Hace unos años, Ecuador fue pionero en la región en promover reformas en políticas de drogas. Comenzó con un indulto a las “mulas” en 2008 y la prohibición de criminalizar el consumo en la Constitución de la Republica de 2008. En 2014, Ecuador implementó una reforma profunda en su legislación sobre drogas, por primera vez incorporando proporcionalidad en las penas por delitos de drogas, en un país que habría tenido una de las leyes de drogas más duras en América Latina. “Pero se trata de un proceso”, según Jorge Vicente Paladines, “que tiene olas y contraolas”. En 2015, mediante una contra-reforma, el gobierno de Ecuador aumentó otra vez las penas para mínima y mediana escala del narcotráfico.
Siguiendo con la “contraola”, en febrero de 2017 el Presidente Rafael Correo envió un proyecto ley a la Asamblea Nacional que criminaliza “la tenencia o posesión” y, por lo tanto, su abastecimiento para el consumo de drogas ilícitas en espacios públicos. La sanción sería de uno a tres años de cárcel, pena que actualmente se aplica a micro-traficantes. Cabe destacar que esta propuesta se da en el marco de un escenario electoral, en un país que irá a segunda vuelta en sus elecciones a la Presidencia de la República este 2 de abril de 2017.
Durante estos últimos anos, WOLA ha publicado varios informes sobre la política de drogas escrito por Jorge Vicente Paladines, Profesor de Criminología y Derecho Constitucional de la Universidad Central de Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Queremos compartir su reciente análisis sobre la propuesta de criminalizar la tenencia o porte para el consumo de drogas ilícitas publicado en La Barra Espaciadora, el 5 de marzo de 2017.
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