Canciller
Claudia Ruiz Massieu
Secretaría de Relaciones Exteriores
Estados Unidos Mexicanos

Distinguida Señora Secretaria:

Reciba un cordial saludo de las organizaciones firmantes. Le escribimos a propósito del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural “Ayotzinapa”, ocurrida el 26 y 27 de octubre del año 2014.

Como es de su conocimiento, ante este grave hecho que conmocionó al mundo, la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los familiares (el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”), acordaron en noviembre del mismo año crear el GIEI, cuyo mandato principal fue brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la situación y el paradero de los desaparecidos y de aquellas personas que pudieran tener responsabilidad en el crimen.

El Grupo estuvo conformado por Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Alejandro Valencia e inició sus funciones en el mes de febrero de 2015.

Seis meses después, el GIEI emitió su primer informe sobre el caso estableciendo una serie de preocupaciones y realizando solicitudes muy concretas. Entre otras, se refirió a la dispersión de las investigaciones en varios procesos, la negativa para entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, las deficiencias en la atención a las víctimas y sus familiares, y formuló recomendaciones para incluir en el proyecto de ley general sobre desapariciones forzadas.

Más recientemente, el pasado 24 de abril, se hizo público su informe final. Al respecto, lamentamos que el Estado mexicano no haya aceptado prorrogar el mandato del GIEI y consideramos que esto constituye un indicador preocupante de la falta de voluntad para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a todos los responsables de estos.

Más allá de lo anterior, nos encontramos consternadas ante los hallazgos del GIEI que demuestran, a partir de un trabajo independiente, serio y profesional, que la denominada “verdad histórica” no pudo ser comprobada.

Es además de suma gravedad que se haya realizado una diligencia en el Río San Juan presidida por el señor Tomás Zerón, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República el día 28 de octubre de 2014 sin que exista constancia alguna de la misma ni se conozcan sus resultados de forma oficial.

También resulta preocupante que existan serios indicios sobre actos de tortura en contra de al menos 17 personas que han sido vinculadas a los hechos.

Entre otras cosas, el GIEI concluyó que en los hechos hubo participación –en diversas modalidades– de agentes pertenecientes a la Policía Preventiva Estatal, Policía Ministerial Estatal, Policía Federal, Policía Ministerial Federal y del 27 Batallón de Infantería, sin embargo, no existen diligencias exhaustivas sobre la participación de todas instancias, y más específicamente, se impidió al GIEI participar en interrogatorios a los integrantes del Batallón, lo que indica serias fallas en la investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.

Distinguida Canciller, el informe del GIEI contiene suficientes elementos para reencauzar las investigaciones así como conclusiones y recomendaciones que, de ser acatadas, contribuirían a fortalecer la institucionalidad mexicana en pro de una adecuada garantía de los derechos humanos para los y las personas en México.

Consideramos que en su condición de principal representante de las relaciones exteriores de México y por tanto lideresa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es imperativo que interponga sus buenos oficios ante las autoridades correspondientes a fin de que se tomen las acciones que resulten necesarias para cumplir con las recomendaciones establecidas.

De igual manera, respetuosamente le solicitamos urgir a la Comisión Interamericana para que establezca el mecanismo de seguimiento especial a las recomendaciones del GIEI y, una vez establecido, el Estado mexicano se comprometa a trabajar en forma conjunta con la CIDH para implementar cada una de estas.

Los y las mexicanas merecen y necesitan instituciones más sólidas, capaces de respetar y garantizar sus derechos humanos con independencia, imparcialidad y efectividad, en tal sentido, el aporte que ha hecho el GIEI es invaluable y consideramos que Usted puede jugar un rol importante para que la respuesta ante las recomendaciones de dicho grupo sea asertiva y contundente.

Agradecemos la atención brindada y esperamos una respuesta favorable a nuestras peticiones, cordialmente;

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. México

Amnistía Internacional (AI), organización internacional

Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC), México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Centro regional de derechos humanos y justicia de género (Corporación humanas), Chile

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), México

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., México

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., México

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Corporación Sisma Mujer, Colombia

Defensa de Niñas y Niños – Internacional (DNI), Costa Rica

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización internacional

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundacion Myrna Mack, Guatemala

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), organización regional

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala

JASS (Asociadas por lo Justo), organización internacional

Latin America Working Group (LAWG), organización regional

Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua

Oficina Jurídica para la Mujer de Bolivia

Paz y Esperanza (Perú)

Peace Brigades International, organización internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), México

Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

Washington Office on Latin America (WOLA), organización regional