Lima y Washington, DC—Después de casi 31 años, este miércoles se dictará la sentencia por la masacre de Accomarca. El 14 de agosto de 1985 el Ejército incursionó en la quebrada de Lloqllapampa y mató a 69 personas, la mayoría ancianas, mujeres, niñas, y niños. El Ejército negó que hubiera sucedido la masacre, y ante una investigación abierta por el Congreso de la República, intentó encubrir el crimen asesinando a los testigos.
Ante esta pronta lectura de la sentencia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresan su apoyo a la larga y valiente lucha en su búsqueda por verdad y justicia de las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre. Así también manifiestan la necesidad de una sentencia que imparta verdadera justicia para uno de los crímenes más atroces y recordados del conflicto armado interno.
“La justicia peruana tiene una enorme deuda con las víctimas del caso Accomarca”, dijo Jorge Bracamonte, Secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, además señaló que: “Este caso perduró en la impunidad por muchos años. Cuando finalmente llegó a juicio, este demoró casi seis años, una situación intolerable tanto para las víctimas como los imputados. Esperamos de los magistrados Ricardo Brousset, Mirta Bendezú, y Maria Vidal, una sentencia ejemplar”.
El Ministerio Público y los abogados de la parte civil, liderados por Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, han aportado abundante material probatorio que demuestra la responsabilidad criminal directa de Telmo Hurtado como autor material, así como la responsabilidad de los altos mandos militares que planificaron, ordenaron, y luego encubrieron la masacre.
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA considera que las evidencias son suficientes para condenar no solo a Hurtado–quien ya confesó su crimen contra 31 ciudadanos de Accomarca–sino también contra los demás encausados materiales y mediatos: “Ha quedado demostrado que la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva ni la reacción desmedida de un soldado agobiado por la guerra, sino el resultado de una política estatal de luchar contra la subversión utilizando la violencia indiscriminada contra la población civil”.
Los familiares tienen derecho a una reparación integral, no sólo por los daños causados por la muerte de sus familiares, sino también por los largos años de impunidad. “La justicia no sólo busca el castigo de los responsables; también busca dignificar a las víctimas que por tantos años han sido relegadas y olvidadas”, dijo Jo-Marie Burt de WOLA.
Los restos de las víctimas de Accomarca fueron exhumados pero hasta ahora no han sido entregados a los familiares. Solo unos poco han logrado ser identificados debido a que la mayoría de los cuerpos fueron carbonizados. “En ese sentido, esperamos no sólo una condena ejemplar sino también esperamos que el tribunal ordene la restitución colectiva de los cuerpos de las víctimas de Accomarca, para que los familiares puedan enterrar a sus muertos y así cerrar su duelo, que es no solo individual sino también colectivo”, dijo Jorge Bracamonte de la Coordinadora.
Una sentencia ejemplar que condene a los responsables materiales y mediatos, que además otorgue una reparación integral a las víctimas, es indispensable para la construcción de un verdadero Estado de derecho y representa un paso hacia la justicia en esta larga lucha contra la impunidad.
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