Hasta el momento las autoridades mexicanas que obstruyeron la investigación no han sido sancionadas
Washington, DC – Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes por elementos de la policía en colusión con un grupo de delincuencia organizada en México, no existen sentencias condenatorias, el avance en las investigaciones es sumamente lento, y existen pruebas convincentes sobre la obstrucción a la justicia en el caso.
“Este es uno de los peores casos de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de México. Dos años después, el gobierno mexicano ha hecho poco para ayudar a sanar las heridas que el caso ha provocado. Resulta increíble que a pesar de haber destinado recursos significativos, el gobierno mexicano no haya encontrado a los estudiantes, y que sus propios funcionarios hayan obstruido la investigación”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA. “Por si eso fuera poco, unos días antes del segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el presidente Peña Nieto promovió a Tomás Zerón quien, como Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo acciones no autorizadas en la investigación. Con ello, el gobierno envía el mensaje de que no está comprometido con la sanción de graves irregularidades en las que incurrieron los funcionarios involucrados en la fabricación de la ‘verdad histórica’”.
En septiembre del 2014 elementos de los cuerpos de seguridad mexicanos coludidos con un grupo de delincuencia organizada atacaron violentamente a los estudiantes, mataron a seis personas, hirieron a decenas y detuvieron a los 43 estudiantes, quienes no han sido vistos desde ese día. El caso conmocionó al país entero y provocó indignación sobre la crisis de derechos humanos en México. Confrontado con presión nacional e internacional, el gobierno mexicano aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que proporcionaran asistencia técnica durante la investigación del caso. El gobierno mexicano afirma que esta es la “investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México”. A pesar de ello, el GIEI desacreditó con elementos científicos la teoría oficial del gobierno mexicano sobre lo que sucedió a los 43 estudiantes y reveló graves irregularidades en la forma en que el gobierno investigó el caso.
El 29 de julio del 2016, el gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes y sus representantes legales acordaron la creación de un mecanismo de seguimiento con la CIDH para monitorear el cumplimiento de México a las recomendaciones del GIEI y para asegurar que se continúe la búsqueda del paradero de los estudiantes. Es urgente que el mecanismo de seguimiento comience a funcionar en México y que los asesores de la CIDH tengan total acceso a los expedientes del caso y cualquier otra información del caso.
A medida que el gobierno mexicano inicia el tercer año de la investigación del caso, no sólo debe priorizar la búsqueda continua de los estudiantes y sancionar a los responsables, sino que también debe investigar y sancionar a los funcionarios públicos que obstruyeron la justicia en el caso.
“Sólo una investigación completa para determinar el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables de estos delitos representará una auténtica justicia para las familias de los estudiantes y los sobrevivientes”, dijo Meyer. “Y eso también implica investigar la fuerte evidencia que indica que las autoridades mexicanas torturaron a sospechosos para obtener confesiones forzadas, alteraron escenas del crimen fundamentales en el caso, impidieron el acceso a testigos y obstruyeron la justicia en el caso”.
A continuación una lista de los recursos de WOLA sobre el caso Ayotzinapa:
