El presidente electo de Estados Unidos poco o nada ha dicho sobre Colombia. En medio de incertidumbres y especulaciones, la embajada en Estados Unidos y organizaciones sociales en Washington comienzan una campaña para rescatar el paquete de ayudas que había propuesto el gobierno saliente de Barack Obama.
El próximo viernes, 20 de enero, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.Como parte de una tradición en Estados Unidos, los funcionarios de la saliente administración escriben cada cuatro años un resumen de sus logros en un documento conocido como Exit Memo. En el suyo, el Secretario de Estado, John Kerry, resaltó el apoyo del gobierno Obama al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia. “Creemos que este acuerdo ayudará a lograr una paz justa y duradera para todos los colombianos, y estamos dispuestos a apoyar la implementación del acuerdo”, dice el texto publicado el pasado 5 de enero.
Pero, más allá de las intenciones del gobierno saliente, hay pocas esperanzas de que este tema siga siendo una prioridad para la administración de Donald Trump. En abril de 2016, durante la campaña, en su único discurso dedicado a la política exterior, el entonces candidato anunció su slogan America First (América Primero): “Ningún ciudadano estadounidense volverá a sentir que sus necesidades son secundarias a las de los ciudadanos de países extranjeros”. Esto, según analistas internacionales, implica que, en términos de presupuesto, le dará prioridad a los problemas domésticos.
De Colombia sólo se refirió a mediados de junio en un comunicado en el que criticaba a Hillary Clinton por haber respaldado el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto es que más allá de México y el muro que propuso construir en la frontera, Trump ha hecho muy pocas menciones sobre América Latina.
“Hay cierta incertidumbre porque no ha hecho un sólo pronunciamiento sobre el proceso de paz. Podemos esperar un respaldo al acuerdo, ahora que el Congreso lo aprobó, pero las respuestas sólo las tendremos cuando comience su administración”, indicó Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Lawg (Latin America Working Group), una coalición de organizaciones que conecta activistas latinoamericanos con el Congreso de Estados Unidos.
Por esta razón, en cabeza de Atlantic Council, un reconocido centro de pensamiento en Washington, se creó un grupo de trabajo que reúne a congresistas y exfuncionarios de ambos países para conseguir que Estados Unidos siga respaldando a Colombia luego de firmar el acuerdo. El grupo será dirigido por los congresistas Roy Blunt, republicano, y Benjamin Cardin, demócrata
Gran parte de lo pase en los próximos meses dependerá del lobby que haga el embajador Juan Carlos Pinzón. Quien también podría tener un papel central en esta discusión es el general retirado de la Marina John Kelly, quien fue designado por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Entre 2012 y 2016, Kelly fue jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), que dirige las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.
El general retirado ha elogiado públicamente los cambios en materia de seguridad en Colombia y ha dicho que debe mantenerse el respaldo de Estados Unidos al país suramericano durante la etapa de posconflicto. Sin embargo, Kelly solo ocupará el cargo si el Senado aprueba su nombramiento.
¿Y el paquete de ayudas?
El saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promovió la creación del programa Paz Colombia, para ayudar en la fase de posconflicto con las Farc. Foto: archivo Semana.El nuevo Congreso, de mayoría republicana, es el encargado de aprobar cada año el Presupuesto de Asuntos Internacionales, que incluye los paquetes de ayudas que se designarán a cada uno de los países.
A pesar de que en los últimos años había una tendencia de disminución al presupuesto que era entregado a Colombia, en 2016 Obama propuso que un paquete de 450 millones de dólares (muy por encima de los 300 millones aprobados en2015), aunque menor a los 700 millones que se entregaron hace 10 años con el Plan Colombia.
El Senado y la Cámara lo habían aprobado, incluso le sumaron 90 millones más, gracias al lobby de organizaciones de derechos humanos que trabajan desde Washington. Sin embargo, llegó el final del año y el presupuesto de asuntos internacionales de todo el mundo no fue aprobado porque los partidos no lograron ponerse de acuerdo. Algo que ha sido común en los últimos años.
Donald Trump, una vez posesionado, tendrá que enviar una nueva propuesta al Congreso sobre el Presupuesto de Asuntos Internacionales. Por ahora los recursos están aprobados hasta marzo de este año.
Aún es muy pronto para saber qué va a pasar, pero el slogan del America First y el apoyo que le dieron a Trump algunos republicanos de base, que son poco internacionalistas y que prefieren ahorrar dinero recortando ayuda exterior, hacen temer que pueda haber ajustes a los paquetes de ayudas en el mundo.
A pesar de la nueva coyuntura, para algunos analistas el escenario no es tan sombrío, pues la cooperación en Colombia nunca ha generado grandes debates entre los partidos. “No creo que habrá cambios grandes en la ayuda hacia Colombia que se basen en términos de partido. Puede haber cambios relacionados a ajustes fiscales que los republicanos quieren hacer globalmente”, aseguró Gimena Sánchez, Coordinadora del programa de los Andes Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus iniciales en inglés), quien sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia.
Históricamente las discusiones sobre Colombia entre los congresistas no han girado en torno a si debe o no entregarse el paquete de ayudas, sino en cómo deben distribuirse las cargas. Mientras los demócratas han puesto más énfasis en ayudas económicas y protección de derechos humanos, los republicanos se han centrado más en temas de drogas y seguridad. Fueron esas discusiones las que en 2007 hicieron que la proporción de las ayudas cambiara, de tal manera que el componente militar disminuyó del 80% al 65% del total del paquete de ayudas.
