Comunicado de prensa
Washington, DC—WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) considera un paso positivo la detención de cuatro individuos por su presunta participación en el vil asesinato de la reconocida activista del medioambiente y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres. No obstante, es imperativo garantizar justicia y verdad en el asesinato y por ello, WOLA hace un llamado al Gobierno de Honduras a aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso.
“Es imperativo identificar y someter a la justicia a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, independientemente de su situación política o económica”, señaló Adriana Beltrán, coordinadora del programa de seguridad ciudadana de WOLA. “La participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería una clara señal del interés y compromiso de las autoridades hondureñas de querer llegar al fondo del asesinato y lograr justicia para la familia”.
El pasado 2 de mayo, el Ministerio Público detuvo a cuatro personas por el asesinato de la dirigente y una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), entre los cuales a un ex militar, un mayor miembro de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Honduras e instructor de la Policía Militar del Orden Público, el gerente de asuntos sociales y medioambientales de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), la cual gestiona el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, y un teniente retirado quien se desempeñó como subjefe de seguridad de la empresa DESA. La audiencia inicial para los cuatro detenidos comenzó el viernes, 6 de mayo, y el juez dictó prisión preventiva contra los cuatro implicados el domingo, 8 de mayo. Una quinta persona fue detenida el viernes pasado por sospechas de estar en posesión del arma utilizada en el asesinato.
Cáceres, quien lideró una campaña por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, fue otorgada medidas cautelares de la CIDH tras haber denunciado reiteradas amenazas. Debido a su trabajo, también fue objeto de constantes intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad y de funcionarios del gobierno local.
“Ante el contexto de violencia y de impunidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras, el Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar su protección y que puedan realizar su trabajo libre de cualquier obstáculo e inseguridad”, dijo Beltrán.
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*Este comunicado de prensa fue publicado el 6 de mayo y actualizado el 10 de mayo.
