25 Apr 2017 | Comunicado de prensa

Cambios que propone el presidente Peña a la Ley de Desaparición de México serían un retroceso: WOLA

Los cambios de último momento que el gobierno pretende imponer en la Ley de Desaparición de México demuestran apatía hacia las personas desaparecidas y rompen compromisos asumidos con las familias y organizaciones

Washington, DC—La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) expresa su profunda preocupación e indignación ante los cambios de último momento que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto propone a la “Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares” que por casi dos años se ha estado discutiendo en el Congreso mexicano. Los cambios sugeridos por el Ejecutivo, enviados el 19 de abril de 2017 al Senado mexicano, implicarían graves retrocesos para la ley y para la búsqueda de personas desaparecidas en México.

“Las desapariciones en México han incrementado a niveles alarmantes desde el 2007, a la par de la violencia, los delitos cometidos por la delincuencia organizada y los abusos de las fuerzas armadas y policiales”, afirma Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes. “La respuesta del gobierno mexicano ha sido insuficiente frente a esta situación. La mayoría de los casos de desaparición en el país siguen sin resolverse y los perpetradores sin ser investigados ni sancionados”.

En julio del 2015 se aprobó una reforma constitucional que otorgó al Congreso mexicano un plazo de seis meses para emitir una ley general de desaparición para todo el país. El plazo para aprobar la ley venció el 6 de enero de 2016. El proceso de discusión de la Ley General de Desaparición en México ha sido largo y complicado: la ley no se aprobó oportunamente y las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil constantemente luchan para que sus exigencias se tomen en serio y se incorporen en la versión definitiva de la ley.

Los cambios ahora propuestos por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Desaparición muestran una grave ingenuidad sobre la realidad a la que se enfrentan las familias para buscar a sus familiares desaparecidos y una preocupante resistencia del gobierno a acabar con la opacidad que rodea la desaparición de más de 30,000 personas en el país en los últimos años. Más del 55 por ciento de las desapariciones en México se han registrado durante el gobierno de Peña Nieto y, de hecho, el 2016 fue el año con el mayor número de desapariciones jamás reportado en México.

Las observaciones del Ejecutivo desconocen las exigencias de las familias en varios aspectos de la ley, desde qué se entiende por una persona desaparecida, cómo debe integrarse el Sistema Nacional de Búsqueda, cómo deben investigarse los delitos relacionados con desapariciones y cómo identificar restos humanos hallados en fosas clandestinas y comunes.

El fondo del problema es que en México las personas siguen desapareciendo y las autoridades siguen sin responder en forma adecuada. En este contexto, hay dos observaciones del Presidente a la Ley General de Desaparición que son particularmente graves para la búsqueda de personas desaparecidas:

1. Insistencia en incluir el concepto de “persona no localizada”: Durante años el gobierno ha utilizado la distinción entre “persona desaparecida” y “persona no localizada” para minimizar y evadir la gravedad de las desapariciones en México, y para insinuar que gran parte las desapariciones en el país son casos de ausencias “voluntarias”, no relacionadas con delitos.

La distinción entre “persona desaparecida” y “persona no localizada” ha servido a los intereses del gobierno y no a los intereses de los familiares que buscan a sus desaparecidos. Ahora el gobierno insiste en que la Ley General distinga entre “persona desaparecida” (ausencia relacionada con un delito) y “persona no localizada” (ausencia no relacionada con un algún delito) a pesar de que cuando una persona desaparece no se pueden conocer en forma inmediata los motivos de su desaparición.

En foros públicos y ante organismos regionales e internacionales el discurso de “personas no localizadas” ha servido al gobierno de México para reducir a un tecnicismo la crisis de desapariciones en el país y así evitar la presión internacional. En la realidad, ha permitido que funcionarios públicos evadan su obligación de buscar inmediatamente a una persona desaparecida bajo el pretexto de que su desaparición no está relacionada con un delito. En las estadísticas oficiales el concepto de “persona no localizada” contribuye a perpetuar la confusión sobre las circunstancias en que ocurren las desapariciones en México e impide conocer cuántos casos son desapariciones forzadas, desapariciones por particulares y cuántas son, efectivamente, ausencias voluntarias.

2. Composición de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB): La CNB, como la proponen las familias, obligaría al estado mexicano a contar con una instancia de coordinación que asuma la responsabilidad de coordinar a autoridades federales y locales para la búsqueda de personas desaparecidas. Así, se liberaría a las víctimas y a las familias de asumir los costos de la falta de coordinación que existe en México para buscar a las personas desaparecidas.

Los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo busca evadir la responsabilidad de la Federación en los esfuerzos de coordinación proponiendo, en vez de una instancia única, comisiones locales de búsqueda en cada estado del país, ignorando que es exactamente este modelo de duplicación de instancias y burocracias el que ha llevado a la falta de coordinación y de resultados en la búsqueda de los y las desaparecidas de México.

En lugar de enfocar sus esfuerzos en encontrar motivos y formalismos por los cuales las exigencias de las familias podrían no funcionar, el gobierno federal debería estar trabajando ya en asegurar que existirá la voluntad y los medios para el funcionamiento de la CNB y para buscar a las personas desaparecidas en México.

WOLA hace un llamado a las autoridades mexicanas, particularmente al Senado, a que cumplan los compromisos asumidos con los familiares de personas desaparecidas en México y que estos compromisos sean reflejados en la versión final de la Ley General de Desaparición.