WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
5 Apr 2017 | Pronunciamiento de WOLA

Pronunciamiento de WOLA sobre la violencia en contra de periodistas y defensores de DDHH en México

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresa su gran preocupación debido al peligroso recrudecimiento de la violencia y ataques armados y violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, particularmente en las últimas semanas. La escala de estos ataques revela un alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país, así como un gravísimo despliegue de violencia en su contra. Solamente en los dos últimos meses se han registrado al menos los siguientes ataques armados, violentos y homicidios de periodistas y defensores:

  • 2 de marzo: Homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto en el estado de Guerrero. El señor Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal.
  • 5 de marzo: Agresión en contra de Santiago Ambrosio Hernández, presidente del “Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán”. El 21 de marzo hubo un ataque armado en contra de otro defensor de derechos humanos para el caso Nochixtlan.
  • 19 de marzo: Homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera en el estado de Veracruz. El señor Monlui era director del medio impreso El Político, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y columnista.
  • 22 de marzo: Ataque armado en contra de la defensora de derechos humanos Alma Barraza y de su escolta en el estado de Sinaloa, que lamentablemente resultó en la muerte de su escolta. La señora Barraza es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
  • 23 de marzo: Homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea en el estado de Chihuahua. La señora Breach colaboraba con los periódicos La Jornada y Norte de Ciudad Juárez(El 2 de abril, Norte de Ciudad Juárez anunció su cierre por problemas de seguridad, entre otras razones).
  • 28 de marzo: Ataque contra el periodista Julio Omar Gómez en el estado de Baja California Sur que resultó en la muerte de su escolta. Gómez publica noticias sobre el crimen en 911 Noticias, una página de noticias en Facebook. Gómez es beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • 29 de marzo: Ataque armado en contra del periodista Armando Arrieta Granados en el estado de Veracruz. Arrieta es el jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica.
  • 29 de marzo: Tres periodistas de la televisora Al Jazeera que reportan sobre la violencia en el estado de Sinaloa fueron amenazados y privados de la libertad temporalmente por presuntos miembros de un grupo de crimen organizado, quienes también robaron su vehículo y equipo.
  • 3 de abril: Individuos no identificados saquearon las oficinas del portal de noticias Acapulco News en el estado de Guerrero.
  • 3 de abril: Individuos no identificados ingresaron a las oficinas de Causa en Común, una organización de derechos humanos con sede en la Ciudad de México, y robaron equipo de cómputo. La organización declaró que cree que fue un acto de amedrentamiento o un robo de información.
  • 14 de abril: Homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios en el estado de Baja California Sur. Rodríguez era reportero de nota roja para el blog Colectivo Pericú.

Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable, pero es especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios. En cuatro de estos casos los ataques lastimosamente resultaron en la muerte de periodistas: Cecilio Pineda Birto, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea y Maximino Rodríguez Palacios.

Cabe resaltar que estos hechos se presentan pocas semanas después de los asesinatos de los defensores de derechos humanos rarámuris cuyo trabajo se enfocaba en temas ambientales, Isidro Baldenegro ocurrido el 15 de enero de 2017 y de Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el 1º de febrero del mismo año. Este nivel de violencia en contra de periodistas y defensores en México no es aceptable.

En México ya existen mecanismos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos. Pero los recientes casos demuestran que hasta el momento dichos mecanismos no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección. La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos: al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados.

La confianza de los defensores y periodistas en México no se gana con promesas, sino con resultados: con más libertad y mejores condiciones para ejercer su labor, con la reducción progresiva de amenazas y ataques y con justicia por delitos en su contra. Existen múltiples diagnósticos sobre lo que el gobierno mexicano debe implementar para mejorar los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo varios análisis hechos por WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y es responsabilidad de las autoridades mexicanas en su conjunto (incluyendo autoridades federales y locales) garantizar la integridad y seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Las autoridades mexicanas deben implementar acciones inmediatas para que ataques armados como los registrados en los primeros meses del año ya no se repitan. Entre las primeras acciones se encuentra enviar un mensaje público y contundente que reconozca expresamente la importancia y valor del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminarán en impunidad.

También es importante visibilizar el contexto geográfico, así como el valor periodístico y de defensa de derechos humanos de quienes recientemente han sido víctimas de ataques. Los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Baja California Sur donde se han registrado dichos recientes ataques presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada (incluyendo casos de colusión entre grupos criminales y autoridades), desplazamiento interno y violaciones a los derechos humanos.

Los periodistas y defensores recientemente atacados han denunciado e informado sobre muchos de estos temas. Además, en todos estos estados existen antecedentes de represión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y de la población en general que no han sido investigados ni sancionados. Aún en estos contextos tan hostiles y peligrosos, los periodistas y defensores ejercen una importante labor social de documentación, denuncia e informativa.

Ante las circunstancias actuales el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones. Urgen compromisos concretos de las autoridades mexicanas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y justicia para las agresiones en su contra.

 

 

* Nota: Esta declaración fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2017. Fue actualizada el 19 de abril de 2017 para incluir casos adicionales de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.