Temores de los congresistas
En los próximos días el Congreso tendrá que definir un nuevo presupuesto para gastos internacionales. Foto: archivo Semana.Sobre el proceso de paz en Colombia, durante la administración Obama, la mayoría demócrata y una pequeña parte del partido republicano respaldaron abiertamente el proceso de paz (aunque no necesariamente implica que todos conozcan en detalle en qué consiste el acuerdo) y por eso fue aprobado el presupuesto.
Sin embargo, la discusión dejó ver algunas de las preocupaciones de los congresistas. Hubo un grupo, sobretodo republicano, que aunque apoyó el proceso estaba muy preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. “Ese es un tema crítico en Estados Unidos. Por más que sea progresista, un político siempre tiene que parecer duro contra las drogas. Oficialmente todos van a decir que están de acuerdo con una política de cero coca y hay poco respaldo a la sustitución gradual”, indicó Sánchez.
Para los expertos es claro que Obama dio un giro a la política de Estados Unidos cuando no se opuso a que el presidente Juan Manuel Santos detuviera las fumigaciones aéreas con glifosato, pero no es claro si esa visión va a continuar con la nueva administración.
“Trumpha dicho muy poco del narcotráfico, ha hablado más de ley y orden a nivel doméstico. Pero creo que si llega abril y la estadística de Colombia sigue aumentando -por ejemplo llega a más de 200 mil hectáreas- las presiones van a ser muy grandes. Si Santos se enfoca sólo en la nueva política contra los cultivos ilícitos, es posible que la gente de Trump no vaya a ser tan paciente”, explicó Adam Isacson, miembro senior de Wola, una de las personas que más conoce la relación Colombia – Estados Unidos.
Hay también críticas frente a la no extradición de miembros de las Farc. Para los expertos, el caso de Colombia es una excepción, pues este mecanismo sigue siendo una herramienta importante en la lucha contra las drogas de otros países, sobretodo en Centroamérica. Aunque las solicitudes de extradición no dependen del Ejecutivo, sino de los fiscales de cada uno de los Estados, no es claro que el gobierno de Trump esté de acuerdo con la medida tomada por Colombia.
Otro grupo pequeño de congresistas, mucho más cercanos al expresidente y senador Álvaro Uribe, repitieron en el Congreso los argumentos esgrimidos por el Centro Democrático. Se trata especialmente de los latinos, más específicamente de los cubanos-americanos republicanos (la mayoría del sur de la Florida) que rechazaron de entrada el proceso, porque la mesa fue instalada en Cuba y porque recibió la ayuda de Venezuela.
Estos congresistas son un remanente del intenso trabajo de lobby que Uribe llevó a cabo bajo su administración (2002-2010). Aún es común que sean los miembros del Centro Democrático quienes sean citados como fuentes por los periodistas en Washington o los invitados por centros de pensamiento para dar sus opiniones sobre el estado de los derechos humanos en Colombia.
Un grupo menor de demócratas considerados de izquierda, pero con mucha influencia en temas de derechos humanos, han hecho fuertes críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y las penas acordadas para los crímenes de lesa humanidad. La argumentación de estos congresistas ha ido muy de la mano de las críticas que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha hecho al acuerdo de paz.
El trabajo que queda por delante
John Kerry, saliente secretario de Estado, junto con el presidente Juan Manuel Santos. Foto: archivo Semana.Lograr que el Congreso aprobara el paquete de ayuda para Colombia no fue fácil. Las organizaciones llevaron a víctimas de todos los actores armados del conflicto, especialmente a las que fueron a La Habana, para que les explicaran a los congresistas estadounidenses por qué estaban de acuerdo con un proceso de paz. Las organizaciones no gubernamentales se encargaron de resolver las dudas en el Senado y en la Cámara, tarea que se ha dificultado después del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre.
“Sin importar cuál sea el panorama actual, nosotros vamos a seguir trabajando para que nuestro gobierno siga apoyando la implementación de los acuerdos, igual que el acuerdo del Eln”, indicó Lisa Haugaard, aunque aclaró que aún no se sabe qué importancia va a tener la defensa de los derechos humanos en términos de política exterior para el gobierno de Trump.
El mayor reto será, sin duda, conseguir que el paquete de ayudas se siga aprobando para respaldar la implementación de los acuerdos acordados con las Farc. “En general, es más difícil conseguir plata para la paz, que para la guerra. No me refiero que así piensen todos los congresistas, pero sí hay muchos intereses económicos y de seguridad que interfieren en las políticas de Estados Unidos frente a Latinoamérica”, apuntó Haugaard.
Un ejemplo de estos intereses fue visible en el Plan Colombia. Aunque se trataba de una inversión mayor de dinero, gran parte de los recursos regresaba a Estados Unidos en forma de contratos para compra de helicópteros, aviones especializados y contratistas para hacerle mantenimiento, entre otros.
Se espera que en el primer semestre de 2017 todas las incertidumbres se aclaren y el gobierno de Juan Manuel Santos diseñe una nueva estrategia para no perder la ayuda económica de Estados Unidos, necesaria para implementar los acuerdos alcanzados con las Farc y garantizar, como dijo Kerry, “una paz justa y duradera para todos los colombianos”.
