Ciudad de Guatemala, San José y Washington DC—Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.
Unos ocho hombres armados—algunos con los rostros cubiertos—ingresaron a la residencia de Ramón Cadena en la capital de Guatemala mientras éste se encontraba fuera de la ciudad. Durante el tiempo que pasaron dentro de su hogar, los individuos intimidaron al guardián, desordenaron papeles y ropa; y se llevaron un ordenador portátil.
El abogado Cadena es uno de los más prestigiosos profesionales de su ramo que defiende derechos humanos en Guatemala, acompañando en sus procesos de denuncia y búsqueda de justicia a comunidades indígenas y campesinas víctimas de violaciones diversas: desde graves crímenes cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado que vivió Guatemala a finales del Siglo XX, hasta violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en el presente. En varios de estos casos emblemáticos, Ramón Cadena ha participado como perito. Uno de los más recientes es el caso CREOMPAZ, donde ocho militares de alto rango enfrentan juicio por desaparición forzada y crímenes contra los deberes de humanidad.
Expresamos alta preocupación, ya que este allanamiento tiene lugar en un contexto donde defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y sus abogados están sufriendo un grave incremento de intimidaciones, agresiones, estigmatización pública y hasta criminalización. El propio Cadena ha sido objeto, este año, de ataques mediáticos y hasta de una denuncia penal interpuesta por el representante de una fundación vinculada con militares en retiro y en activo.
En virtud de lo expuesto, las organizaciones firmantes llamamos a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo una pronta y eficaz investigación que permita identificar a los responsables materiales de estos hechos, el móvil de los mismos y sus responsables intelectuales, a fin de perseguirlos penalmente y llevarlos ante la justicia para que reciban el castigo correspondiente. Mientras no haya evidencia contundente que lo descarte, el Estado debe analizar éste como un caso de agresión a un defensor de derechos humanos.
También esperamos que el Estado haga todos los esfuerzos necesarios para proteger la vida e integridad física del abogado Ramón Cadena y su familia, así como de la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.
Nos sumamos a las expresiones de solidaridad extendidas a Ramón Cadena y su familia; y ofrecemos mantenernos atentas e informando a la comunidad internacional y a diversos mecanismos de derechos humanos, sobre las respuestas del Estado en este caso.
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)
Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Impunity Watch (IW)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Washington Office on Latin America (WOLA)
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Contactos:
Dominic Voisard, ASFC
dominic.voisard@asfcanada.ca
Marcie Mersky, ICTJ
mmersky@ictj.org
Denis Martínez, IW
denis.martinez@impunitywatch.org
Marcia Aguiluz, CEJIL
maguiluz@cejil.org
Ursula Indacochea, DPLF
uindacochea@dplf.org
Andrew Fandino, GHRC
afandino@ghrc-usa.org
Liliana Gamboa, OSJI
liliana.gamboa@opensocietyfoundations.org
Anabella Sibrián, Pi
representante@plataforma.org.gt
Angelita Baeyens, RFKHR
baeyens@rfkhumanrights.org
Jo-Marie Burt, WOLA
jmburt@gmu.edu
